Biomasa o cenizas: el coste económico de no gestionar los bosques
En el programa Visual Seveif todo esto está contemplado con el objetivo de que la estimación del impacto económico de los incendios forestales sea lo más precisa posible / Pixabay
Este pasado verano nuestro país fue asolado por extraordinaria oleada de incendios que sorprendieron por su intensidad; ardieron cerca de 400.000 hectáreas, con un trágico coste en términos económicos y de vidas humanas. Pronto, en el fragor de la batalla política de la exigencia de responsabilidades, el gobierno se sacó de la manga una propuesta de Pacto de Estado por la Emergencia Climática.
La realidad es que sólo trata de teatralizar y exagerar las discrepancias con los otros, los “del otro lado del muro de Sánchez”. Porque la manoseada propuesta deja fuera y en el olvido un marco referencial imposible de ignorar si se quiere trabajar seriamente en la descarbonización; entre otras, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que nada pactó en su trámite parlamentario, salvo con los “propios”; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 2020 y su reciente revisión de septiembre de 2023, que ni siquiera se debatió ni votó en el Parlamento; y ya que de pactar se trata, hay que recordar que el Pacto Energético que Feijoó trasladó a Sánchez en septiembre de 2022 no tuvo respuesta.
En definitiva, teatro gubernamental para sostener su muro y aparentar gestión. Porque no es posible pretender medidas eficaces en la lucha contra el cambio climático si no se considera la dimensión energética que el gobierno no ha tenido hasta ahora vocación de pactar con quien tiene la primera obligación de hacerlo, con el grupo mayoritario de las Cortes.
Los primeros en superficie forestal y los últimos aprovechándola
Representaciones fingidas al margen, los incendios cobran una dimensión energética que está siendo ignorada. Los auténticos expertos advertían en pleno desastre que los incendios se apagan en invierno.
Es el momento de planificar la gestión de nuestros bosques. Pero mientras se suceden cada año los estudios teóricos y los diagnósticos, el invierno llega y los debates de salón se quedan. España afronta una paradoja que las cifras ya no permiten ignorar. Somos el segundo país de la Unión Europea con mayor superficie forestal —el 55 % del territorio nacional— y, sin embargo, figuramos entre los últimos en aprovechamiento energético de la biomasa. Mientras tanto, los incendios forestales convierten cada verano nuestros montes en una de las principales fuentes de emisiones de CO₂, destruyen capital natural y multiplican los costes económicos y climáticos del país.
El problema es la falta de recursos para una gestión eficiente de nuestra masa forestal. Los bosques españoles crecen cada año en torno a 46 millones de metros cúbicos de biomasa, de los que solo se valoriza un 40 %, muy por debajo de la media europea. La consecuencia es una acumulación de combustible vegetal que dispara el riesgo de incendios cada vez más intensos, más caros y más difíciles de extinguir.
Incremento de las emisiones en 2025
Desde una perspectiva económica, el incendio forestal no es solo una catástrofe humana y ambiental; es una quiebra del balance climático nacional. Porque si nuestros bosques pierden capacidad de absorción anual de CO2, lo pagan todos los sectores económicos. Cada gran fuego transforma el principal sumidero de carbono en una fuente masiva de emisiones que después debe compensarse con mayores recortes en sectores productivos como la industria, el transporte o la energía.
En 2025, según el informe del Observatorio de Sostenibilidad publicado este mes de enero, se estiman en 19 millones de toneladas de CO2, cuatro veces más respecto a los anteriores, más de la mitad de lo que absorben nuestros bosques en un año. No extraña que contribuyera, -junto a con la operación reforzada del sistema eléctrico tras el gran apagón-, a que España aumentara un 0,6% sus emisiones el pasado año y quedará lejos de su objetivo de reducción para 2030, que tendría que ser de un 7% anual.
En un contexto en el que España se enfrenta a más de 6.000 millones de euros en costes asociados al CO₂ industrial hasta 2034, ignorar la mala evolución en España resulta sencillamente suicida.
Gestión activa y aprovechamiento energético de la biomasa
La alternativa para incrementar la contribución de nuestra masa forestal a la descarbonización existe y es conocida: gestión activa y aprovechamiento energético sostenible de la biomasa. Retirar de forma planificada árboles envejecidos, restos de podas y biomasa muerta reduce drásticamente el riesgo de incendios, genera energía gestionable —no dependiente del sol ni del viento— y crea empleo en zonas rurales afectadas por la despoblación.
Cada millón de toneladas de biomasa movilizada puede atraer hasta 1.600 millones de euros en inversión y generar miles de puestos de trabajo locales. La biomasa quemada en los incendios de 2025 contenía una energía equivalente a más de 150.000 barriles de petróleo abandonados en el monte. Gestionada correctamente, esa biomasa podría sustituir importaciones de combustibles fósiles, reducir emisiones y aportar estabilidad al sistema eléctrico.
Sin embargo, las prioridades presupuestarias cuentan otra historia. De los casi 28.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation destinados a la transición ecológica, apenas un 0,1 % se ha dedicado a conservación forestal y prevención de incendios. El gasto estatal en gestión forestal sostenible no alcanza los 100 millones de euros anuales y, lo que es más preocupante, ni siquiera se ejecuta: en la primera mitad de 2025 solo se había desembolsado el 2,7 % de lo presupuestado. Los expertos estiman que serían necesarios al menos 1.000 millones de euros al año para gestionar adecuadamente la biomasa forestal a escala nacional.
España dispone de estrategias, planes y diagnósticos, pero carece de un marco operativo creíble: sin objetivos ambiciosos, sin señales regulatorias claras, con legislaciones que hacen casi imposible en la práctica la limpieza del bosque y sin un sistema retributivo que permita atraer inversión privada e incentivar a quienes viven del campo para prestar servicios ambientales. El resultado es un sector con potencial económico probado que permanece infrautilizado.
La disyuntiva es clara. O se invierte en gestionar la biomasa de forma sostenible, generando energía, empleo rural y resiliencia climática, o se asume el coste creciente de incendios devastadores que destruyen capital natural, aumentan las emisiones y encarecen el cumplimiento de los compromisos climáticos. Con los bosques, como con la economía, no actuar también es una forma de hacerlo. Y en este caso, es la más cara.