La Generalitat se ofrece a pagar el soterramiento del 'paso a nivel de la muerte' en Alfafar ante la inacción del Gobierno

La Generalitat Valenciana ha dado un paso al frente ante uno los problemas históricos del área metropolitana de Valencia, el 'paso a nivel de la muerte' de Alfafar que, desde que se creó, hace 30 años, se ha cobrado la vida de 77 personas y es considerado uno de los puntos negros ferroviarios a nivel estatal. Por este motivo, y ante la inacción y falta de respuesta por parte del Gobierno central, pues la infraestructura depende de Adif, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha abierto este miércoles la puerta a que el Consell contribuya económicamente al soterramiento de las vías ante la dejación del Ejecutivo central que se niega a escuchar las reivindicaciones, ya históricas, de vecinos y alcaldes, de distinto signo político, de la zona.

“Si se trata de sumar el esfuerzo de la Generalitat, no habrá ningún problema”, ha asegurado Martínez Mus antes de reunirse con la Plataforma por el Soterramiento de las vías ferroviarias en Alfafar, Benetússer y Sedaví y con el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, después de que el consistorio planteara asumir hasta un 20% del coste total del proyecto.

El vicepresidente ha recordado que la Generalitat siempre se ha alineado con esta reivindicación y ha calificado de “intolerable” que, a estas alturas, el problema siga sin resolverse. Un punto negro que no solo soporta tráfico de Cercanías y pasajeros, sino también un intenso paso de trenes de mercancías, con pasos a nivel cerrados gran parte del día y un historial que incluye accidentes y víctimas mortales.

Martínez Mus ha subrayado que el Consell incluso llegó a elaborar un estudio propio ante la negativa del Ministerio a hacerlo. “Hemos hecho el trabajo que otros no quisieron hacer”, ha señalado, insistiendo en que el soterramiento es la única solución real frente a los problemas de seguridad, ruido y fractura urbana que padecen estos municipios.

Tras el encuentro con los vecinos, la Generalitat ha vuelto a exigir al Ejecutivo central el soterramiento de las vías para hacerlo compatible con los proyectos de parques inundables, una cuestión que considera clave tras las riadas de 2024, que anegaron gravemente esta zona.

El conseller ha sido claro: mantener la infraestructura en superficie multiplica el riesgo de inundación y supone repetir errores que ya tuvieron consecuencias el 29 de octubre, cuando el agua volvió a desbordar el entorno. En este sentido, ha reclamado una solución integral, “algo más que un parche”, y ha pedido al Gobierno que escuche a los ayuntamientos y a los vecinos, no solo a los despachos de Madrid.

La Generalitat ha recordado que trasladó a Adif un proyecto alternativo que va mucho más allá de eliminar el paso a nivel con un simple paso inferior peatonal. Según Martínez Mus, la propuesta estatal demuestra un desconocimiento absoluto de la realidad del territorio y carece de un estudio serio de alternativas que contemple el soterramiento.

Adif, en el punto de mira

Las alegaciones del Consell contra el proyecto de Adif son contundentes. Señalan que la actuación ignora el riesgo de anegamiento, pese a que la zona está catalogada como inundable por el Patricova, y que contradice las líneas estratégicas del Plan Endavant, elaborado precisamente tras las inundaciones.

Además, advierten de que la supresión del paso a nivel tendría un impacto directo sobre infraestructuras autonómicas como la CV-407, que asumiría más tráfico sin coordinación previa, lo que podría derivar en sobrecargas y nuevos problemas de seguridad.

Desde la Generalitat insisten en que la visión del Gobierno central es parcial y obsoleta, centrada en salir del paso sin abordar cuestiones clave como la cohesión urbana, la conectividad entre barrios o la resiliencia frente a riesgos climáticos que, tras lo ocurrido en 2024, ya no pueden ignorarse.

Martínez Mus ha estado acompañado por el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y por la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa, reforzando el mensaje político: si el Estado no actúa, la Generalitat está dispuesta a dar un paso al frente, pero exige una solución completa y definitiva.