Funcionarias de la Diputación de Castellón denuncian presuntos casos de acoso laboral
La corporación provincial ha activado su protocolo antiacoso tras dos denuncias, pero desde el sindicato CSIF denuncian que el departamento de Prevención desestimó dos de los tres casos presentados sin dar la palabra a las trabajadoras afectadas y pide explicaciones a la presidenta Marta Barrachina.

Diputación de Castellón
La Diputación Provincial de Castellón ha activado su Protocolo de Prevención y Actuación ante Situaciones de Acoso Laboral tras detectarse presuntos casos de acoso entre funcionarios de la institución. Sin embargo, esta decisión tomada por la corporación provincial ha generado controversia por la forma en la que se han gestionado las denuncias, según denuncia el sindicato CSIF. Según ha confirmado la propia Diputación, se han producido dos situaciones presuntamente constitutivas de acoso laboral. Una fue desestimada en la fase inicial por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, y en la segunda se ha activado el protocolo, constituyendo la Unidad de Resolución de Conflictos como órgano instructor del procedimiento. La institución asegura haber actuado con "máxima celeridad" y se compromete a seguir haciéndolo ante futuros casos con una respuesta "inmediata, confidencial y contundente".
Pero el relato del sindicato CSIF es bien distinto. Según su comunicado, no son dos sino tres las denuncias presentadas por funcionarias de la Diputación, y el departamento de Prevención habría desestimado dos de ellas sin escuchar previamente a las trabajadoras afectadas, algo que el sindicato considera inaceptable y contrario a los protocolos de actuación en materia de acoso. "Falta de actuaciones efectivas", es el término que usa CSIF para describir la respuesta de la institución.
El sindicato ha dirigido sus reclamaciones directamente a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, a quien ha pedido que revise no solo los casos actuales sino todas las denuncias de acoso registradas en la entidad y en sus organismos dependientes a lo largo de la presente legislatura. CSIF exige además la adopción de medidas que garanticen "la protección de las empleadas y empleados públicos y el estricto cumplimiento de la legalidad vigente en materia de prevención, igualdad y protección frente al acoso laboral".