España y Venezuela, líderes en impagos de laudos arbitrales: el Índice de Cumplimiento 2025 alerta sobre riesgos para la inversión

El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales 2025, elaborado por el International Law Compliance Institute (ILCI) bajo la dirección del experto Nikos Lavranos, pinta un panorama preocupante para la economía global y, en particular, para España. Por tercer año consecutivo, el país ibérico comparte el dudoso honor del primer puesto en el ranking mundial de naciones con más laudos arbitrales internacionales pendientes de pago, empatado con Venezuela. 

Según los datos actualizados al 1 de septiembre de 2025, España arrastra 22 sentencias arbitrales sin resarcir, por un monto base de cerca de 1.600 millones de dólares. Si se confirman otros cuatro procedimientos en curso con fallos adversos, esta cifra podría escalar a 26 laudos. A ello se suman 450 millones de dólares adicionales en intereses, costas y sobrecostes, elevando la deuda efectiva a más de 2.050 millones de dólares (unos 1.785 millones de euros).

En el caso español, el grueso de estos litigios —todos los 22 laudos impagados— se vincula al sector de las energías renovables. Los recortes retroactivos a las "primas verdes" aplicados por el Gobierno alteraron el marco regulatorio, desencadenando demandas de inversores extranjeros que invirtieron bajo la promesa de estabilidad.

Este "talón de Aquiles", como lo denomina el informe, representa solo el 10% de los más de 1.050 arbitrajes inversor-Estado finalizados globalmente, pero su impacto es desproporcionado. El impago sistemático socava la credibilidad de los mecanismos arbitrales como pilar del derecho internacional y la economía abierta. 

"Ser un buen pagador no es solo una obligación jurídica, sino una decisión económica inteligente. La reputación de un país como destino de inversión depende de ello", subraya Lavranos, profesor invitado en universidades europeas y asiáticas, y fundador de la European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA).

En el caso español, el grueso de estos litigios —todos los 22 laudos impagados— se vincula al sector de las energías renovables. Los recortes retroactivos a las "primas verdes" aplicados por el Gobierno alteraron el marco regulatorio, desencadenando demandas de inversores extranjeros que invirtieron bajo la promesa de estabilidad. El informe desmonta mitos recurrentes: no son las grandes corporaciones las que impulsan estos procesos, sino mayoritariamente pymes con menos de 250 empleados.

Además, el 44% de las disputas inversor-Estado globales son promovidas por empresas europeas, en defensa de la seguridad jurídica que paradójicamente Bruselas cuestiona en su propio territorio.La situación de España se agrava por su impacto económico tangible. Durante la primera mitad de 2025, la inversión extranjera directa (IED) cayó un 60% respecto al año anterior, coincidiendo con la visibilidad de su historial de incumplimientos y con fallos judiciales adversos en tribunales extranjeros. 

En Bélgica, por ejemplo, se han intervenido más de 200 millones de euros como medida cautelar a favor de inversores afectados. Fuera de la UE, la ejecución de laudos avanza: en EE.UU., siete sentencias contra España suman 644,4 millones de euros (casos como Cube, Watkins, Antin o NextEra); en Australia, el Tribunal Supremo ha reconocido deudas por 469 millones en laudos similares. 

En contraste, dentro de la Unión Europea, la doctrina del Tribunal de Justicia (Achmea, Komstroy, Micula) bloquea estos mismos laudos cuando benefician a empresas comunitarias, generando una "asimetría incoherente" que debilita el discurso europeo sobre el Estado de Derecho.

Sin embargo, el informe detecta una luz al final del túnel. En julio de 2025, el Gobierno español abonó por primera vez un laudo arbitral de forma voluntaria: 40 millones de dólares a la japonesa JGC. "Este pago demuestra que España puede iniciar un cambio de actitud. Cumplir no es solo jurídico, sino una señal de fiabilidad institucional", celebra Lavranos. 

Este gesto podría marcar un punto de inflexión, especialmente en un ranking donde países como Rusia (13 laudos por 61.700 millones), México (9 por 365 millones) o Polonia (7 por 686,8 millones) también figuran mal, mientras Hungría cierra simbólicamente el top 20 con cero impagos tras resolver su último caso.

El Índice 2025 no solo actualiza cifras —Venezuela lidera con 22 laudos por 17.300 millones—, sino que profundiza en tendencias. Desmonta la idea de que los arbitrajes bajo el Tratado de la Carta de la Energía se limitan a fósiles: el foco está en renovables. Y alerta sobre la divergencia global: mientras Europa genera inseguridad jurídica interna, jurisdicciones como EE.UU., Reino Unido, Suiza o Australia validan laudos como sentencias firmes, alineados con los convenios del CIADI (Banco Mundial).

En resumen, el informe del ILCI urge a los Gobiernos a priorizar el cumplimiento para restaurar confianza inversora. Para España, ignorar esta deuda no solo cuesta miles de millones, sino que ahuyenta el capital necesario para la transición energética y el crecimiento. Como advierte Lavranos, en un mundo interconectado, el impago es un lujo que ningún país se puede permitir.