Los economistas cuestionan la moralidad de la quita de la deuda propuesta por el Gobierno
Valentín Pich, presidente del CGE, apuntó al "riesgo moral" de la propuesta de condonación por parte del Gobierno y destacó la importancia de una reforma en la financiación autonómica, pero siempre evitando desigualdades

(Foto de ARCHIVO) El Presidente del CGE, Valentín Pich
El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, ha cuestionado la comunicación del Gobierno sobre su propuesta de condonación de deuda autonómica y ha advertido sobre los riesgos de generar desequilibrios entre Comunidades Autónoma. Durante la presentación del informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2025', Pich insistió en la necesidad de una reforma urgente del sistema de financiación autonómica para evitar desigualdades y tensiones institucionales.
Pich ha señalado que cualquier cambio en la financiación autonómica debe evitar introducir un "riesgo moral", es decir, que se beneficie solo a algunas comunidades sin ofrecer medidas compensatorias para el resto. "Si hay algo para uno, habrá que tener alguna iniciativa para todos", ha enfatizado, pidiendo mayor claridad en la gestión de esta medida.
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El economista ha asegurado que el sistema actual de financiación está agotado y que la falta de una reforma integral solo provoca conflictos entre regiones. Aunque reconoce las dificultades presupuestarias, considera que el Ejecutivo debe presentar una propuesta concreta para garantizar un reparto más equilibrado de los recursos.
Fiscalidad autonómica y actualización del sistema tributario
En el ámbito tributario, Pich ha propuesto actualizar las figuras impositivas patrimoniales y establecer máximos y mínimos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para reducir las diferencias fiscales entre comunidades. A su juicio, la fragmentación del sistema impositivo autonómico es otro factor que incrementa la desigualdad territorial.
Sobre la reciente cesión de impuestos acordada entre el Gobierno y Cataluña, Pich ha defendido la figura del consorcio tributario como una posible solución para mejorar la gestión fiscal en un Estado descentralizado. Según su planteamiento, este modelo permitiría una mayor cooperación entre administraciones y facilitaría el intercambio de información entre ayuntamientos y comunidades autónomas, optimizando la recaudación y la fiscalización.