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Control de Transparencia: 2 Consellerias en tela de juicio por opacidad y mentir

El Consell de Transparencia emite dos reclamaciones contra Educación y Hacienda por sus impedimentos a facilitar información

Vicent Soler (al fondo), Gabriela Bravo y Vicent Marzà

Vicent Soler (al fondo), Gabriela Bravo y Vicent Marzà

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J.M

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El Gobierno del Botànic vuelve a suspender un nuevo examen de transparencia por los obstáculos a facilitar información e, incluso, mentir en determinados asuntos. El Consell de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo independiente encargado de salvaguardar las obligaciones de las instituciones públicas valencianas, ha emitido dos reclamaciones contra la Conselleria de Hacienda, dirigida por el histórico socialista Vicent Soler, y la Conselleria de Educación, encabezada por el dirigente de Compromís Vicent Marzà, después de que en ambos casos se haya mostrado fuertes reticencias a proporcionar la documentación que se les había requerido.

Tal como adelanta Las Provincias, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), una organización privada sin ánimo de lucro formada por empresarios, entidades público privadas que creen y apuestan por Alicante, presentó a fecha 1 de febrero una petición de información a la Conselleria de Vicent Soler sobre la liquidación de los presupuestos de 2018 y 2019 en la provincia. Sin embargo, la Conselleria se excusó en que tendría que acometer una reelaboración de los datos para rechazar la petición.

Ante la falta de respuesta, este organismo decidió el 28 de abril presentar una queja en el Consell de Transparencia, que cinco días después comunicó a Hacienda la tramitación de dicha solicitud. Fue entonces cuando la directora general de Presupuestos, Eva Martínez, replicó un mes más tarde para decir que consultarían a la Dirección General de Tecnología de la Información a fin de poder presentar alegaciones. No en vano, a finales del mes de noviembre todavía no habían recibido ningún tipo de explicación, por lo que el Consell optó por publicar una resolución donde deja constancia del posicionamiento de la Conselleria y rechaza los motivos aportados al instituto alicantino para denegar la información.

En este sentido, le recuerdan que la Administración no puede bajo ningún precepto escudarse en una incapacidad para facilitar documentación mientras dispongan de los datos y los medios informáticos suficientes.

Peor aún ha sido el procedimiento contra la Conselleria de Educación, que además de ocultar información le acusan directamente de mentir. Una controversia que se produce a raíz de la solicitud de un particular al departamento de Marzá para conocer el grupo de trabajo que había elaborado un decreto sobre orientación educativa y profesional. La respuesta llegó un mes más tarde de manera muy escueta: “ha sido elaborado por el personal técnico”. Ante la escasa concreción, esta persona optó por elevar una queja al Consell de Transparencia, quien procedió a tramitarla tras considerar que la respuesta aportada resulta insuficiente e inadecuada y que, por tanto, esta pretensión de dar por satisfecha la reclamación “constituye una basta infracción a los principios de transparencia”.

El organismo le afea a Marzá que podía haber rechazado la petición o atenderla y dar los datos que se pedían, aunque optó por una trampa “rechazable” porque “oculta una respuesta sustancialmente denegatoria bajo la apariencia de una respuesta estimatoria”.

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