¿Hay caso contra el alcalde Santiago Román en Sant Joan d'Alacant o es populismo punitivo del PSOE?

El contrato de las escuelas deportivas finalizó en 2021 sin que el consistorio llegara a formalizar una nueva licitación a tiempo. Desde ese momento, según expone la denuncia y detallan los análisis jurídicos de la materia, el Ayuntamiento continuó prestando el servicio y abonando las facturas mediante procedimientos extraordinarios.

En el engranaje administrativo local, cuando se emiten facturas sin cobertura contractual, interviene el interventor municipal —un puesto de habilitación nacional encargado de fiscalizar la legalidad y el control del gasto—. Ante esta situación anómala, el interventor emite un informe administrativo adverso en el que advierte de que no se puede aprobar ni tramitar la factura por carecer de contrato.

Pese a estos avisos técnicos, el equipo de gobierno elevó en repetidas ocasiones modificaciones de crédito al pleno municipal para sufragar los pagos pendientes. La portavoz del PSOE, Esther Donate, ha señalado que llevan advirtiendo desde 2023 de esta "situación irregular", reprochando al alcalde que permitiese prolongar un servicio público al margen de la ley de contratos.

¿Causa justa o populismo punitivo?

Aunque la denuncia inicial del PSOE recogía indicios de múltiples delitos (como negociaciones prohibidas, trato de favor, malversación o fraude), la Fiscalía ha acotado y formalizado la causa basándose presuntamente en un delito de prevaricación administrativa.

Expertos en derecho administrativo recuerdan que este tipo de incidencias son recurrentes en muchos ayuntamientos de España, donde los servicios se prolongan por necesidades de la actividad pública sin que la maquinaria burocrática alcance a licitarlos a tiempo. En estos escenarios de continuidad irregular, la administración suele contar con herramientas de corrección como los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC) o las omisiones de la función interventora (OFI). Estas vías administrativas —que requieren su aprobación en pleno y el pago a precio de mercado— buscan evitar el enriquecimiento injusto de la administración por un trabajo que los proveedores han ejecutado de manera efectiva.

Aunque no es una fórmula ideal, en mandatos anteriores, como cuando gobernaba el anterior alcalde socialista, Jaime J. Albero, también se llevaron a cabo procedimientos de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC) como los que ahora denuncia el PSOE en la oposición. 

Siguientes pasos judiciales

Con la causa ya en los tribunales, el juzgado ha requerido documentación al Ayuntamiento y ha citado a declarar en calidad de testigo al interventor municipal, cuya firma y reparos técnicos resultarán clave para determinar si el alcalde y los responsables municipales actuaron con consciencia de eludir la ley de contratos. Mientras la oposición socialista insiste en exigir responsabilidades políticas por una gestión que consideran opaca y perjudicial para los intereses de Sant Joan, el procedimiento judicial deberá dilucidar si la vía de los hechos consumados utilizada por el consistorio constituyó un ilícito penal o una deficiencia administrativa subsanable.