Dicho sea de paso
Pantomima general
Ocho años de silencio y servilismo ante el Gobierno para convocar una huelga general a las puertas del 29N. Los sindicatos ya no le cobran al poder: le pasan al trabajador la factura de la campaña del PSOE

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recibiendo el premio al sindicado 'Por un poder andaluz' hace escasos días en Sevilla.
En octubre de 1987, Nicolás Redondo —secretario general de la UGT y diputado socialista— renunció a su escaño en el Congreso. Lo explicó con una sencillez que hoy sonaría extravagante: el sindicato no podía defender un criterio y el grupo parlamentario, otro distinto. Catorce meses después le paró el país a Felipe González y aquella huelga le costó la ruptura con su propio partido. Era política de gente mayor, de la que se paga.
Sus herederos han aprendido a no pagar nada. CCOO y UGT le hicieron huelgas generales a González, a Aznar, a Zapatero y a Rajoy. A Sánchez, en ocho años, ni una. Esperaron a que convocara elecciones para descubrir que la vivienda está imposible, y entonces apuntaron a la acera de enfrente. En cuanto hubo fecha para las urnas, aparcaron la huelga que tenían anunciada en la Agencia Tributaria, donde el patrón es el Gobierno. Los funcionarios de Hacienda pueden esperar; la campaña del PSOE, no. Nacieron como sindicatos de clase y han acabado de cámara, como aquellos músicos que tocaban en palacio lo que se les pedía y a la hora que se les indicaba.
Lo que hoy se representa en toda España es una pantomima general, y el argumento lo escribió —quizás con excesiva sinceridad— María Jesús Montero al confesar que esta huelga general se convocaba contra la oposición. El ministro Bolaños se sumó a este absurdo dos días después. Es la primera huelga general de nuestra democracia que el Gobierno no sufre, sino que jalea, contra quien lleva —al menos de momento— ocho años en la oposición. El presidente se limitó a decir que respeta el derecho constitucional de huelga, que es lo que uno dice cuando le convocan una manifestación a favor. Entre los culpables designados está Junts, que tumbó los decretos de vivienda y apoyó la investidura de Sánchez. A Waterloo, por lo visto, no llegan los piquetes.
Esos piquetes, en cambio, sí llegarán a muchas tiendas de barrio, pequeños negocios y centros de trabajo. Esta mañana habrá quien dude si subir la persiana o quien sienta congoja al ir a trabajar. Y no por falta de motivos para la huelga, sino porque sabe cómo se las gastan algunos piquetes informativos: en grupo, a voces y con pocas ganas de respetar la libertad de los demás. Tienen menos que temer que antes. En 2021, los mismos que hoy aplauden la huelga rebajaron el castigo a quien la impone por la fuerza. La libertad de no hacer huelga también existe, pero hoy no la defenderá ningún ministro.
Antonio Machado abre su Juan de Mairena como si hubiera sido coetáneo de Sánchez: «La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero». Que la vivienda se ha vuelto inalcanzable es verdad, y quien para hoy de buena fe tiene razones de sobra. Lo que no merece es que le cambien el destinatario de la protesta. Renuncia a un día de sueldo creyendo que aprieta a quien manda, y en realidad le está haciendo la campaña. Ese día de sueldo no se lo va a devolver nadie. La verdad es la verdad, pero este Gobierno no se la dice ni al médico.
Redondo dejó su escaño para no defender dos cosas a la vez. Sus herederos han encontrado una postura más cómoda: defender solo una, la del que manda. El Gobierno gobierna por la mañana y por la tarde sus sindicatos se manifiestan contra la oposición. Lo llaman huelga general, y es la última de sus mentiras.