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La Diputación de Castellón se planta: exige al Gobierno ayudas urgentes, rebaja del combustible y alivio fiscal para salvar la pesca
El pleno aprueba por unanimidad una declaración institucional ante la crisis del sector pesquero y reclama medidas inmediatas al Gobierno y la Generalitat.
Pleno de la Diputación REMITIDA / HANDOUT por DIPUTACIÓN Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/3/2026
La Diputación de Castellón ha dado un paso al frente en defensa del sector pesquero, al que define como un “pilar económico y cultural esencial” de la provincia. El pleno ordinario de marzo ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que reclama ayudas urgentes, reducción de costes y medidas fiscales para garantizar la supervivencia de la actividad.
El acuerdo, leído por la presidenta Marta Barrachina, llega en un momento “especialmente complejo” para la pesca, marcado por el aumento de los costes operativos, la incertidumbre económica y las exigencias de sostenibilidad de los recursos marinos. La institución provincial insta a la Generalitat Valenciana a publicar de forma inmediata las ayudas de 2025 para compensar las paradas biológicas, clave para preservar los caladeros pero que suponen pérdidas directas para armadores y tripulaciones.
Además, reclama garantizar presupuesto suficiente y evitar retrasos en los pagos, así como estudiar sistemas de anticipos que permitan dotar de liquidez a las embarcaciones durante los periodos de inactividad.
Rebaja del combustible y posible bajada del IVA
Las exigencias también se dirigen al Gobierno de España, al que la Diputación pide actuar “de manera inmediata” para aliviar la presión económica sobre el sector. Entre las medidas destacan la reducción del coste del combustible, el incremento de las ayudas estatales por barco —y no por empresa— y la posibilidad de aplicar una bajada temporal del IVA a los productos pesqueros.
Asimismo, la institución reclama que, en el marco de la Unión Europea, se garantice que los productos importados cumplan estrictamente la normativa comunitaria en seguridad alimentaria, sostenibilidad y derechos laborales, reforzando la lucha contra la pesca ilegal.
La Diputación reafirma además su compromiso con las cofradías de pescadores y recuerda que las ayudas provinciales ya están activas tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 14 de marzo.
El respaldo institucional subraya el papel estratégico de la pesca en el empleo y la economía de Castellón, especialmente en las zonas costeras.
Energía e inflación: el pleno también presiona al Gobierno
Más allá del sector pesquero, el pleno también ha aprobado una moción —con el apoyo del equipo de gobierno, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE y Compromís— para exigir medidas que frenen la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.
La iniciativa reclama actuaciones ante el encarecimiento de la energía y los carburantes, cuyo impacto se traslada directamente a la inflación, los hogares y el tejido productivo.
Más servicios y ahorro energético en los municipios
En clave provincial, el pleno ha aprobado por unanimidad la modificación del reglamento del servicio de alumbrado público, lo que permitirá extender la gestión técnica a municipios de menos de 1.000 habitantes.
Según explicó el diputado José María Andrés, en los últimos dos años se han invertido 1,2 millones de euros en 22 municipios, logrando un ahorro del 30% en costes energéticos.
Un millón para conciliación familiar
En materia social, la Diputación ha dado luz verde a una línea de ayudas dotada con más de un millón de euros para financiar servicios de conciliación en municipios de menos de 1.500 habitantes.
La diputada Marisa Torlà ha destacado que estas ayudas buscan facilitar la vida familiar y laboral, además de contribuir a fijar población en el interior de la provincia.