Fedea advierte de que proteger al inquilino de hoy puede excluir al de mañana

FEDEA acaba dehacer público un nuevo número de su colección Apuntes, “La paradoja de la protección contractual”, de Benito Arruñada. 

El trabajo analiza un mecanismo central de la economía política de la vivienda: cuando jueces y legisladores reescriben contratos ya firmados o debilitan su cumplimiento para proteger a una de las partes actuales, suelen perjudicar precisamente a quienes, con una fragilidad similar o mayor, intentarán contratar después.

En el alquiler residencial, ese efecto recae sobre todo en los futuros inquilinos más vulnerables.

La tesis del Apunte es que el conflicto principal no se da entre propietarios e inquilinos, sino entre inquilinos actuales y futuros. El beneficio para quien ya tiene contrato es visible, inmediato y políticamente rentable. El coste para quien todavía no ha contratado aparece más tarde y casi sin rostro: menos oferta, filtros más duros, más garantías exigidas y más dificultad de acceso.

España ofrece un caso especialmente claro. Arruñada sostiene que desde 2020 se ha reforzado una secuencia conocida: se concede alivio a los contratos en vigor, se desplaza el coste fuera del presupuesto y se deja que lo pague el mercado del alquiler de mañana. 

En Cataluña, primera comunidad en aplicar el nuevo régimen de la Ley 12/2023 y en declararse zona tensionada, el número de contratos cayó en 2024 un 10,8 % respecto a 2023 —un 14,9 % en Barcelona ciudad—, mientras la renta media anual aumentó un 1,1 % en el conjunto de Cataluña y un 1,0 % en Barcelona, según el registro oficial de fianzas del Incasòl citado en el trabajo.

La evidencia disponible apunta, además, a un efecto más claro sobre la contracción de la oferta y de la contratación que sobre la contención de los precios.

El documento no sostiene que toda protección contractual sea dañina. Distingue entre garantías que facilitan la contratación ex ante y reglas imperativas y retroactivas que reescriben contratos ya firmados o dificultan su cumplimiento. 

El problema surge cuando se pretende resolver por decreto-ley o mediante reglas provisionales de efecto inmediato un problema estructural y se hace recaer su coste sobre una de las partes del contrato privado. 

Esa fórmula permite exhibir un alivio visible desde hoy, pero traslada al mercado la inseguridad jurídica y la contracción de la oferta.

De ahí la regla práctica que propone el Apunte: si la sociedad quiere ayudar a un hogar vulnerable, debe hacerlo con presupuesto público y no trasladando el coste a propietarios concretos. 

La ayuda de emergencia, en esa lógica, ha de ser personal, temporal y condicionada. La contratación ordinaria exige, en cambio, reglas generales y prospectivas, ejecución rápida y límites estrictos a la retroactividad.

El trabajo subraya además que la otra gran tarea está en la oferta. Suelo, licencias, tiempos administrativos, tiempos judiciales y fiscalidad de la movilidad siguen frenando la expansión del parque de alquiler.

Mientras ese cuello de botella persista, cualquier intento de repartir la escasez por decreto tenderá a endurecer el acceso para quienes llegan al mercado en peor posición.

En suma, el Apunte sostiene que muchas políticas de vivienda no fallan por mala intención, sino por un equilibrio político que premia el alivio inmediato y oculta sus costes futuros.

En este terreno, proteger al débil de hoy a costa del contrato puede significar excluir del mercado al débil de mañana.