PSOE y Compromís siguen eligiendo lechugas antes que personas: recurren al Constitucional la Ley de la Huerta que impidió obras en barrancos

El PSOE, Sumar, Esquerra Republicana y Podemos han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley impulsado por la Generalitat que modifica la Ley de la Huerta del Botànic, la cual, según la opinión de expertos, alcaldes e incluso del propio Gobierno, impidió que se llevaran a cabo los trabajos en algunas de las ramblas más mortíferas durante la riada que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Uno de estos barrancos en los que no se pudieron efectuar dichas obras fue el de la Saleta, en la localidad de Aldaia, que, según su alcalde, del PSOE, Guillermo Luján, el gobierno del Botànic, compuesto por Compromís y su propio partido, con el expresident Ximo Puig al frente, bloqueó las obras para el desvío del barranco de la Saleta cuando ya estaban prácticamente encarriladas, con el visto bueno del Gobierno de España, para "conciliar" la canalización del tramo de Xirivella con la actividad agrícola: "Se priorizaron lechugas antes que personas".

La propia Confederación Hidrográfica del Júcar reconoció esta información a través de la documentación aportada a la comisión de recuperación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Valencia. Además, el presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (FECOVAL), José Luis Santa Isabel, durante la comisión de investigación que está llevando a cabo el Senado, afirmó que la falta de inversión en obras hídricas por parte del Gobierno en la Comunitat provocó que aquella tarde los efectos de la riada fueran más adversos. Según el experto, estos trabajos hubieran permitido absorber entre el "30 % y el 40 %" del caudal aquella fatídica tarde del 29 de octubre.

Según ha defendido la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ante los medios de comunicación, es "imperdonable" que el PP y Vox utilicen el contexto de la DANA para reformar esta ley e "ir en contra de la protección de la tierra más preciada" del territorio.

De hecho, cree que lo que persiguen es "poder urbanizar en 3.800 hectáreas protegidas y llevar a cabo toda la especulación urbanística que quieran".

La diputada en Les Corts, María José Salvador, ha afirmado que el Consell de Mazón ha modificado vía decreto la Ley de l'Horta "basándose en dos falsedades: la primera, que la ley impedía la construcción de infraestructuras hidráulicas, y la segunda, justificando que hay que dar una alternativa habitacional a las personas que se quedaron sin vivienda en la DANA, desprotegiendo una zona inundable", y ha subrayado que "es una grave irresponsabilidad lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular y Vox en la Comunitat Valenciana con estas medidas": "Suponen una involución y una contrarreforma en materia de urbanismo y ordenación del territorio que, en definitiva, está desprotegiendo a los valencianos y a las valencianas".