Sesión de Control: Puig lleva una odisea a Les Corts frente al "infierno fiscal"

Hoy tocaba hablar de economía en la sesión de control de Les Corts, por mucho que Ximo Puig haya intentado evadir la cuestión de todas las formas posibles. No es para menos. Este mismo mes el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas el plan de recuperación que prevé una subida masiva de impuestos para optar a los 140.000 millones de los fondos europeos. Una reforma fiscal que, como es lógico, repercutirá en el bolsillo de los valencianos y se sumará a las deficiencias con las que ya cuenta la región por lo que la derecha califica de “sumisión” a los intereses de Sánchez. Estas son la infrafinanciación autonómica, el retraso de las ayudas públicas y para la dependencia, o los 281 millones del IVA que sigue sin devolverse desde el año 2017. En definitiva, que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado al Parlamento Europeo, junto con la subida impositiva ya prevista en los Presupuestos Generales del Estado, exige una carga fiscal a los valencianos de 2.000 millones de euros, mientras que desde la oposición critican que la cifra condonada por parte de Puig al Gobierno central asciende a los 5.000 millones de euros. O lo que es lo mismo: lo que se exige a los valencianos es lo que se perdona a Pedro Sánchez.

La primera diputada en tener la oportunidad de defender estos argumentos ha sido la recién estrenada Eva Ortiz como síndica de los Populares en Les Corts tras la renuncia de Isabel Bonig. Un debut que ha contado con el reconocimiento de Puig y que ha sabido superar con creces por su reconocida trayectoria en el parlamento valenciano, donde hasta ahora había hecho de portavoz adjunta. Debe haber sido esa experiencia la que le ha permitido detectar a tiempo la maniobra del jefe del consell para evitar responder a su pregunta sobre el cierre de empresas, el aumento de los parados o las previsiones de ERTE, todo ello a su vez relacionado además con la subida de impuestos. Demasiado farragoso para el líder del tripartito, el cual - aprovechando también el debut de Ortiz y sus posibles nervios- se ha referido a la vacunación como única vía posible para la recuperación económica. Todo era cuestión de probar cosas para ver si surgía un tema diferente que no fuese la subida de impuestos. Pero no, hoy no ha funcionado. “El próximo día le preguntaré por las vacunas para ver si me contesta por los datos del paro”, le ha replicado Ortiz.

En esta línea, le recrimina que por muchos anuncios que haga ( o “ximoanuncios” como le gustaba decir a Bonig, y aquí la primera diferencia en la portavocía) sus acciones y la manera que tiene de hacer política muestran una “indiferencia” con respecto a la destrucción empresarial, laboral y económica de la Comunidad. Con el único anhelo de que se produzca algún cambio, ha requerido al presidente de la Generalitat alzar la voz y “dar un puñetazo sobre la mesa” contra lo que califica de “infierno fiscal”. Muy a su pesar, este deseo ha quedado en un “brindis al sol”, porque Puig no se ha saltado el guion y ha seguido con la determinación de seguir hablando de vacunas. “Disociar la superación de la pandemia de la reactivación económica es una insensatez. Mi prioridad es superar la pandemia”, reiteraba el president.

Pues nada. Tocaba saltar de rama y a por otra cosa mariposa. Si no es capaz de exigir cosas a Sánchez había que intentar que lo hiciese con algún ministro, así que ha aprovechado también para expresar la “vergüenza y tristeza” que sintió al ver que Puig tampoco plantaba cara ayer a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, contra el decreto que exige acabar con el trasvase del Tajo-Segura. “Decidió agachar la cabeza y avaló con su silencio el fin del trasvase Tajo-Segura”, le trasladaba desde la tribuna. Algo que, por su parte, desmiente el jefe del Consell mientras garantiza mantener su agenda reivindicativa “gobierne quien gobierne sin demagogia ni enfrentamiento radical”.

Ahora bien, tras este intercambio de acusaciones con la portavoz del PP, Ciudadanos volvía a retomar el tema de la subida de impuestos con distintos argumentos para obligarle definitivamente a que rinda cuentas sobre este asunto. La síndica de la formación naranja, Ruth Merino, ha apelado a la difícil situación de multitud de familias valencianas, empresas y autónomos en mitad de esta crisis económica para hacerle ver que una mayor carga impositiva puede resultar letal para la sociedad valenciana.

De este modo, ha forzado a Puig a alterar su argumentación para aplicar otra con la que recurre a la reforma fiscal como una oportunidad para mantener el estado de bienestar y que a su vez pasa por cumplir con los criterio de progresividad contemplado en la Constitución Española. “Existen grandes empresas y corporaciones que pagan muy poco”, defiende para confirmar que su posición será la de “que paguen más los que más tienen”.

Una teoría que ha acabado desmantelando Merino con datos que ratifican una única realidad: “el 84% de esta subida la pagará la clase media”. Esto mientras hablaba de Madrid como ejemplo de una de las regiones con menor déficit fiscal y que resulta más atractivas, genera más inversión, retiene myor talento o cuenta con mejores servicios. Pero como todo no podía ser críticas, también le ha aportado una solución para conseguir los recursos necesarios: “Dejar de mirarse el ombligo con el asunto de la lengua y reducir el número de ministerios”.

La cosa iba ahora de ejemplos y comparaciones, así que Puig también ha llevado ante el parlamento valenciano la “revolución” fiscal del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. “Y eso que él no es socialcomunista”, matizaba.

Al hilo de la reducción de ministerios, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha pedido al presidente de la Generalitat que explique las medidas de reestructuración en la administración autonómica para reducir el gasto también por parte del gobierno valenciano. Sin embargo, Puig descarta llevar a cabo esos recortes que “pretenden aniquilar al ejecutivo y a instituciones como Les Corts” para comprometerse con el autogobierno, las instituciones y la actual plantilla de funcionarios.

Así pues, Vega le ha instado a acabar con el “efecto llamada” de los migrantes que llegan por Ceuta y Melilla mientras “ahoga” a los valencianos con unos “impuestos criminales” y mantiene una deuda pública de 50.000 millones de euros, casi el 50% del PIB de la región. “Arruinan a los valencianos y luego los estigmatizan por no compartir la misma solidaridad que ustedes”, afirma la portavoz de Vox.

Toda una declaración que Puig no ha sido capaz de comprender por el constante rechazo a la crisis humanitaria que se está viviendo, alejada de la “invasión” a la que se refería Vega, y que, a su parecer, sólo trae un sentimiento humanitario por parte de la sociedad. “La calle no la interpreta usted, la interpreta la democracia, y debe respetar un gobierno legítimo”, le respondía el jefe del Consell para poner fin a las preguntas de la oposición.