El caos energético: la “cartilla de racionamiento” al servicio del clientelismo político

Lo que viene sucediendo en los últimos años en el sector eléctrico de nuestro país es difícil de batir. No sólo por el histórico e inédito colapso que derivó en el gran apagón; ya que el gran apagón no es la causa sino la consecuencia de tanto desbarajuste.

Desde la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, en el marco de la UE se intensificaron los esfuerzos y objetivos para descarbonizar nuestro desarrollo. Así, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España 2030 (PNIEC), aprobado a principios de 2020, fue revisado en septiembre de 2023, incrementando sustancialmente los objetivos; el 81% de la generación eléctrica y el 48% del consumo final de energía provendrán de fuentes renovables para 2030, frente a las metas anteriores del 74% y 42% respectivamente. El primer problema de esa nueva ambición es que pocos expertos del sector creen que pueda cumplirse.

La demanda eléctrica tiene que incrementarse en más de un 40% desde hoy hasta 2030

Para que los objetivos del PNIEC revisado sean alcanzables, el propio PNIEC contempla que la demanda eléctrica tiene que incrementarse en más de un 40% desde hoy hasta 2030, cuando en los últimos años no ha hecho sino descender o estancarse. Ese incremento de demanda se espera de la creciente electrificación de actividades productivas que hasta ahora se basaban en combustibles fósiles.

También de actividades emergentes, como la de los centros de datos, -grandes consumidores de energía- o la producción de hidrógeno verde con grandes electrolizadores. Pero, obviamente, todas ellas necesitan poder “enchufarse” a las redes eléctricas para poder “electrificarse”. Y aquí surge un segundo gran problema; no pueden hacerlo porque no hay “enchufes” suficientes para todas las peticiones; no hay capacidad de acceso y conexión de nuestras redes eléctricas. El 87% de la red está copado y en algunos municipios llega al 100%.

Se ha añadido escasez a escasez, incertidumbre y falta de transparencia

El gobierno, ante esa insuficiencia, en lugar de facilitar el despliegue de mas redes eléctricas y modernizar las existentes para ampliar sus capacidades, viene haciendo lo contrario desde 2019; imponer “cartilla de racionamiento” restringiendo determinados nudos de la red para sacar a concurso la capacidad escasa, priorizando las energías renovables y, posteriormente, ampliando los concursos también a proyectos de demanda. Así fue habilitando las restricciones en nudos que habrán de someterse a concurso con el Real Decreto Ley17/2019, el Real Decreto-ley 23/2020, y el Real Decreto-ley 8/2023. Y aquí surge el tercer problema: Desde 2020, de los casi 400 nudos restringidos para concurso, apenas se han activado las subastas en un 10% de ellos. Es decir, se ha añadido escasez a la escasez y se ha introducido incertidumbre y falta de transparencia sobre cuáles serán los criterios a tener en cuenta por el Ministerio para ser agraciado con una adjudicación que supone salvar el futuro de la empresa o condenarla a su cierre.

Con ese caldo de cultivo no sorprenden titulares de actualidad en estos días que señalan que “Antxon y Cerdán influían en el Ministerio de Ribera en pro de Forestalia, Sumelzo y empresas de renovables que les pagaban”.

Siguió operando como si nada hubiera pasado

Pero las características y comportamiento de la generación fotovoltaica y otras renovable “discontinuas” tienen peculiaridades que las distinguen de las tecnologías tradicionales y los procedimientos de operación, -que datan de hace 20 años-, no estaban actualizados ni adaptados para gestionar nueva generación renovable con tanta intensidad.

El operador del sistema, -obligado a proponer los cambios en los procedimientos para su aprobación por el gobierno o por el organismo regulador, la CNMC-, siguió operando como si nada hubiera cambiado mientras esperaba ser atendido en sus demandas por el gobierno y el regulador…y llegó el colapso de abril. Desde el sector ya han calificado la actuación de Red Eléctrica como temeraria el día del apagón.

Un silencio cómplice bien remunerado

Desde entonces, el gobierno ha puesto todo su empeño en culpar a otros de lo que es su indisimulable responsabilidad, compartida con Red Eléctrica y la CNMC. Y Beatriz Corredor, Presidenta de Red Eléctrica, -inicialmente señalada por Pedro Sánchez como operador “privado” pese a su mayoritaria participación pública-, culpa a las eléctricas y calla sobre el gobierno. Y es que el gobierno ha visto la ocasión de seguir profundizando en medidas que acrecienta su margen de maniobra para obrar de manera unilateral para dar a unos y quitar otros.

Así, ha aprobado ahora inversiones urgentes y extraordinarias en la red eléctrica mediante 65 actuaciones por importe de 750 M€…pero sin evaluar si los servicios que se espera que se presten pueden aportarse por centrales ya existentes, como las nucleares o las térmicas recientemente paradas en su operación. 

Y Corredor, -que ahora quita a renovables para dar a ciclos combinados de gas-, ha recibido para Red Eléctrica la mayor subvención del año en España, 931 M€, al mismo tiempo que se autoriza el incremento de su retribución en redes de transporte en un 12% para el próximo sexenio de la planificación. Al parecer, un silencio cómplice bien remunerado.