El PP asegura que lo conocido de la trama Puig es solo "la punta del icebeg"
Tras conocerse la confirmación de Antifraude de los cientos de facturas falsas de las que se benefició el hermano del expresidente, el PPCS asegura que esto "sólo acaba de empezar"

(Foto de ARCHIVO) El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Lecha, y el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, presentan una denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude
El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha señalado en un comunicado que "la confirmación de la Agencia de lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat Valenciana sobre la contratación irregular del Ayuntamiento de Morella al hermano de Ximo Puig" es "la punta del iceberg".
En ese sentido, ha apuntado que "este procedimiento irregular parece haber sido "modus operandi" de Ximo Puig desde 1996" ya que "desde que fue alcalde, el posterior presidente de la Generalitat Valenciana, y hoy embajador de España ante la OCDE, se estuvo pagando, tal y como desvela la AVAF, sin licitación, sin publicidad, sin ningún tipo de soporte legal".
"Hoy un organismo público ha reconocido las irregularidades y en el PP vamos a trabajar para que se conozca la verdad, ante el silencio cómplice de Puig y del PSPV", ha recalcado. Porque "las denuncias que durante años se han hecho desde distintos estamentos públicos advirtiendo de la forma ilegal de contratar son las que ahora se acreditan" y en opinión de Aguilella, "acaba de empezar".
En el PP, "como siempre, vamos a ser aliados de la justicia y a tender la mano a la ley para que desnude una trama que no se ciñe al Ayuntamiento de Morella, trasciende a otras instituciones supramunicipales", ha señalado.
"No nos sorprende a nadie. Porque la empresa del hermano de Ximo Puig ya ha sido condenada en firme por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por formar parte de un cartel de negocios dirigidos a amañar concursos públicos y falseamiento de la competencia", ha afirmado.
En este caso, ha recordado el número dos del PPCS, son cuatro años y diez meses de prisión los que la Fiscalía ha propuesto por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa por el presunto cobro irregular de ayudas públicas.