IEE avisa al Gobierno; recurrirán al Constitucional la prórroga presupuestaria

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha planteado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, a través de un posible recurso a la normativa de prórroga presupuestaria en España, con el objetivo fundamental de crear un cuerpo jurídico que regule este tipo de situaciones en el futuro.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el informe de opinión La prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado.

En el informe se plantea esta posibilidad de que los grupos políticos acudan al Constitucional ante una prórroga presupuestaria. 

Según el IEE, el tribunal podría establecer criterios más estrictos sobre cuándo y cómo pueden prorrogarse los presupuestos, y podría llegar a determinar que, en casos de repetidas prórrogas sin justificación clara, se debe considerar la convocatoria de elecciones generales.

Aunque un fallo del Tribunal Constitucional tardaría en llegar, podría vincular a futuros Gobiernos, creando una jurisprudencia constitucional que permitiese interpretar el contenido y el alcance de las prórrogas presupuestarias en España, ya que la normativa básica al respecto es "muy sucinta y sujeta a interpretaciones interesadas" en función de la posición relativa del Gobierno y de la oposición en cada momento.

Es una anomalía democrática incompatible con la separación de poderes 

Según el IEE, la ausencia de un nuevo presupuesto implica costes adicionales, retrasos en la ejecución de nuevas políticas públicas y una "inevitable distorsión e ineficiencia en la asignación de recursos".

"Esta situación obliga a una gestión fiscal reactiva y a la activación de procedimientos excepcionales, en lugar de una planificación integral, coordinada y estratégica de este instrumento de la política económica", han criticado desde el Instituto.

Para el IEE, esta distorsión institucional, más allá de consideraciones técnicas y jurídicas, implica en la práctica, incumplir el principio de separación y control de los distintos poderes, al prescindir del poder parlamentario que representa a la ciudadanía y que se manifiesta en las Cortes Generales que tienen, entre sus funciones esenciales, la potestad para aprobar los Presupuestos.

El IEE ha recordado que se han prorrogado los PGE de 2023, por lo que, en la práctica, los presupuestos prorrogados se legitimaron en la legislatura anterior, en un contexto político diferente del actual en cuanto, tanto a la composición de las cámaras, como a la conformación de mayoría.

"La prórroga presupuestaria, cuando se transforma en una práctica continuada en el tiempo, es una anomalía democrática incompatible con la separación de poderes", ha subrayado Íñigo Fernández de Mesa en rueda de prensa.

De acuerdo al IEE, la no aprobación de los presupuestos impide en la práctica que los mismos se adapten a la situación cíclica de la economía en cada momento e incorporen las reformas estructurales de medio y largo plazo que se necesitan a la vista de las debilidades y retos que surgen en cada momento, que por definición, son diferentes a los que había en 2023 cuando se aprobaron los actuales presupuestos.

Consecuencias para la inversión 

Las conclusiones del informe del IEE apuntan a que la prórroga presupuestaria tiene consecuencias importantes, en particular, en el ámbito de la inversión pública afectando directamente a la planificación y ejecución de proyectos de inversión, en particular, en infraestructuras.

Si bien, la inversión pública se considera una palanca fundamental para impulsar el crecimiento económico, a medio y largo plazo, y esta ha ganado tracción durante el periodo 2009 - 2024 gracias a la financiación procedente de los fondos Next Generation UE, su nivel en España sigue siendo reducido en comparación con la media de la UEM.

De acuerdo con las estimaciones del Instituto, España debería aumentar su inversión pública en un orden de 1 punto de PIB anual o lo que es lo mismo en torno a 15.000 millones al año por encima del nivel actual, esfuerzo que tendría que compartirse entre la administración central y las administraciones territoriales.