Legalidad gubernamental vs ética

¿Debemos considerar que para la formación de gobiernos deben ir siempre de la mano legalidad jurídica Y aritmética? Como demócrata convencido y practicante que soy la respuesta es sí… bueno, casi siempre…

Per sé el hecho de conferir la indivisilidad entre ambas en ocasiones aleja justicia y ética. Este es el caso al que hoy me refiero.

La aritmética parlamentaria, es decir la suma de escaños, a menudo conflictúa con la real y leal voluntad expresada a través de las urnas por una gran mayoría. Esto es así cuando quienes nos gobiernan abandonan sus compromisos programáticos e ideológicos a los que se han comprometido con su electorado y proceden a prostituirlos.

Tan sólo analizando los resultados de los últimos comicios autonómicos y la composición parlamentaria estatal éste es un hecho irrefutable. El posicionamiento liberal-conservador de la sociedad española queda de manifiesto implementando tendencias divergentes a los posicionamientos populistas de izquierdas abanderados por el gobierno Sánchez.

En cualquier caso, mi voluntad versa hoy en valorar la confrontación entre la legalidad que confiere legitimidad al actual gobierno y su aritmética parlamentaria, claramente alejada de la ética política que debería configurarlo. La ética a partir del compromiso adquirido con la sociedad y de los contratos programáticos firmados con sus electores. Promesas sistemáticamente incumplidas por muchos de los que actualmente conforman el actual cuerpo gubernamental o que lo hacen posible gracias a las prebendas y privilegios que les reporta.

En mi calidad de víctima del terrorismo me revelo ante una de esas concesiones de modo, la cesión de las políticas penitenciarias al gobierno vasco que nos somete a todos al escarnio de ver cada día como criminales sentenciados a cientos de años de cárcel, asesinos confesos y sentenciados a centenares de años de cárcel salen sin arrepentimiento, sin reconocimiento del daño causado y sin colaborar con la justicia para esclarecer más de cuatrocientos asesinatos sin responsables conocidos y por tanto sin condenas. El de mi padre, Manuel Broseta Pont, uno más entre cuatrocientos.

Como valenciano, me revelo también ante la falta de reconocimiento y acción ante la más que reclamada, necesaria y justa financiación. Esa que reclaman todos y cada uno de los presidentes autonómicos. Esa a la que el presidente Sánchez se comprometió a estudiar con el mío, con Juanfran Pérez Llorca el pasado mes de diciembre. La siguiente noticia al respecto fue el compromiso con un separatista catalán que ni es presidente ni se le espera. Con esos con los que la actual candidata a presidir la Junta de Andalucía decía que no era posible negociar nada…

Mención aparte el flagrante incumplimiento de nuestra ley de leyes: la Constitución Española. Esa que marca como “de obligado cumplimiento” la presentación de los PGE y que como muchos de nosotros recordamos el Presidente mantenía no solo que esto constituía condición sine quanon sino que en caso de no sacar los apoyos parlamentarios necesarios se debía convocar elecciones…

Acabaré estas líneas del mismo modo que las iniciaba, con una reflexión; España y los españoles no merecemos un gobierno que se mantiene, pero no gobierna. Un gobierno presidido por un presidente que ha incumplido todos y cada uno de sus compromisos programáticos y las promesas a sus electores.

Espero compartan conmigo que la legalidad que posibilita conformar un gobierno no tiene necesariamente porque ir de la mano de la aritmética posibilita una clara que asimetría ideológica abrumadora.