Reforma judicial exprés: los jueces estallan contra el Gobierno y empieza a sobrevolar una posible huelga

La tensión entre el Gobierno central y la judicatura ha escalado un nuevo peldaño. Jueces y fiscales de toda España, también en Valencia, han salido a la calle este miércoles para manifestar su firme rechazo a las reformas legislativas en curso promovidas por el Ejecutivo, que afectan directamente al acceso a la carrera judicial y fiscal, así como a la estructura del Ministerio Fiscal. La protesta, breve pero contundente, se ha materializado en concentraciones frente a las principales sedes judiciales del país. 

En la Ciudad de la Justicia de Valencia, la fiscal Ana Lanuza, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, ha sido clara: “Estas reformas ni son objetivas ni garantizan una justicia equitativa”. Denunciaba además que se están impulsando “por vía de urgencia, sin contar con la opinión de jueces y fiscales”, una vía que ha generado malestar por considerarse poco transparente y ajena al consenso institucional necesario en materias tan sensibles.

El magistrado Pablo Luján, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en la Comunitat Valenciana, ha ido allá al advertir de una amenaza directa a la “división de poderes”. Según Luján, las reformas vulneran los derechos tanto de los jueces como de los ciudadanos y cuestionan la cultura del esfuerzo, al abrir la puerta a la incorporación masiva de jueces sustitutos sin la formación adecuada. 

Uno de los puntos más polémicos es la creación de un nuevo centro de preparación de opositores directamente dependiente del Gobierno, lo que, a juicio del colectivo judicial, introduce el riesgo de “selección ideológica” de jueces y fiscales.

Igualmente, se critica con dureza el anteproyecto que reforma el estatuto del Ministerio Fiscal. Jueces y fiscales denuncian que incrementará el control del Ejecutivo sobre el Fiscal General del Estado —nombrado sin filtros previos— y limitará la autonomía de los fiscales, justo lo contrario de lo que exigen los estándares europeos en materia de lucha contra la corrupción.

“Estas reformas pueden convertir a la Fiscalía en un apéndice del Gobierno, poniendo en jaque la confianza ciudadana en la Justicia”, alertan el manifiesto leído durante la protesta. La movilización, breve pero simbólica, no será la última si el Gobierno no retira los proyectos. Las asociaciones advierten que, de mantenerse esta línea legislativa, no descartan ir a la huelga, una medida extrema que hasta ahora siempre se ha evitado en la judicatura para no perjudicar a los ciudadanos.

“No queremos huelga, pero tampoco vamos a quedarnos callados mientras se vulneran principios fundamentales del Estado de derecho”, expresaba Gonzalo Sánchez, de la Asociación Profesional de la Magistratura.