La senda de estabilidad cae y complica los Presupuestos de 2026

El primer gran movimiento de la escaramuza presupuestaria de 2026 ha terminado con una derrota clara para el Gobierno. El Congreso ha tumbado la senda de estabilidad 2026-2028, el paso previo imprescindible para elaborar las cuentas del próximo año, con 178 votos en contra, 164 a favor y cinco abstenciones. PP, Vox, Junts y UPN se han alineado para rechazar los objetivos de déficit y deuda del Ejecutivo, mientras que Podemos y Compromís han optado por la abstención.

El golpe no llega en un vacío político. Coincide con el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García y con nuevas derivadas judiciales que vuelven a situar al PSOE bajo los focos, en un contexto de desgaste y tensión interna. En este escenario, el rechazo de la senda presupuestaria no solo retrasa la tramitación de los Presupuestos de 2026: visualiza de nuevo la fragilidad parlamentaria de un Gobierno que lleva toda la legislatura sin conseguir sacar adelante unas nuevas cuentas y que ya asume la prórroga automática el 1 de enero.

La votación de este pasado jueves era, en buena medida, una crónica anunciada. Desde hacía días, Junts había comunicado que votaría en contra, escenificando un distanciamiento que se cruza con las negociaciones sobre la aplicación de la amnistía y otros compromisos políticos. PP y Vox ya habían avanzado su rechazo a una senda que consideran incompatible con la disciplina fiscal y con el nuevo marco de reglas europeas.

El resultado deja una foto nítida:

Desde Moncloa se intenta minimizar el alcance del revés. El Gobierno recuerda que el rechazo de la senda no impide jurídicamente presentar un proyecto de Presupuestos, y que, en caso de repetirse la negativa parlamentaria, llevará al Congreso los Presupuestos con los objetivos ya remitidos a Bruselas el año pasado, aunque eso reduce el margen fiscal para las Comunidades Autónomas.

Para la oposición, la lectura es la contraria: se trataría de la confirmación de que Sánchez encara “otro año más de legislatura sin Presupuestos”, un hecho inédito en la democracia española, y de que la mayoría de investidura no se traduce en una mayoría de gestión.

Un techo de gasto en máximos históricos

El debate sobre la senda de estabilidad no se puede separar del techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre. El Ejecutivo planteó para 2026 un límite de gasto no financiero de 212.026 millones de euros sin fondos europeos, un 8,5% más que en 2025, y de 216.177 millones si se incluyen los recursos del Plan de Recuperación (PRTR).

Según los propios cálculos de Hacienda, el déficit del conjunto de las administraciones se situaría en el 2,1% del PIB en 2026, para descender al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. El reparto por subsectores fijaba un déficit del 1,8% para la Administración Central, del 0,2% para la Seguridad Social, del 0,1% para las Comunidades Autónomas y equilibrio para las entidades locales.

Con esa cifra, el nivel de gasto estatal sin fondos europeos sería ya más de un 60% superior al de 2018, consolidando como estructural buena parte del incremento experimentado desde la pandemia. La defensa del Ejecutivo se ha centrado en dos ideas. Primero, que la senda propuesta permite seguir reduciendo el déficit sin renunciar a un techo de gasto “expansivo y responsable”, en palabras de la ministra María Jesús Montero.

Y segundo, que el rechazo “perjudica” a las comunidades autónomas, que dejarían de disponer de unos 5.485 millones de euros adicionales de margen para sanidad, educación y servicios sociales, según el cálculo del Ministerio de Hacienda.

Las dudas de Bruselas y la AIReF: riesgo de incumplir la regla de gasto

Sin embargo, los últimos mensajes procedentes de Bruselas y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan en otra dirección. La Comisión Europea ha advertido esta semana de que España está “en riesgo de incumplir” el crecimiento máximo del gasto neto acordado para 2026, al estimar que el gasto primario crecerá en torno al 4,3%, por encima del techo del 3,5% comprometido, aunque todavía dentro del margen de tolerancia que permiten las normas (desviaciones inferiores al 0,3% del PIB anual).

La AIReF, por su parte, ha señalado que, para cumplir la regla de gasto nacional, Estado y Comunidades Autónomas necesitarían ajustes adicionales de unos 12.000 millones en 2025 y 2.600 millones en 2026. El organismo lamenta que la falta de Presupuestos dificulte su labor de supervisión y ha reclamado una reforma integral del marco fiscal interno para adaptarlo a las nuevas reglas europeas, evitando duplicidades y mejorando la credibilidad de las metas.

Cinco intentos fallidos y una legislatura sin Presupuestos

La votación del pasado jueves tiene además un componente institucional relevante: es la quinta vez en esta legislatura que el Gobierno intenta, sin éxito, aprobar una senda de déficit y deuda en las Cortes.

Al mismo tiempo, en la actual legislatura no se ha presentado aún ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pese a que la Constitución establece que las cuentas deben registrarse en el Congreso antes del 1 de octubre de cada año. El Ejecutivo ya asume que habrá prórroga automática de las cuentas en vigor el 1 de enero de 2026 y que no llevará un nuevo proyecto a la Cámara antes de febrero.

Este uso reiterado de la prórroga (sumado al encadenamiento de techos de gasto aprobados sin que eso se traduzca en nuevos Presupuestos) ha abierto el debate sobre la calidad de la gobernanza fiscal en España. Analistas y organismos independientes alertan de que la planificación plurianual pierde sentido si las principales decisiones se desplazan a la ejecución y a los decretos-ley, con menos control parlamentario.

Fragmentación política y agenda económica

El papel de Junts en esta votación es especialmente significativo. Su “no” a la senda de estabilidad, tras haber sostenido al Gobierno en otras votaciones clave, se interpreta como una señal de deterioro de la relación política en torno a cuestiones como la aplicación de la amnistía o la agenda territorial. El propio partido ha vinculado su rechazo a una crítica más amplia sobre el uso de los fondos europeos y la recentralización de decisiones económicas, mientras el PP subraya que el resultado demuestra la “soledad” de Sánchez.

Por el lado económico, el voto negativo del Partido Popular se apoya en una enmienda de fondo: cuestionan que un país con deuda en torno al 100% del PIB y con presiones estructurales en pensiones y gasto social pueda permitirse un techo de gasto récord sin una revisión profunda del gasto y sin un plan detallado de consolidación fiscal a medio plazo.

¿Qué viene ahora?

Tras el rechazo de la senda, el Ejecutivo dispone de un mes para presentar una nueva propuesta de objetivos de déficit y deuda. Si volviera a ser rechazada, quedarían vigentes los objetivos remitidos a Bruselas en 2023, con menores márgenes para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Al mismo tiempo, la prórroga presupuestaria abre un periodo de incertidumbre en el que la ejecución del gasto deberá encajar los compromisos ya adquiridos (incluidas las actualizaciones de pensiones, gasto en defensa y compromisos vinculados a los fondos europeos) con unos límites menos flexibles y con una supervisión europea más intensa.

En definitiva, España afronta el regreso pleno de las reglas fiscales europeas con un Gobierno en minoría, una senda de estabilidad rechazada y una legislatura sin Presupuestos aprobados.