Un año después del apagón, el Senado pone nombres a un fracaso que pudo evitarse

El Informe de Conclusiones aprobado este viernes en la Comisión de Investigación del Senado no introduce una revelación inesperada. Viene a ratificar el relato de hechos que, en lo sustancial, ya recogían tanto el Informe de la CNMC publicado el pasado 19 de marzo, como en el Informe de ENTSO-E, publicado al día siguiente: el colapso del sistema eléctrico no fue un accidente o evento imprevisible, sino un fallo multiórgánico del sistema como consecuencia de una cadena de decisiones erróneas, retrasos regulatorios y falta de anticipación institucional que viene de lejos.

La novedad del informe del Senado: culpables gobierno, CNMC y Red Eléctrica.

La novedad del informe de la Cámara Alta es que se atreve a señalar, con nombres y apellidos, a los culpables y a los responsables. Y lo hace porque cuenta con abundantes pruebas acumuladas durante muchos meses de investigación. Base documental, comparecencias y…los audios, ay los audios, esos que Red Eléctrica se ha resistido a entregar a la Comisión como gato panza arriba.

El señalamiento no ofrece dudas. Gobierno, CNMC y Red Eléctrica de España aparecen como responsables, en distintos planos, de un mismo fallo sistémico.

La responsabilidad política

El primer nivel de responsabilidad es político. Durante años, el Ejecutivo ha diseñado una política energética de despliegue acelerado de fotovoltaica y autoconsumo, sin acompasarlo con el desarrollo de las infraestructuras necesarias para garantizar la estabilidad del sistema. Se aceleró la generación y la electrificación de la demanda, sin reforzar las redes que debían evacuarla y equilibrarla, debilitando así la fiabilidad del suministro y congestionando el acceso y conexión. Y cuando ese desequilibrio desembocó en el apagón, la respuesta fue toda una confesión de parte: actuaciones urgentes, modificaciones regulatorias exprés y un aumento tardío de la inversión que, lejos de resolver el problema de fondo, trasladó costes adicionales a los consumidores.

No se trata de una crítica ideológica, sino de una evidencia técnica: el propio marco de planificación energética del PNIEC reconoce la necesidad de multiplicar la inversión en redes hasta los 53.000 millones de euros antes de 2030, pero el gobierno se empeñaba en mantener los límites legales que apenas permitían alcanzar una tercera parte de esa cifra…hasta que, después del apagón, por fin aceptó superarlos.

La responsabilidad regulatoria

El segundo nivel de responsabilidad recae en el regulador sectorial independiente, la CNMC. No actuó con arreglo a su función de contrapeso técnico eficaz a las tentaciones electoralistas de los gobiernos de turno, -contrapeso esencial en un sector que necesita de estabilidad regulatoria para recuperar inversiones de muy largo plazo-, observando pasivamente y en silencio el desequilibrio que la política gubernamental generaba en nuestro sistema. Incurrió en retrasos injustificables en la aprobación de circulares clave para adaptar la operación del sistema a los nuevos requerimientos y sólo después del apagón protagonizó conflictos abiertos con el Gobierno… ¡sobre la retribución de las redes, para poner de nuevo límites a su ampliación!

La guinda de su clara responsabilidad es su renuncia a realizar, como era su deber de regulador sectorial independiente, un informe sobre las causas del apagón y sus responsables, presentando en su lugar un informe de recomendaciones. Resulta enternecedor su posterior anuncio, -ante las críticas-, de iniciar el señalamiento de responsables con futuros “expedientes sancionadores”; es tanto como decir que en la CNMC sólo se contempla como posibles responsables a los operadores, Red eléctrica o las empresas privadas, pretendiendo blindar así de todo señalamiento a la propia CNMC y al gobierno.

Al menos hay que decir en su favor, es justo hacerlo, que en su informe se atrevió a concluir una verdad muy relevante: el apagón pudo evitarse, lo que descarta la tesis del accidente, evento imprevisible, caso fortuito o fuerza mayor.

La responsabilidad operativa

El tercer elemento es operativo. La semipública Red Eléctrica de España, el operador legalmente designado para garantizar el suministro, -presidida por la exministra socialista Beatriz Corredor tras la dimisión del también exministro socialista Jordi Sevilla por no soportar las injerencias de la entonces Ministra Teresa Ribera-, ha demostrado su incapacidad inhabilitante para esa función tanto antes, como durante y después de apagón.

Antes, porque reúne, -o debería reunir-, el conocimiento técnico suficiente como para haber previsto las consecuencias del despliegue masivo de fotovoltaica y autoconsumo y haberlo advertido al gobierno, lo que éste niega que se hiciera.

Durante el apagón, porque todos los informes, incluidos el del Comité dependiente del Ministerio, el de la CNMC y el de ENTSO-e, destacan que las maniobras que realizó ese día para despejar los problemas de control de tensión, fueron contraproducentes y contribuyeron al colapso.

Y después del apagón, porque su falta de neutralidad, su resistencia a decir la verdad y su falta de transparencia sobre el por qué de la nueva distribución de los servicios de ajuste, con su operación reforzada, la inhabilitan para operar como juez imparcial ante grandes intereses económicos en juego, juicio imparcial que solo debe estar guiado por su obligación de asegurar el suministro.

Su guía de actuación en este último año ha sido evadirse de su propia responsabilidad y, a la vez, ayudar a evadir la del gobierno y la de la propia CNMC. Y bien premiada ha sido Red Eléctrica por ello; ahí siguen sin dimisión alguna, han recibido la mayor subvención pública en 2025, casi 1.000 M€, y el gobierno ha propuesto incrementar su negocio un 65%.

Los sobrecostes del apagón que han querido ser ocultados: falló y falla el sistema

Tras el apagón, la operación en “modo reforzado” y el mayor recurso a los ciclos combinados han evitado nuevos colapsos, pero al precio de incrementar costes y dependencia del gas. Es, en esencia, una solución de emergencia convertida en normalidad. Un parche coyuntural a un problema estructural que evidencia que el sistema no estaba preparado para la nueva matriz energética que se había impulsado desde la política. Y sigue sin estarlo. De ahí la operación reforzada y su sobrecoste.

Por eso, durante meses, Sánchez, Aagesen y la servil Corredor se han centrado en minimizar el episodio loando de manera sonrojante el “éxito de las maniobras de reposición” o en diluir responsabilidades en factores externos o “causas multifactoriales” o en culpar a las empresas privadas.

El Senado, con sus conclusiones tras la investigación, devuelve el foco a lo evidente: un sistema eléctrico no falla en su conjunto por exceso de renovables, sino por un mayúsculo desequilibrio fruto de la falta de planificación, de la insuficiente adaptación de la regulación y de la inexistencia de coordinación y control institucional por parte de los organismos públicos llamados a ello.

Hora de asumir responsabilidades

La transición energética sigue siendo una oportunidad estratégica para España. La lección del apagón no es tecnológica, sino política. No es la tecnología la culpable del apagón, sino la ideología, la mala política.

Porque cuando un sistema crítico falla, no basta con conocer lo que ocurrió. Es imprescindible corregir lo que lo hizo posible. Y, a día de hoy, la principal incógnita no es ya qué pasó aquel día, sino si quienes tenían la responsabilidad de evitarlo están dispuestos a asumir las consecuencias de su fallo, presentando su dimisión. Es hora de asumir responsabilidades. Aunque sea con un año de retraso.