La emergencia por la sequía logra por fin un "Pacto de Estado valenciano”

Tras la tensión vivida en Les Corts a cuenta de la futura Ley de la Huerta, el parlamento valenciano lograba aprobar por unanimidad solicitar del Gobierno central la creación de dos fondos extraordinarios de lucha contra la sequía y sus consecuencias. Uno a corto y otro a largo plazo.

La iniciativa partió desde la bancada socialista y ha contado con el voto favorable del resto de grupos, incluidos PP y Ciudadanos. Según el texto del acuerdo, un fondo compensaría las pérdidas en las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la alarmante situación de sequía que registra la Comunidad Valenciana, especialmente crítica en la Vega Baja, en las cuencas del Júcar y Segura. Mientras que el segundo, a más largo plazo, sería para adaptar la agricultura y la ganadería ante los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos con el objetivo de "reducir la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental de este sector y garantizar su viabilidad”.

Las ayudas en las que participaría las comunidades autónomas y la Generalitat, estarán destinadas a los agricultores profesionales que hayan visto reducida su producción por causa de la sequía en un mínimo de un 30 %, y se dirigirán preferentemente a los pequeños y medianos productores.

Este documento debe establecer "las líneas básicas de una política hídrica que, con carácter estructural, desde una perspectiva integral en colaboración con todas las administraciones públicas y partes interesadas, realice una planificación y gestión de los recursos hídricos para hacer frente a los efectos del cambio climático, que ordene los usos y los recursos hídricos desde una perspectiva de la gestión de la demanda, que extreme el ahorro y la eficiencia en los usos, que proteja y recupere los ecosistemas fluviales, acuíferos y calidad de las aguas", entre otros.

Otras medidas acordadas pasan por solicitar al Ministerio de Agricultura y al Gobierno de España mecanismos de subvención para que el precio del agua desalinizada para riego no exceda los 0,3 euros por metro cúbico y potenciar las desalinizadoras. Asimismo se acuerda pedir que se una ronda de negociaciones con todas las autonomías para redactar y aprobar un Plan Nacional del Agua, que se impulse la creación de un banco público del agua. Y finalmente, que se “llegue a un acuerdo definitivo con los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó que permita disponer de estos recursos a un precio justo y limitar la extracción de aguas subterráneas".