junta de gobierno
El Gobierno de Alicante carga contra la "inacción" del interventor por bloquear el expediente de pago al Centro de Empleo PODA
La edil Cristina Cutanda anuncia la aprobación de urgencia de la continuidad del servicio de zonas verdes con efectos retroactivos y destina 316.257 euros para garantizar los pagos hasta diciembre de 2026.

La edil Cristina Cutanda en su comparecencia este martes tras la Junta de Gobierno.
La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha anunciado este martes el desbloqueo por vía de urgencia del expediente que autoriza al Centro Especial de Empleo Alicantino, PODA, gestionado por la Asociación Anilia, la continuidad del servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de Alicante y de las zonas verdes de Vía Parque y Denia-San Agustín. Además, ha cargado contra el interventor municipal, al que ha acusado de haber mantenido bloqueado este expediente.
"Con este acuerdo lo que hacemos es romper el bloqueo por parte del interventor. No estamos dispuestos a consentir situaciones perjudiciales para el ayuntamiento y para terceros, como también puede ser el pago de intereses de demora", ha afirmado Cutanda. La edil ha añadido que el gobierno local levantará "aquellos reparos que sean necesarios cuando bloqueen la gestión municipal" y trabajará "contra la inacción del interventor cuando bloquee el buen funcionamiento del ayuntamiento".
La concejal ha explicado que la continuidad del servicio tendrá efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2025 y se prolongará hasta la formalización del nuevo contrato, actualmente en tramitación, o como máximo hasta diciembre de 2026.
El acuerdo también fija una retribución de 316.257,12 euros para este periodo transitorio, con el fin de garantizar la prestación del servicio mientras concluye el proceso de adjudicación del nuevo contrato.
Cutanda ha asegurado que esta decisión responde también a las protestas realizadas por la empresa adjudicataria. Justamente para la mañana de este martes los trabajadores de la Asociación Anilia y del Centro Especial de Empleo Alicantino Poda, concentrados en la Plaza del Ayuntamiento, atendían a los medios para denunciar "los impagos del Ayuntamiento de Alicante que provocan que el personal con discapacidad y el equipo técnico acumulen tres meses sin cobrar sus salarios y el inminente desahucio de su sede".
La edil Cristina Cutanta ha expresado que desdeel Gobierno municipal de Alicante "entendemos la protesta que se está haciendo por parte de Anilia y entendemos su malestar. Por eso hoy mismo en la Junta de Gobierno se ha aprobado la continuidad del servicio, lo cual supone una garantía y un desbloqueo administrativo del expediente para que el ayuntamiento lo pueda seguir prestando y el adjudicatario pueda cobrar lo antes posible".
Cutanda ha concluido que con esta medida, el gobierno municipal pretende asegurar el mantenimiento de estas zonas verdes y evitar nuevos retrasos en los pagos derivados de la situación administrativa del contrato.