Consumo investiga anuncios de viviendas en portales por ofertar alquileres por encima de la ley

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.

Según han informado desde el departamento liderado por Pablo Bustinduy, estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosa" y, por tanto, acarrear sanciones.

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios online de viviendas ubicadas en zonas declaradas oficialmente como tensionadas de forma "clara y accesible" información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa, como por ejemplo, la última renta del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.

El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó recientemente por carta a los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en dicha ley, que afectan a los anuncios online que ofertan y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.

Así, la investigación abierta por Consumo se inicia después de que, en el marco de la monitorización activa del mercado de la vivienda que mantiene Consumo, se hayan detectado prácticas que podrían "infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas".

Hasta ahora la Ley de Vivienda obligaba a dar esta información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma obliga también a que figure en los anuncios.

El Ministro anuncia que actuarán con contundencia 

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado este viernes de que actuarán "con toda contundencia" si se prueban "prácticas engañosas" de anuncios en grandes portales que podrían estar ofertando alquileres a precios por encima de la ley en zonas tensionadas.

"Vamos a hacer valer los derechos de la ciudadanía y consumidores sobre cualquier tipo de fraude, y si podemos probar prácticas engañosas, el Ministerio actuará con toda contundencia. Es lo que hicimos con las aerolíneas low cost, las grandes operadoras de juego online, los expedientes que están en curso por presuntas practicas abusivas de grandes inmobiliarias en el país y grandes plataformas de pisos turísticos", ha expuesto.

El ministro ha asegurado que quien busque "lucrarse" sorteando la ley a costa de los consumidores y los ciudadanos "lo va a pagar caro" y que ninguna empresa "está por encima de la ley".

Respecto a las sanciones, Bustinduy ha afirmado que desde Consumo, y en el marco de sus competencias, buscan eliminar los anuncios que están en estos grandes portales, pero, en el caso de que no se produjera la eliminación, podrían "eventualmente" llevar a cabo sanciones de diferentes grados y penalizaciones que puedan alcanzar de cuatro a seis veces el beneficio obtenido, como pasó con la sanción de 64 millones a Airbnb por anunciar vivienda sin licencia.

Idealista ha respondido 

La responsabilidad sobre el contenido de los anuncios inmobiliarios corresponde siempre al propio anunciante, como titular de la información publicada, y no a la plataforma que actúa como intermediaria. Como ha quedado confirmado por la jurisprudencia española al respecto.

Este reparto de responsabilidades viene determinado por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), de aplicación directa en toda la UE que define el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios digitales cuando actúan como plataformas de intermediación. Y que claramente define la responsabilidad de la información sobre el anunciante.

La nueva Ley 10/2025, que modifica la normativa de consumidores y usuarios, no altera este régimen ni convierte a las plataformas en responsables del contenido publicado por terceros, manteniéndose la calificación de idealista como mero prestador de servicios digitales.

No es la primera vez que se cuestiona la responsabilidad de idealista respecto del contenido de los anuncios publicados por terceros. 

En ocasiones anteriores, estas interpretaciones han sido objeto de revisión judicial y, en doce sentencias firmes, los tribunales han declarado la nulidad de las sanciones impuestas, confirmando la correcta aplicación del marco europeo de responsabilidad de las plataformas.

Este tipo de comunicaciones institucionales suelen tener una amplia repercusión mediática y buscan un relato político que tiene que ver con la ley, mientras que las resoluciones judiciales que se dictan posteriormente no siempre reciben la misma atención, lo que puede generar una visión parcial sobre cómo funciona realmente el régimen de responsabilidad de las plataformas digitales.

Idealista dispone de un código de buenas prácticas y de diversas herramientas orientadas a facilitar que los anunciantes cumplan con sus obligaciones legales, promoviendo un uso responsable y conforme a derecho de la plataforma.

Idealista mantiene una actitud de máxima colaboración con las autoridades y comparte el objetivo de que toda la información publicada por los anunciantes cumpla con la legalidad vigente.