Entre Turquía y Bruselas
La politización de los cargos públicos en España frente al modelo europeo: cómo la libre designación deteriora la gestión técnica y abre la puerta a la incompetencia
La bandera de España y de la Unión Europea.
Uno de los factores más correlacionados con el bienestar de un país es la calidad de su administración, algo que a su vez está completamente determinado por su independencia respecto a los partidos políticos. Un régimen que designa a dedo a los cargos de su administración consistentemente elige perfiles menos cualificados de los que podría.
En Occidente hay dos extremos: las designaciones a dedo (libre designación en la práctica, porque los requisitos de mérito y capacidad no tienen mordiente) practicada en Turquía y España, y las interferencias de los grupos en las designaciones de la burocracia europea. En todas partes, los partidos politicos tienen incentivos para influir. Pero no en todas partes se permite que suceda igual.
Como ha denunciado repetidamente la Fundación Hay Derecho (entre otros, pero ellos con datos en la mano), la contaminación de cargos directivos con designaciones partidistas en España nos ha llevado a contar con una "clase directiva" profundamente subcualificada para las tareas que tienen que desempeñar. Profesionales sin la educación relevante, sin la experiencia suficiente, y sin el criterio necesario, pueblan hoy no sólo las administraciones sino las entidades y empresas públicas, con magníficas excepciones. Estos profesionales son no sólo perjudiciales para la eficacia de sus organizaciones, sino carne de cañón para los manejos ilegales de organizaciones afines a los partidos que les colocan.
Las consecuencias de ésto para la calidad de gobierno son masivas. Además de la corrupción, la mala gestión tiene consecuencias que van desde apagones predecibles (y predichos) por una mezcla energética dictada por la ideología y no la técnica, los mantenimientos ferroviarios por debajo de los niveles seguros para liberar presupuesto para otros fines (pese a la existencia de dinero europeo para modernización de transportes), o la inversión en modernización administrativa fragmentada y fragmentaria en lugar de diseñada para optimizar el funcionamiento de las administraciones en su conjunto (de nuevo aprovechando el dinero europeo para proyectos sin asegurar su continuidad una vez gastados los fondos). No es sólo ineficiencia, es daño.
En España como en Turquía, los niveles politizados llegan abiertamente hasta las direcciones generales, y se extienden menos abiertamente hasta las jefaturas de servicio, especialmente en cuerpos policiales donde las entrevistas de las que dependen los ascensos son discrecionales y no grabadas (como los Mossos).
Al otro extremo del arco tenemos la tan denostada maquinaria europea. En el Parlamento Europeo está habiendo, esta semana, mucho ruido sindical porque los tres partidos que lo dominan (Populares, socialistas y liberales) están planeando cómo pasar a varios de sus asesores principales a altos puestos administrativos. En el Parlamento Europeo, los funcionarios no políticos (técnicos, administrativos) son la gran mayoría, y se les supone y exige neutralidad política. Los altos nombramientos son propuestos por un comité de responsables de Recursos Humanos y directores generales, pero la aprobación final está en manos de un comité político.
La consecuencia es que los funcionarios dicen percibir (así se lo han hecho llegar a Politico esta semana) que no pueden llegar a lo más alto sin llevar una etiqueta de partido en el lomo, sea real o no. Eso sí, en Bruselas y Estrasburgo, los requisitos de mérito y capacidad no son opcionales: para estar en la lista no basta con tener padrino, hay que estar realmente muy cualificado. Y allí, tanto sindicatos como partidos siguen peleando por mejorar la transparencia y reducir la capacidad de los partidos para limitar el acceso de profesionales independientes a los cargos que deben serlos.
La situación sería más próxima a la politización del Poder Judicial en España, donde la percepción de que un juez es de un partido u otro (en este caso abiertamente a través de las asociaciones judiciales politizadas) marca su capacidad de progreso en la jerarquía, como vienen denunciando las asociaciones judiciales no politizadas (y las de aquellos cuyo partido no gobierna en ese momento). Es un nivel de corrupción política, o de interferencia política indebida, menor, pero aún así sustancial.
En todos los casos se combinan dos cosas: la fragilidad creada por normas pensadas para que los partidos puedan encontrar el hueco, y la disposición de esos partidos para encontrarlo, usarlo y abusar de él.
Es cierto (y notorio) que algunos de los altos cargos administrativos provenientes del lado político han resultado excelentes gestores en Bruselas y Estrasburgo. Principalmente porque su nivel de mérito y capacidad están asegurados, pero también porque no tienen incentivos para ser seguidores fieles de quien les puso.
Pero es mucho más cierto, e igualmente notorio, que el impacto de la incapacidad y el sectarismo sobre la administración pública española es muchísimo más alto. Porque aquí la puerta está mucho más abierta, en la confianza injustificada de que los partidos no van a poner a sicofantes sin cualificación al mando. Y no es como si no tuviéramos ejemplos de cómo se puede hacer mejor.