Taxistas de Madrid alzan la voz contra las 8.500 licencias VTC a Cabify: “Es la ruina del sector y un ataque a la movilidad”

Cientos de taxistas han tomado las calles de Madrid este miércoles para protestar contra la concesión de 8.500 nuevas licencias de VTC a Cabify, una decisión judicial que, según el sector, pone en peligro la supervivencia de más de 100.000 familias y el servicio público del taxi. 

Convocados por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y apoyados por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), los manifestantes han recorrido el Paseo de la Castellana, desde el Ministerio de Economía hasta la Consejería de Transportes, exigiendo un equilibrio “real y justo” entre taxis y VTC. Con pancartas como “Una invasión, no cabe ni una más” y lemas como “El trabajo en España y los negocios en paraísos fiscales”, los taxistas denuncian que estas licencias, que elevarán las VTC a más de 17.000 frente a 15.931 taxis en Madrid, supondrán “la ruina total del sector” y un “secuestro de la movilidad” en la capital, con más atascos, contaminación y precariedad laboral.

El presidente de la FPTM, Julio Sanz, calificó la concesión como una “barbaridad” y acusó a Cabify de maniobras especulativas, afirmando que las licencias ya están siendo vendidas antes de su adjudicación. 

Los taxistas han presentado un expediente ante la Fiscalía de Madrid con pruebas de supuesta falsedad documental, alegando que los vehículos asociados a las licencias no están a disposición de Cabify, sino que pertenecen a empresas de alquiler y renting. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha anunciado un recurso de reposición y, en su momento, un recurso de casación, mostrando su rechazo a una decisión que consideran perjudicial para la región. 

Mientras Cabify defiende que las licencias son fruto de sentencias judiciales, los taxistas, respaldados por asociaciones como UTAGA, planean extender las protestas a nivel nacional, amenazando con colapsar puertos, aeropuertos y estaciones. 

“Esto no es solo una invasión de nuestro sector, es un ataque a la movilidad y al interés público”, advirtió Sanz, quien acusó al Gobierno y a las administraciones de consentir una operación que beneficia a grandes empresas a costa de los trabajadores y los ciudadanos.