La desindustrialización silenciosa de España

Desindustrialización

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España está perdiendo su industria mientras el Gobierno presume de recuperación económica, transición ecológica y fondos europeos. Pero la realidad es mucho más incómoda: cada vez es más difícil producir en nuestro país y por qué no decirlo también vivir. 

Y cuando producir deja de ser rentable, lo demás es solo cuestión de tiempo —tiempo para que se paralicen inversiones, para que se reduzca la producción y para que empiecen los ajustes de plantilla—, un tiempo que ya ha comenzado a correr.

Mientras se reparten anuncios y titulares, nuestras industrias electrointensivas y calorintensivas —la siderurgia, la metalurgia, la química— pierden competitividad a marchas forzadas. ¿La razón? Muy clara: costes energéticos elevados, inseguridad regulatoria y ausencia de una política industrial coherente.

España lleva años perdiendo peso industrial. La industria representa hoy en torno al 15,5%–16% del PIB, lejos del objetivo europeo del 20% fijado en la estrategia industrial de la UE, y claramente por debajo de economías como Alemania (más del 22%) o Italia (en torno al 18%). Esta diferencia no es solo estadística: refleja una menor capacidad productiva, menor valor añadido y menor resiliencia económica.

El factor más determinante es el energético. En los últimos años, el precio de la electricidad para consumidores industriales en España se ha situado de forma recurrente por encima del de países como Francia, donde el parque nuclear actúa como estabilizador, o Alemania, que ha desplegado paquetes de apoyo directo a su industria electrointensiva por valor de decenas de miles de millones de euros. En sectores como el aluminio, el acero o la química básica, donde la energía puede suponer entre el 30% y el 50% de los costes, esta brecha es crítica.

A ello se suma la presión de los costes regulatorios y del CO₂. España ha incrementado notablemente la recaudación por derechos de emisión —superando ampliamente los 2.500 millones de euros anuales— sin que esa recaudación se traslade de forma efectiva a la industria en forma de compensaciones suficientes, como sí ocurre en otros países europeos.

Se prometieron PERTE transformadores, una reindustrialización histórica y el aprovechamiento de los fondos europeos. Pero lo que hemos visto ha sido lo contrario: convocatorias tardías, baja ejecución y proyectos que no han alcanzado el impacto esperado. España ha comprometido grandes volúmenes de fondos, pero su ejecución efectiva en el tejido productivo sigue por detrás de otras economías europeas, donde la canalización hacia la industria ha sido más ágil y estratégica.

España no tiene un problema de recursos. Tiene un problema de gestión y de prioridades. Mientras otros países han utilizado los fondos europeos para reforzar su base industrial —Francia apostando por la nuclear y el hidrógeno, Alemania subvencionando directamente su industria electrointensiva y reduciendo costes energéticos—, aquí se han utilizado en gran medida para sostener el relato político, sin abordar los problemas estructurales.

Basta mirar a Cantabria, donde la planta de Solvay en Barreda, uno de los mayores complejos industriales del norte de España, afronta un proceso de ajuste laboral que deja en el limbo a decenas de trabajadores. Una empresa centenaria, un referente industrial, obligada hoy a reestructurarse no por falta de capacidad o tecnología, sino porque el entorno económico y energético se ha vuelto cada vez menos competitivo.

Lo mismo ocurre en el País Vasco, uno de los principales polos industriales del país, donde empresas como Tubos Reunidos llevan años alertando del deterioro de las condiciones para producir: aumento de costes, incertidumbre regulatoria y desventaja frente a competidores internacionales.

No es un problema sectorial. Es un problema estructural.

Mientras tanto, el Gobierno sigue abordando la transición energética como un objetivo aislado, sin integrar su impacto industrial. Pero la transición no puede hacerse a costa de la industria. Porque cuando la producción se desplaza fuera de Europa, lo que se genera no es sostenibilidad, sino fuga de carbono y dependencia exterior.

Dependencia de países con menores exigencias ambientales. Dependencia de cadenas de suministro más vulnerables. Dependencia, en definitiva, de un modelo menos seguro y menos sostenible.

Lo más grave es que las soluciones existen y son conocidas. Desde el Partido Popular llevamos meses proponiendo una reforma estructural del marco energético que permita devolver competitividad a nuestra industria.

Una reforma que pase, en primer lugar, por reducir cargas fiscales como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, lo que permitiría actuar de forma directa sobre el precio de la electricidad.

Del mismo modo, ajustar la fiscalidad energética —incluido el IVA— contribuiría a aliviar la presión tanto sobre los hogares como sobre el tejido productivo.

A ello debe sumarse el refuerzo de las compensaciones por CO₂ y de los mecanismos de apoyo a la industria electrointensiva, imprescindibles para garantizar que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo.

Asimismo, impulsar decididamente la cogeneración industrial permitiría mejorar la eficiencia, reducir costes y avanzar en la descarbonización de forma realista.

Sin embargo, estas medidas no se están aplicando con la ambición ni la urgencia que exige la situación, porque se ha optado por un modelo en el que el Estado recauda más mientras la industria pierde competitividad.

Pero estas medidas no se están aplicando con la ambición ni la urgencia necesarias. Porque se ha optado por un modelo en el que el Estado recauda más mientras la industria pierde competitividad.

Se habla mucho de soberanía industrial, pero la soberanía industrial no se construye con eslóganes. Se construye garantizando que producir en tu país sea viable.

Y hoy, en España, en demasiados sectores, no lo es.

Por eso lo que estamos viendo no es una transición ordenada, sino una desindustrialización progresiva.

Una desindustrialización que no se reconoce, pero que se percibe en cada planta que reduce producción, en cada inversión que se desplaza a otros países y en cada trabajador que ve peligrar su empleo.

Porque cuando un país pierde su industria, pierde mucho más que fábricas: pierde empleo de calidad, pierde autonomía económica y pierde capacidad de decisión sobre su propio futuro.

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Y eso es exactamente lo que está en juego.