PSOE y Vox unidos en Burriana para cometer un presunto delito de prevaricación
El gobierno municipal de Burriana analiza el expediente completo tras aprobarse una modificación de crédito con advertencias técnicas en contra; el PP acusa a Vox de actuar como “muleta del sanchismo” junto al PSPV.
Pleno del Ayuntamiento de Borriana Sebastián Hipperdinger / Europa Press 11/3/2026
La localidad castellonense de Burriana vuelve a convertirse en el epicentro de una nueva polémica en el ámbito político tras la salida de los dos ediles de Compromís, la ruptura de PP y Vox o los innumerables conflictos con la lengua y la cultura que han hecho que su biblioteca este cada año copando algún titular. Ahora, además, hay que sumarle un presunto delito de "prevaricación" cometido por dos partidos, PSOE y Vox, que, pese a odiarse en público, en este consistorio parece que prefieren ir de la mano para aprobar una modificación de crédito con varias advertencias técnicas en contra. No es la primera vez que en Burriana socialistas y "fascistas", así los llaman los socialistas con los que ahora pactan, unen sus fuerzas ya que, hace unos meses, se juntaron para evitar reclamar al Gobierno de España una mejor financiación para los valencianos, así como los 7 millones de euros que el Estado adeuda actualmente a la ciudad de Burriana.
Según denuncia el PP de Burriana, PSOE y Vox votaron conjuntamente para aprobar una iniciativa de modificación de crédito sobre la cual el Pleno no tiene competencias legales, "contando además con dos informes técnicos de intervención y secretaria general desfavorables que advertían explícitamente sobre su ilegalidad". Ante esta situación, el portavoz del PP en el consistorio, Alejandro Clausell, ha asegurado que el equipo de gobierno está analizando toda la documentación del caso para determinar los siguientes pasos.
Clausell ha explicado que se está recopilando toda la información relacionada con la votación, entre ella los informes técnicos emitidos, el acta del pleno, la grabación íntegra de la sesión y la moción presentada por la oposición.
El objetivo es elaborar un expediente administrativo completo que permita determinar si existen responsabilidades. En ese sentido, el portavoz ha señalado que no se descarta remitir el caso a la Fiscalía si los técnicos consideran que podría haberse incurrido en alguna irregularidad. “El pleno aprobó una resolución administrativa que podría ser contraria al ordenamiento jurídico”, ha advertido Clausell, quien ha recordado que respaldar un acuerdo pese a contar con advertencias previas de los servicios jurídicos municipales podría derivar en un posible caso de prevaricación administrativa.
El PP alerta de posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento
Desde el gobierno municipal también han advertido de las consecuencias económicas que podría tener la ejecución del acuerdo aprobado en el pleno. Según ha explicado el portavoz popular, si la modificación de crédito destinada a reducir una partida presupuestaria llegara a aplicarse, podría provocar pagos indebidos o incluso impagos, lo que generaría problemas legales para las cuentas municipales.
Por último, Clausell ha señalado que esta situación le recuerda a lo ocurrido con el Sant Gregori, un desarrollo urbanístico que fue anulado judicialmente tras salir adelante con informes técnicos contrarios.
Según ha recordado el dirigente popular, aquella decisión terminó siendo anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, lo que supuso ocho años de retraso en el desarrollo de la ciudad y derivó en procedimientos judiciales contra varios concejales.