Peajes y cargos, el coste oculto de una política energética desequilibrada

España tiene una oportunidad histórica para convertirse en una auténtica potencia energética europea en el contexto global de la descarbonización. Pocas economías cuentan con una combinación tan favorable de recursos; sol, viento, territorio, costa, biomasa y capacidad de conversión en biogás. Pero debemos saber aprovecharlo de manera racional, eficiente y competitiva.

El boom fotovoltaico de Rodríguez Zapatero, contribuyó a un déficit de tarifa cercano a los 30.000 millones de euros y llevó al sistema eléctrico al borde de la quiebra y a muchos promotores a la ruina. Y ahora, con Sánchez el despliegue de fotovoltaica en los últimos años ha sido demasiado desequilibrado. 

La energía fotovoltaica ha pasado del 3% del total de la generación en 2018 al 18% en 2025, con una potencia instalada que se ha multiplicado por 10, de 4.700 MW a casi 50.000 MW en 2025. A ello se añaden 10.000 MW más de autoconsumo, no visible para el operador del Sistema.

Esa potencia es “electrónica”, no mecánica, que obliga a operar la red de manera distinta. Y la operación de un sistema eléctrico “nuevo” y muy diferente al de 2018 exige tecnologías, equipos y digitalizaciones que antes no existían o no eran necesarios. Y nueva regulación. Muchos de los procedimientos de operación antes del apagón, eran del año 2000.

Todo era previsible pero esa nueva estructura operativa técnica y regulatoria solo se ha activado, con prisas, después del gran apagón, con mayores costes. El Gobierno aprobó con urgencia 65 actuaciones urgentes en la red de transporte por importe de 750 millones de euros. Y tiene en marcha un Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y aumenta límites de inversión que habilitan para inversiones retribuidas en la red de transporte eléctrico de más de 13.000 millones de euros, un aumento del 62%.

Ahora la reciente actualización de los peajes y cargos eléctricos para 2026, aprobada por el Gobierno con el respaldo de la CNMC, nos recuerda que todo esto hay que pagarlo. Los peajes y los cargos a los consumidores suben y la CNMC extiende a todo 2026 los procedimientos “excepcionales” para la operación reforzada, que tiene sobrecostes para los consumidores, estimados, según la fuente, entre 400 y 800 millones de euros.

Esto lo pagan los consumidores

La CNMC establece los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución con un coste total, de 6.608 millones de euros. La retribución media para las empresas eléctricas será del 4,1%. En el caso del transporte en alta tensión, de Red Eléctrica, la retribución sube el 12,1%, hasta 1.185 millones de euros y en el de la distribución, las líneas en media y baja tensión que explotan las grandes eléctricas, el alza es del 2,5%, hasta 5.423 millones. 

Esto lo pagan los consumidores en sus facturas como costes regulados en la parte “fija” de sus facturas.

Pero el Gobierno espera que parte de esa subida se compense con más demanda conectada y mitigue el impacto en cada consumidor. El problema es que la demanda nueva no puede conectarse por que la red está saturada con peticiones de nueva potencia renovable que multiplica varias veces la necesidad estimada hasta 2030. 

Pese a ello, el Ministerio “solo” ha subido el 10,5% los cargos que afectan a su competencia- Y la CNMC ha aprobado una subida media del 0,5% pero con impacto muy desigual según el tipo de consumidor, con un descenso del 1,3% para los pequeños clientes domésticos de la tarifa 2.0 TD, y los consumidores industriales de la 3.3 TD, que desciende un 4,1%. Pero a costa de un aumento del resto de clientes, que registran aumentos de entre el 2,5%, el 4,6% y el 10,2%, según sus tarifas.

Y hay que sumarle el debate nuclear

En una empresa con tarifa 6.1 TD, 451 kW de potencia contratada y un consumo anual de 2,49 GWh, el incremento anual de los costes regulados asciende a 5.679 euros más IVA. El impacto más llamativo no procede solo del uso de la red, sino de decisiones regulatorias que forman más parte de políticas sociales o transversales que del sistema eléctrico, como el aumento del 86% en la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de más del 50% en la financiación del bono social eléctrico. Políticas legítimas, pero financiadas de forma opaca a través de la factura eléctrica, erosionando la competitividad empresarial.

A ello se suma el debate nuclear. Algunos estudios utilizados por los detractores de la prolongación de la vida útil de las centrales sostienen que, si los reactores operaran hasta 2035, se perderían más de 350 TWh de generación renovable entre 2028 y 2035 por saturación de la demanda, lo que frenaría la inversión y aumentaría las horas con precios negativos. 

Sin embargo, la conclusión que se extrae suele olvidar al consumidor. La nuclear reduce la necesidad de respaldo con gas, limita las emisiones y disminuye las inversiones compensatorias en red. Diversos análisis estiman que su mantenimiento podría suponer ahorros para los consumidores de entre el 25% y el 35%.

Además, aunque las renovables produzcan a coste casi cero, cobran al precio de la tecnología más cara que entra en cada cuarto de hora. Un modelo que ha resultado muy rentable para grandes fondos de inversión, pero no necesariamente para los consumidores. 

Existen alternativas, como las subastas de precio fijo a medio y largo plazo, que permiten seguir desarrollando renovables sin trasladar volatilidad al consumidor.

Sin embargo, el Gobierno lleva más de tres años sin convocarlas. Porque también para eso hace falta un diseño eficiente; la última subasta intentada en 2022 fue un fracaso, adjudicando apenas un 1% de la capacidad subastada, porque el precio limite que se fijó era irreal bajo en un contexto de mercado con precios disparados.

No se trata de encarecer el precio a los consumidores, para que no haya tantos vertidos o precios cero o negativos por exceso de oferta renovable, sino de equilibrar despliegue, oferta y demanda. Es el desequilibrio y la inseguridad jurídica lo que retraerá la inversión. Mientras se afirma estudiar la prórroga de centrales como Almaraz, se planifican inversiones en red dando por hecho su cierre, incrementando costes que se trasladan a la factura.

En definitiva, España debe aprovechar al máximo sus recursos renovables, pero de forma eficiente, equilibrada y competitiva. Hacerlo de manera irracional y desequilibrada no abarata la energía: la encarece y no beneficia a nadie. Y la pregunta clave sigue siendo la misma: ¿Dónde queda el interés del consumidor eléctrico?