Díaz hará una ley para dar más participación a los trabajadores en los consejos de administración

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que desde su cartera impulsarán una ley para dar más participación a las personas trabajadores en los consejos de administración de las empresas con umbrales legales mínimos basados en el tamaño de la plantilla.

"Una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía", ha defendido Díaz este lunes al recibir el Informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo.

En el informe se concluye que la gobernanza corporativa que define la economía española no ha tenido en cuenta las dos promesas del artículo 129.2 de la Constitución española.

Dicho artículo establece que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Por tanto, la titular de Trabajo ha indicado que en cumplimiento del acuerdo de Gobierno de coalición y el mandato constitucional, desde su cartera impulsarán una propuesta legislativa para desarrollar el artículo 129.2 de la constitución y elaborar la primera ley que regule la democratización de las empresas en España y lo hará en el marco del diálogo social con los agentes sociales, por lo que abrirá una mesa de negociación.

Es gracioso, que se utilice el amparo de una supuesta democracia para acceder a los consejos de administración cuando esta posibilidad ya es factible. Sólo tendrían los empleados que comprar acciones de su empresa, sindicarlas y pedir, en función de su volumen, una participación en el órgano rector de la empresa.

Esto ya sucede en muchas empresas, especialmente en las alemanas pero no se lleva a cabo por el artículo 33 sino porque los trabajadores, compran y reciben acciones de su empresa, en muchas ocasiones como forma de pago, se unen y deciden tener un representante en el consejo para defender sus intereses. Hacerlo de otra forma es muy comunista, como le gusta a la Ministra que todo lo hace por decreto-ley y sin consenso. 

Durante la presentación del informe, la presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, ha indicado que España está entre los países que menos desarrollados tiene el reconocimiento de las personas trabajadoras y, aunque existen comité de empresas y representación sindical, los derechos de representación que tienen los trabajadores son muy limitados y no permiten la participación estratégica.

"Dieciocho de los veintisiete países europeos han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores y trabajadoras en empresas del sector público y a menudo también privado a estar representados en los consejos de administración de las empresas, y aquí España se sitúa a la cola del tren europeo", ha expuesto.

Los expertos proponen, entre otras cuestiones, fortalecer las normas de los comités de empresa, en particular en lo que se refiere a los derechos de información y consulta, un nuevo derecho de los comités de empresa a configurar y dar su consentimiento a la Inteligencia Artificial (IA), introducir a las personas trabajadoras en los consejos de administración con umbrales legales mínimos basados en el tamaño de la plantilla y nuevos umbrales mínimos para el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad.

Este índice sirve para "medir" la democracia en las empresas 

El grupo de expertos ha planteado un sistema para evaluar el grado de democracia en el trabajo a través de un índice de desarrollo democrático corporativo basado en dos escalas que miden el acceso a la voz y propiedad de los trabajadores en las compañías.

De esta manera, cada empresa recibirá una calificación en cada una de las dos escalas (voz y propiedad) y dicha calificación determinará su nivel de disponibilidad y acceso a las escalas del Ministerio del Trabajo a la contratación pública.

"A nivel empresarial, las empresas avanzaran a una trayectoria de democratización, con voz y propiedad. En pocos años los gobiernos podrán anunciar umbrales mínimos vinculados con una adaptación de los tipos impositivos y ayudas públicas. En 10 años, la economía española progresara de forma duradera en el cumplimiento de las promesas constitucionales", ha añadido.

La ministra de Trabajo ha defendido que con este informe se da un paso adelante en una reforma pendiente en el ámbito empresarial y ha pedido a los constitucionalistas en España abracen el informe "con cariño" porque no se puede aceptar que se gobierne empresas sin el consentimiento de los trabajadores.