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Gritos, golpes y encierros a bebés: así era el horror diario que se vivió durante años en una guardería de Algemesí
La Conselleria de Educación, tras la detención de la propietario por los presuntos malos tratos, activa el protocolo de emergencia y asegura plaza para el 100% del alumnado afectado mientras la jueza impone duras medidas cautelares a la responsable del centro.
Imagen exterior del centro.
Gritos, insultos, zarandeos y encierros era lo que día tras día tenía que vivir bebés, de no más de tres años, en una guardería de Algemesí y que se han dado a conocer tras el arresto, el pasado viernes, de su propietaria. Tras salir a la luz el infierno que en este centro infantil se vivía, vecinos de las fincas próximas a la guardería han asegurado a los medios de comunicación que los problemas se arrastraban "desde hace años" y que en algún momento se llegaron a plantear una denuncia de la situación ante los gritos constante que día tras día escuchaban, sin embargo, nunca se imaginaron que el horror que allí se vivía era de tal magnitud. Ante esta situación, la Conselleria de Educación ha activado el protocolo de emergencia y asegura plaza para el 100% del alumnado afectado mientras la jueza impone duras medidas cautelares a la responsable del centro.
La detención se produjo tras una investigación policial que apunta a que la responsable del centro infantil zarandeaba, golpeaba, vejaba e incluso encerraba sin supervisión a niños de entre nueve meses y tres años, unos hechos que han generado una fuerte conmoción en el municipio. Desde la administración autonómica subrayan que el protocolo de actuación se activó de inmediato en cuanto se tuvo conocimiento del caso. Así lo ha explicado la directora territorial de Educación, Inma Murgui, quien ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones y centros educativos para dar una respuesta urgente a las familias afectadas.
“Ha existido una colaboración y comunicación fluida entre el Ayuntamiento de Algemesí, los centros de Educación Infantil y la Dirección General de Centros e Inspección Educativa”, ha señalado Murgui, quien ha insistido en que todos los menores ya cuentan con una alternativa de escolarización. En la misma línea, el Ayuntamiento de Algemesí ha remarcado su trabajo conjunto con la Conselleria para ofrecer soluciones rápidas tras el cierre del centro, priorizando “el bienestar de los menores y la tranquilidad de sus familias” en un contexto especialmente delicado.
Libertad provisional con severas restricciones
Tras su arresto, la propietaria de la guardería fue puesta a disposición judicial el mismo viernes. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia, decretó su libertad provisional, aunque acompañada de importantes medidas cautelares.
Entre ellas, se le prohíbe acercarse o comunicarse por cualquier medio con los menores matriculados, así como acudir al centro infantil mientras se instruye la causa. Además, no podrá desempeñar ninguna actividad laboral relacionada con menores, sea o no remunerada.
La mujer está siendo investigada en un procedimiento judicial abierto por un presunto delito de maltrato habitual a menores y un delito continuado de vejaciones injustas.
“Los gritos se oían desde hace años”
Algunos residentes de la zona en la que se encontraba el centro aseguran que los problemas no eran nuevos y que los gritos y episodios de tensión se escuchaban desde hacía tiempo.
Uno de ellos, Salva, ha relatado que la comunidad de vecinos del edificio en el que se ubicaba la guardería, era una planta baja, llegó a plantearse denunciar la situación, aunque la gravedad de las acusaciones y la falta de pruebas impidieron que prosperara. “Escuchábamos gritos e insultos que no eran normales en niños tan pequeños”, ha explicado, señalando que las imágenes grabadas desde dentro por trabajadoras del centro fueron clave para que el caso saliera a la luz.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, las administraciones insisten en lanzar un mensaje de calma a las familias: todos los menores afectados ya tienen garantizada su escolarización en otros centros, y se mantiene un seguimiento continuo para proteger su bienestar.