Tras el apagón, el “impuesto al sol” de Sánchez

La semana pasada comentábamos en estas páginas que, al fin, un informe oficial, el del Senado, ponía nombres y apellidos a los responsables del gran apagón, casi un año después. Y que era hora de la asunción de responsabilidades políticas.

Este próximo martes se cumplirá el año exacto del gran apagón y podemos hacer balance. Nos han contado muchas cosas. Han querido construir un laberinto de “causas multifactoriales” en las que el ciudadano no experto en el sector acabe perdido y en un callejón sin salida. Pero en su empeño de acumular un relato de fallos en cadena, han venido a demostrar que lo que realmente falló fue el sistema. Que no fue un accidente imprevisible. Que pudo evitarse.

Los responsables están definidos en la Ley pero falta el porqué

Ante tan contundente y sencilla conclusión, en la que coinciden todos los informes conocidos, ya no es tan difícil identificar a los culpables, como hizo el Senado. Están claramente definidos en la Ley del Sector Eléctrico los responsables de garantizar el suministro. No sorprende que, según las últimas encuestas, los españoles señalen como culpables del gran apagón a Red Eléctrica y al gobierno, por este orden.

Las piezas encajan. Lo que sigue sin encajar es el porqué. Se dice que por impulsar las renovables por prejuicios ideológicos. Pero puede ser algo mucho más profundo que un desequilibrado apoyo a las tecnologías verdes.

Porque el apagón, ya se ha dicho, no fue un accidente meteorológico ni un comportamiento técnico imprevisible de nuestras redes. Lo que no se ha dicho tanto es que fue el resultado de una acumulación de decisiones… y, sobre todo, de no decisiones.

Las decisiones para revertir la liberalización

Por el lado de las decisiones el problema es que una parte del Ejecutivo, -el que se declara orgullosamente comunista-, nunca ha creído en un mercado eléctrico verdaderamente liberalizado. Me temo que Sánchez tampoco. Prefieren uno tutelado, dirigido y controlado, porque el beneficio empresarial para ellos es una captura ilegitima del valor creado por los trabajadores, una explotación, según ellos, con la que hay que acabar. Con esa mentalidad del siglo pasado, han visto en el control del acceso y conexión a las redes eléctricas la llave maestra para acabar con la liberalización “por la puerta de atrás”.

Primero se generó la congestión: inversiones ralentizadas, nudos reservados, subastas que no llegaban. Después, la “solución” con el reciente Real Decreto Ley 7/2026: que el Gobierno decida quién entra y quién no, bajo nuevas etiquetas tan solemnes como discrecionales. Proyectos estratégicos, proyectos energéticos preferentes, proyectos de excelencia social y territorial… Todos proyectos en los que decidirá el gobierno quienes podrán colarse mientras los demás esperan su turno en la larga lista de espera provocada por la congestión.

Paralelamente se promovió masivamente el autoconsumo, para “democratizar” la energía y arrebatársela a las “sucias garras del beneficio empresarial y capitalista”, hay que suponer. Y así acabamos con 8.000 MW de autoconsumo. Una vez y media más que los 7.000 MW de centrales nucleares en España. Y por aquí llegó el momento de la irresponsabilidad de las no decisiones.

Las no decisiones para no asumir un coste político

Con 8.000 MW de autoconsumo y otros 42.000 MW de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, el mix energético estaba cambiando a una velocidad de vértigo, con más renovables no gestionables y menos potencia tradicional síncrona. Cambió el mix y cambió el perfil de la demanda. Que quería conectarse y no podía. Que se salía del sistema, con su autoconsumo, pero recurría a él cuando le resultaba necesario. Hubo sustos meses antes, que se salvaron “in extremis”. Los informes lo apuntaban. Pero quien debía actuar con medidas normativas y tecnológicas, el gobierno, no lo hizo. ¿Por qué? Porque actuar tenía coste político.

Imponer obligaciones técnicas y económicas a la fotovoltaica o al autoconsumo para sostener la estabilidad de la red —servicios de ajuste, control de tensión, respaldo— sonaba peligrosamente parecido a resucitar el anatema del “impuesto al sol” con la que Sánchez y el PSOE martilleaban contra el intento del gobierno de Rajoy de imponerle normativa que le obligara a contribuir a la sostenibilidad técnica y económica de nuestras redes eléctricas. Ni Sánchez ni nadie en el Gobierno quería cargar con ese titular. Mejor mirar hacia otro lado.

Ahora llega el “impuesto al sol” de Sánchez

Un año después, bien tapado y enmascarado con el laberinto de las causas del gran apagón, el gobierno ha puesto en marcha su propio “impuesto al sol”. Esta semana entró en vigor el nuevo Procedimiento de Operación (P.O. 11.1: los Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Español). La Resolución de 16 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto amplía el ámbito de protección a distribución, generación renovable, almacenamiento y consumo: todo lo que caiga en la nueva «red crítica» (nudos con tiempo crítico < 1 segundo) queda obligado. Y por primera vez, hay una sección específica para alta penetración de generación basada en inversores (IBR), eólica y solar, y sus efectos sobre las protecciones convencionales. No le llamarán “impuesto al sol” pero lo es tanto como el que llamaron “impuesto al sol” de Rajoy. El de Sánchez era necesario mucho antes.

Más restricciones técnicas y un mercado más estrecho e intervenido

Pero la diferencia ahora es que la carga que se añade a las renovables y el autoconsumo va acompañada de una intervención en el mercado que se ha vuelto más sofisticada. Cuando aparece la “garantía de suministro”, la competencia deja de premiar al más eficiente en términos económicos (casación en el pool) y pasa a elegir al que ofrece seguridad, aunque resulte más costoso (gestión de servicios de ajuste). Lógico. Lo inquietante es quién puede ofrecer esa seguridad hoy por hoy y desde el gran apagón. Las grandes eléctricas, sí. ¿Las pequeñas renovables? No, porque la regulación que permitiría su participación estuvo esperando muchos años en algún cajón ministerial.

Así, en nombre de la transición, se estrecha el mercado. Y lo que debía ser fruto de la competencia acaba siendo selectivo por las congestiones y la falta de regulación suficiente. No por fallo del sistema ni de las tecnologías en juego, sino por diseño regulatorio. Y eso, curiosamente, aún no figura en ningún informe oficial.