Aullando con lobos

La imputación de Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, por revelación de secretos es el último episodio en una serie de escándalos que exponen la insistencia del Gobierno en mantener una figura afín al frente de la Fiscalía, a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre él.

En lugar de tomar medidas inmediatas y apartarlo de su cargo, el Ejecutivo sigue sosteniéndolo, enviando un mensaje claro: la independencia de la Justicia es secundaria cuando hay lealtades políticas en juego.

La actual imputación no es un episodio aislado, sino que se inscribe en un contexto de creciente percepción de politización en la Fiscalía General. No podemos ignorar su estrecha vinculación con Dolores Delgado, su predecesora en el cargo y exministra de Justicia, quien impulsó su ascenso a la jefatura del Ministerio Público. Esta relación ya despertó críticas en su momento, debido a la falta de distancia entre el poder político y judicial. La controversia fue mayor cuando el Tribunal Supremo anuló en varias ocasiones los nombramientos de Delgado por desviación de poder, cuestionando la imparcialidad de las decisiones dentro de la Fiscalía.

Uno de los episodios más controvertidos que ensombrecen aún más la gestión de Delgado y García Ortiz fue la abrupta retirada del fiscal Ignacio Stampa del equipo que investigaba el Caso Villarejo, uno de los mayores escándalos de corrupción y espionaje en España. La no renovación de Stampa en la Fiscalía Anticorrupción generó una ola de críticas, sugiriendo que su destitución estaba relacionada con presiones políticas para frenar investigaciones incómodas para el Gobierno vinculadas al entorno de Villarejo. 

Aunque la versión oficial aludía a cuestiones administrativas producto de una farsa para ensombrecer a Stampa coincidiendo con la asignación de su plaza en Anticorrupción, la coincidencia con otros movimientos dentro de la Fiscalía aumenta las sospechas sobre la falta de independencia en las personas nombradas por el Gobierno para dirigir tan importante institución.

Pero aquí es donde entra el Tribunal Supremo, una vez más, como garante de la legalidad. Frente a los intentos del Gobierno de proteger a los suyos, el Supremo ha sido el freno necesario, investigando y juzgando las actuaciones de quienes deben velar por la Justicia, en este caso García Ortiz, debido a su condición de aforado. 

El Supremo no solo ha tomado el relevo en este proceso, sino que ya se ha mostrado firme en otros casos, como la anulación de los nombramientos de Dolores Delgado por desviación de poder, dejando claro que no permitirá que la Fiscalía se convierta en una herramienta política

La línea defensiva de García Ortiz y su permanencia

Desde que se conoció la imputación, García Ortiz no ha dimitido y ha optado por una estrategia de negación, calificando las acusaciones como “bulos” e insistiendo en que no ha cometido ningún delito. Sin embargo, el hecho concreto por el que se le investiga es la filtración de información confidencial, un delito que, si se demuestra, representa una grave violación de su cargo. 

El actual Fiscal General ha intentado defenderse, pero las sombras sobre su actuación son cada vez más evidentes. El secreto profesional y la confidencialidad son una de las piedras angulares de todo jurista, lo que supone una prohibición total y absoluta para poder contar y mucho menos hacer un comunicado sobre hechos y actuaciones que se desarrollan en el seno de un procedimiento judicial.

El papel del Tribunal Supremo: protector de la Justicia

Es aquí donde el Tribunal Supremo demuestra una vez más su vital importancia. La imputación de García Ortiz, que está siendo investigado precisamente por este tribunal debido a su aforamiento, pone de manifiesto que, pese a los intentos del Gobierno de controlar el Ministerio Público, el Supremo actúa como un dique de contención frente a los abusos de poder. La decisión unánime del Supremo no solo muestra independencia, sino que también sustenta la credibilidad del sistema judicial, en contraposición a los esfuerzos del Ejecutivo por mantener figuras comprometidas.

El futuro de la Fiscalía: independencia o control político

El futuro de la Fiscalía General del Estado está en juego ante las continuas polémicas que giran en torno a la relación entre la actuación del Ministerio Público y el poder ejecutivo. La actual imputación ha puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma estructural profunda, sin duda constitucional, que garantice la independencia de la Fiscalía frente a cualquier intento de instrumentalización por parte del Gobierno.

La dependencia actual: un problema estructural

La Fiscalía General del Estado, según el actual marco constitucional y legal, está subordinada al Gobierno en varios aspectos. El artículo 124 de la Constitución Española establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno, lo que implica que el Ejecutivo tiene un control directo sobre quién asume este rol. Aunque el mandato es por cuatro años y su función se define como independiente, en la práctica, esta conexión genera dependencia política.

La designación de fiscales generales, como Dolores Delgado o Álvaro García Ortiz, ha dejado en evidencia cómo el Gobierno puede influir sobre el Ministerio Público, situando en el cargo a figuras afines. Esta relación ha suscitado sospechas de que la Justicia no actúa con la debida imparcialidad.

¿Por qué no ha sido destituido?

La negativa del Gobierno a destituir a García Ortiz deja claro que no quiere perder a uno de sus más cercanos aliados. Lejos de actuar con rapidez para proteger la imagen de la Justicia, se ha decidido por mirar hacia otro lado. Mantener a García Ortiz en el cargo, pese a estar investigado, es la confirmación de que su rol es esencial para mantener bajo control la Fiscalía, evitando cualquier tipo de acción independiente que pudiera perjudicar al Ejecutivo.

García Ortiz no solo debe dimitir, sino que su destitución es imprescindible para restablecer la confianza en la Fiscalía General del Estado. No es cuestión de si está o no investigado, sino de lo que representa: la sumisión de la Justicia a los intereses del Gobierno. En un sistema donde la independencia es fundamental, mantener a un Fiscal General investigado por un delito que socaba la obligación esencial de confidencialidad y sigilo solo alimenta la desconfianza.

Y, como dice el refrán: “El que con lobos anda, a aullar aprende”. Y en este caso, la permanencia de García Ortiz solo refuerza su sintonía con quienes le mantienen en el cargo.