Crisis de suministro, independencia y política

El problema institucional que no deja de aflorar

El gran apagón vino a demostrar algo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Comptencia, -el organismo regulador independiente del sector energético- tuvo que reconocer en su Informe sobre el colapso eléctrico de hace un año; la transformación de del parque de generación eléctrico español avanzó mucho más rápido que la adaptación regulatoria, operativa y física para la operación segura de las redes eléctricas.

Cierto que el informe de la CNMC no se atrevió a ir más allá y dejó sin señalar a los responsables de esa tardía adaptación regulatoria, operativa y física de las redes. Y ahí comenzó el combate público posterior entre los responsables de Redeia y los responsables de la CNMC, recordándose sus respectivas responsabilidades incumplidas, pero olvidando señalar las del gobierno que los nombró a ambos.

Y es que conforme avanzan los informes y comparecencias, cada se hace más evidente que el verdadero problema no era técnico, sino institucional.

El gobierno no dijo la verdad sobre el control de tensión

Las sucesivas comparecencias públicas de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, tras el colapso eléctrico, lejos de reforzar la confianza, terminó agravando la sensación de opacidad, parcialidad, politización y ausencia de asunción de responsabilidades.

Y lo hizo con la plena cobertura política del Gobierno, que desde el primer momento ha evitado depurar responsabilidades reales en la cadena de decisiones que condujo al deterioro de la seguridad operativa del sistema, porque dejaría en evidencia las suyas propias.

Sin embargo, según se avanzan nuevas revelaciones, lo más interesante quizá no sea la actitud de sus responsables, sino lo que el propio regulador independiente está empezando a admitir oficialmente, quizás sin pretenderlo.

Este Lunes, la CNMC reconoció en la Comisión de Investigación en el Congreso que la propuesta que Redeia les hizo para el control de tensión en 2021 exigía modificar un Real Decreto y, por tanto, era competencia del gobierno. De ese reconocimiento sólo cabe concluir que la Vicrepresidenta Tercera y Ministra, Sara Aagesen no dijo la verdad cuando afirmó públicamente que el control de tensión era competencia en exclusiva de la CNMC.

En esa misma comparecencia en el Congreso, la CNMC reconoció también que la modificación del Real Decreto que el operador del sistema consideraba necesaria suponía imponer como obligación a las instalaciones renovables la obligación del control dinámico de tensión. ¿Una modalidad de “impuesto al sol” que se podría haber imputado a Sánchez? Se desechó y en su lugar se pus en marcha una prueba de mecanismo de contribución voluntaria de las renovables al control de tensión. 

Un operador del sistema en conflicto de interés

Pasaban los años y el mecanismo no se aprobaba. Ni el obligatorio ni el voluntario. Y el operador del sistema calló y siguió operando el sistema cada vez con mayores riesgos. ¿Por orden de quién?

En el último informe al que aludimos, de 14 de mayo de 2026, Expediente INF/DE/140/25, la CNMC llega a reconocer explícitamente que la separación jurídica existente en el sistema gasista no existe en el eléctrico y que la mera separación contable y funcional del Operador del Sistema respecto del negocio de transporte puede resultar insuficiente para evitar conflictos de interés.

El regulador incluso identifica cuál es el riesgo concreto: que quien participa en la planificación de la red pueda sobrevalorar necesidades de inversión o priorizar actuaciones con mayor expectativa retributiva, especialmente en un contexto de enormes inversiones futuras en redes eléctricas que se cuentan por decenas de miles de millones de euros

La rentabilidad del apagón

La reflexión resulta devastadora después de un colapso sistémico como el que vivimos el pasado año y en un contexto de congestión de redes que ha llevado al gobierno a anunciar un nuevo Real Decreto que incremente la inversión en +63% hasta 2030. No lo pagará el gobierno, claro, sino los consumidores eléctricos en sus peajes.

Pero el problema, como señala la CNMC, es que hoy, el Operador del Sistema y el gestor de la red de transporte conviven dentro del mismo grupo empresarial, Redeia. Y ya hemos comprobado por boca de su presidenta, Beatriz Corredor., que poco le importa el interés general y lo mucho que hace para defender su cargo y su cuenta de resultados. 

Esto obliga a la CNMC a entrar en un nivel de supervisión casi caricaturesco: separación física de empleados, restricciones de acceso a información sensible, cláusulas de confidencialidad de 24 meses, control de reuniones, vigilancia sobre retribuciones variables o incluso supervisión sobre el pago en acciones de la matriz.

Además el problema español añade una anomalía adicional que el informe de la CNMC apenas puede abordar frontalmente: la contaminación política.

La debilidad institucional tiene graves consecuencias económicas

El riesgo no es únicamente económico —que quien propone inversiones pertenezca al mismo grupo que las cobra regulatoriamente— sino político: que el Operador del Sistema y gestor de la red de transporte quede condicionado por el Gobierno que controla indirectamente la matriz a través de nombramientos y alineamientos estratégicos y que es que es quien decide las inversiones y beneficios de la empresa.

La experiencia del apagón, -y lo que se va sabiendo por “goteo”-, ha evidenciado precisamente eso. Desde 2018 se impulsó gubernamentalmente una aceleración masiva del despliegue fotovoltaico mientras se retrasaban decisiones gubernamentales críticas para que las renovables estuvieran obligadas al control dinámico de tensión o sobre inversiones o normativas imprescindibles en redes que no necesariamente obligaban a su crecimiento sino a un mejor aprovechamiento de sus capacidades.

La propia planificación de transporte sigue acumulando retrasos incompatibles con el ritmo de electrificación que promovía el Ejecutivo.

Pero el operador del sistema, el gestor de la red de transporte, Redeia, calló. Y tras el apagón llegaron las prisas regulatorias, los parches y los incrementos acelerados de inversión que ahora acabarán pagando los consumidores. Y es que ha Redeia le ha salido muy rentable su silencio, con el exponencial incremento de las subvenciones e inversiones autorizadas a la empresa por el gobierno desde hace un año. 

La independencia, pivote esencial del sistema

La pregunta, por tanto, ya no es solo si el modelo funciona técnicamente. La pregunta es si sigue siendo razonable institucionalmente.

En muchos países europeos el Operador del Sistema dispone de mayores niveles de autonomía jurídica y funcional. Y el propio informe de la CNMC abre implícitamente la puerta a reconsiderar el modelo español al insistir reiteradamente en la necesidad de reforzar la independencia económica y operativa del OS respecto del grupo empresarial.

Eso obliga a plantear debates que hasta hace poco parecían tabú. Porque el apagón también ha puesto de relieve otra debilidad institucional: la insuficiente fortaleza de la propia CNMC. El regulador lleva años reclamando más medios y recursos para ejercer adecuadamente sus funciones de supervisión y vuelve a hacerlo en su Informe sobre el apagón. 

Pero simultáneamente permanece congelado en el Congreso, desde hace casi dos años, el Proyecto de Ley para recuperar la antigua Comisión Nacional de la Energía, una auténtica espada de Damocles sobre las competencias y recursos actuales de la CNMC, que hace así más difícil la plena independencia del regulador.

Una independencia del Operador del Sistema, del gestor de la red de transporte y de la CNMC que debe ser doble dimensión: respecto de los intereses económicos y respecto de los intereses políticos.

Porque cuando la seguridad de suministro depende de decisiones técnicas complejas, la captura institucional —sea empresarial o gubernamental— deja de ser un problema teórico. Se convierte en un riesgo sistémico.