Un borrador de jubilación como el de la renta: la idea de Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, que podría revolucionar el sistema

Después de afirmaciones tan reveladoras como "Puedes sumar el servicio militar al cómputo de años cotizados para anticipar tu jubilación" y "Las pensiones en 2026 subirán de media unos 34 euros mensuales", Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, vuelve a poner el foco en la necesidad de una reforma administrativa que acerque el sistema al ciudadano.

En una entrevista reciente en 'La Buchaca', planteó una idea que bien podría marcar un antes y un después en el acceso a las pensiones. Su propuesta es clara: que la Seguridad Social actúe como Hacienda y envíe automáticamente un borrador de jubilación al alcanzar la edad legal, junto con avisos personalizados sobre complementos y derechos disponibles.

Muñoz defiende que la Administración debería dar un paso adelante. Si conoce ya los datos y derechos de los trabajadores, ¿por qué no los comunica de forma directa y anticipada?

Según él, el sistema actual obliga al ciudadano a navegar en la oscuridad porque debe pedir cita, informarse por su cuenta y confiar en no dejar escapar ninguna ayuda. Esto penaliza especialmente a las personas mayores o con menor acceso digital, que muchas veces desconocen prestaciones que podrían mejorar significativamente su pensión.

Simulaciones automáticas y notificaciones personalizadas: cómo funcionaría este modelo

El planteamiento es simple y se basa en un paralelismo con la Agencia Tributaria: así como cada primavera recibimos un borrador de la declaración de la renta con todos nuestros datos fiscales, al cumplir los 65 o 67 años —dependiendo del año y la cotización—, el INSS debería enviar por SMS o correo electrónico una simulación de pensión: el importe estimado, el mes de entrada en vigor y la posibilidad de confirmarla o seguir cotizando.

Además, se incluirían avisos sobre complementos activos. Por ejemplo, el derecho al complemento del 20% para pensiones de incapacidad total a partir de los 55 años, la inclusión de prácticas formativas previas a 2024 que pueden sumar hasta cinco años de cotización, o la posibilidad de revisión por agravamiento de patologías. Una medida esencial para que no se pierdan derechos simplemente por desconocimiento.

La sostenibilidad también es administrativa

La propuesta llega en un momento clave. Con la generación del baby boom a punto de jubilarse en masa entre 2030 y 2050, el reto no es solo financiero. También es organizativo. Muñoz insiste en que la sostenibilidad no depende únicamente del dinero, sino también de hacer bien las cosas. Automatizar procesos, reducir visitas innecesarias a las oficinas y facilitar el acceso a la información aliviaría una administración ya saturada.

Y va más allá al recordar que la Seguridad Social, al igual que Hacienda, conoce todos los datos laborales de los ciudadanos. Cuando atienden a una persona, con su DNI pueden saber cuánto va a cobrar. Por eso plantea que se dé el paso lógico de comunicar esa información antes de que el ciudadano tenga que solicitarla.

Un sistema más justo y transparente

La falta de proactividad actual tiene consecuencias reales y costosas. Muchos trabajadores descubren demasiado tarde que podían haberse jubilado antes sin penalización, que tenían derecho a un complemento por hijos reconocido por la justicia europea, o que existían formas de mejorar su pensión sin saberlo.

Muñoz critica que quien no pregunta, no cobra, y considera que esa lógica debe cambiar. La información debería llegar al ciudadano de forma automática, sin depender de su capacidad para reclamar lo que le corresponde.

Esta reforma administrativa, aunque aparentemente menor, impacta directamente en uno de los pilares del Estado del bienestar y defiende el derecho de toda persona a acceder a una pensión justa, accesible y transparente. Y lo mejor de todo: puede llevarse a cabo sin modificar ninguna ley estructural, solo con voluntad política y tecnológica.