Una España que no innova lo suficiente

España sigue atrapada en una contradicción que compromete nuestro potencial de crecimiento futuro. Disponemos de capital humano de primer nivel, universidades competitivas en nichos concretos y empresas capaces de innovar cuando se les deja respirar y no se las asfixia con burocracia e impuestos, pero a la vez, mantiene un ecosistema institucional que castiga el tamaño empresarial y sustituye las dinámicas del mercado por planificación. El resultado es el previsible, avanzamos, sí, pero demasiado despacio y con una estructura de incentivos profundamente desequilibrada.

Para que el lector me entienda, corremos, pero en una cinta estática. 

Gastamos calorías pero sin desplazamiento. La comparación per cápita es todavía más deprimente: 494 euros por español frente a 897 euros en la UE. España invierte alrededor de un 45% menos por habitante que sus socios. Y lo más humillante es que economías con renta per cápita inferior, Portugal, Eslovenia, Estonia o Grecia, nos superan en esfuerzo de I+D. ¿Cómo no nos van a alcanzar en convergencia per cápita?

Además, tenemos un problema estructural, España innova demasiado “en lo público” y demasiado poco “en lo privado”. En 2024, el sector público representa el 44% del esfuerzo nacional, frente al 31,6% en la UE; y la inversión empresarial se queda en 56%, frente al 68,4% europeo.

Este sesgo no es neutro, donde el Estado domina, el incentivo tiende a ser cumplir. EL expediente, mientras que donde la empresa lidera y se juega sus recursos, el incentivo es acertar o asumir pérdidas. Y la innovación, como enseñó Mises, no es un plan intervencionista, es un proceso de descubrimiento bajo incertidumbre.

Además, buena parte del empuje reciente se explica por el dopaje temporal de los Next Generation. Desde 2019, la I+D crece un 54%, pero no existe un plan creíble para sostener ese esfuerzo cuando desaparezca la financiación europea.

El mapa autonómico. La deprimente situación de la Castilla La Mancha socialista.

El segundo gran problema es territorial. En 2024 el crecimiento no ha sido homogéneo: Navarra y Madrid, lideran el avance de la inversión en I+D, mientras que Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha retroceden (con especial gravedad en esta última región).

Tras la pandemia y con fondos europeos, las brechas se han ampliado: muchas regiones con niveles inferiores a la media antes de 2019 siguen creciendo por debajo de esa media.

Esto no es un debate regionalista, sino económico. La I+D no es un aderezo para memorias institucionales, es la palanca que explica la productividad y, con ella, los salarios reales. Si no se corrige la divergencia regional, España consolidará dos velocidades, territorios capaces de atraer inversión y talento, y territorios atrapados en economías de bajo valor añadido, dependencia presupuestaria y juventud emigrante.

El caso de Castilla-La Mancha es especialmente preocupante. Si una región retrocede en inversión en I+D en 2024 y, además, ha sido de las que menos crece desde 2019, el problema no es coyuntural: es de modelo. Y aquí conviene ser claros, el sesgo socialista no suele fracasar por falta de eslóganes, sino por exceso de intervención y falta de incentivos.

En Castilla-La Mancha se ha normalizado una política económica que, cuando mira a Madrid, no ve un ecosistema que atrae capital y talento, sino un enemigo al que acusar de “dumping fiscal”. La comunidad que más dinamiza su economía es también la que más contribuye a la solidaridad interregional.

El problema de fondo es cultural e institucional. Donde se demoniza el beneficio, se ahuyenta el capital, donde se multiplica la burocracia, se frena la inversión, donde se premia el reparto político, se castiga el riesgo empresarial. Adam Smith lo explicó con una sencillez brutal: no progresan las naciones por la benevolencia de los planificadores, sino por el interés que transforma esfuerzo en riqueza.

El fracaso español no es solo “cuánto gastamos”, sino cómo. La gestión de los Next Generation y de los PERTE ha demostrado una patología: burocracia, recentralización y propaganda.

Cuando el Estado se cree “emprendedor”, cae en la fatal arrogancia de Hayek, pensar que un reducido grupo de planificadores puede sustituir el conocimiento disperso del mercado. Y, como recordaría Buchanan, la política no opera “sin intereses”: cuando el dinero se asigna por convocatoria, el incentivo es capturar la convocatoria, no competir en productividad.

Qué habría que hacer

La solución no es “más gasto” como dogma, sino mejores reglas:

España y algunas regiones (Castilla-La Mancha) deben decidir si quieren competir o administrar la decadencia. Innovar exige libertad, seguridad jurídica y respeto al que arriesga. Lo demás es literatura presupuestaria. Y esa, como siempre, la acaba pagando el contribuyente.