Más deuda para lastrar la factura eléctrica

España volvió esta semana a Bruselas con una vieja tentación: barra libre fiscal para seguir financiando inversiones energéticas con deuda. España insistió en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en su propuesta de flexibilizar las reglas fiscales para el gasto relacionado con infraestructuras energéticas con un tratamiento similar al concedido a defensa, en línea con la idea que compartió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de Chipre.

Es para echarse a temblar a la vista de cómo ha gastado y estando gastando nuestro Ejecutivo el dinero de los contribuyentes y de los consumidores con su política energética. No hemos aprendido nada desde el déficit de tarifa de 30.000 millones de euros que nos dejó Zapatero y todavía pagamos en la factura eléctrica. Quince años después seguimos pagando en el recibo errores regulatorios y voluntarismos políticos. Y ahora el riesgo es repetir la historia bajo el envoltorio de la “soberanía energética”.

De momento nos libra Holanda, que se ha opuesto a los planes de Sánchez, Cuerpo y Ribera-Aagesen con el argumento de que no puede ser que cada vez que haya un shock la respuesta sea más deuda y más flexibilidad en las normas. “Tenemos unos elevados niveles de deuda y el problema ahora es entrar en esta fase con esa deuda elevada. Tener más deuda no es la solución", sentenció.

El gobierno estropea las ventajas de nuestra factura eléctrica

Porque el problema ya no es únicamente cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y es que, pese a la insistencia de Sánchez en vender que España disfruta de una de las electricidades más baratas de Europa gracias a las renovables, la realidad completa de la factura pone de relieve otra manipulación y otra mentira: no tenemos la factura eléctrica mas barata de la UE porque tenemos que añadirle servicios de ajuste, cargos e impuestos que nos colocan lejos de los países con gobiernos más eficientes pese a que disponen de menos renovables que nosotros.

Esos costes que dependen de la regulación y no del mercado (servicios de ajuste, cargos, peajes e impuestos) están disparándose precisamente por los desequilibrios de un sistema mal planificado y peor ejecutado en los últimos años.

El ejemplo más claro son los llamados servicios de ajuste, el coste oculto del nuevo modelo energético español. Tras el gran apagón, el sistema eléctrico opera en un “modo reforzado” que obliga a expulsar parte de la generación renovable para introducir ciclos combinados de gas que aporten estabilidad a la red. Resultado: más seguridad… pero también mucha más factura.

Hace apenas cinco años esos servicios costaban alrededor de 2 euros por megavatio hora. Antes del apagón rondaban los 15 euros. Hoy ya superan los 30 euros por megavatio hora. Si se mantiene la tendencia del primer cuatrimestre de 2026, España podría superar este año los 6.000 millones de euros de sobrecostes asociados a estos mecanismos.

Ese dinero sale directamente del bolsillo de hogares e industrias. Para sectores electro-intensivos como el cementero, donde el coste eléctrico representa alrededor del 30 % de los costes operativos, el impacto empieza a ser devastador. El sector exportaba hace una década cerca de 10 millones de toneladas y lideraba Europa. Hoy apenas alcanza 4 millones mientras Alemania, con costes energéticos más competitivos (un 30% más baratos), le ha arrebatado esa posición. Solo el incremento de costes eléctricos asociado a los servicios de ajuste supone ya unos 48 millones de euros adicionales para el sector español.

Inversiones opacas de las que no se rinde cuenta

Y mientras tanto, el Gobierno continúa gastando y dilapidando como si nada hubiera ocurrido. Aprueba 750 millones de euros para compensadores síncronos que estabilicen las redes —aunque no generan energía— mientras mantiene el cierre programado de centrales nucleares que aportan precisamente esa estabilidad además de producir electricidad. Incrementa un 65 % la inversión reconocida al operador del sistema tras el colapso histórico de la red y le otorga la subvención pública más elevada en 2025, mil millones de euros. Dedica cientos de millones en subvenciones al autoconsumo mientras durante años apenas destinó fondos europeos al refuerzo real de las redes eléctricas.

Ahora empiezan a aflorar las consecuencias. La propia CNMC ha advertido ya del impacto que el crecimiento masivo del autoconsumo puede tener sobre la estabilidad del sistema. Lo hace un año después del gran apagón. Lo hace después de que informes europeos y del propio regulador apuntaran discretamente hacia los problemas derivados de una penetración acelerada y desordenada de generación distribuida. Y lo hace pocos días después de que el Ministerio adjudicara 2 M de euros en una campaña para seguir avanzando en autoconsumo. ¿Alguien lo entiende? Porque también el operador del sistema, Red Eléctrica, lleva semanas rondando el autoconsumo para hincarle el diente del control y la supervisión, con nuevas propuestas regulatorias en trámite de consulta.

España ha pasado de apenas unas decenas de megavatios de autoconsumo a cerca de 10.000 megavatios en apenas cinco años. El equivalente a una vez y media el parque nuclear español. Pero con una diferencia fundamental: gran parte de esa potencia se integró sin visibilidad completa para el operador, sin control dinámico de tensión y sin obligaciones equivalentes de estabilidad para el sistema.

Una democratización de la energía muy poco social

Y ahora llegan las prisas. Red Eléctrica plantea nuevas obligaciones de supervisión, visibilidad y control remoto sobre instalaciones de autoconsumo, incluyendo la posibilidad de desconectarlas si generan riesgos para la operación del sistema. Restricciones e inversiones que recuerda mucho al tipo de intervenciones regulatorias que hace unos años la izquierda denunciaba como el “impuesto al sol” de Rajoy.

La diferencia es que entonces se criticaba políticamente cualquier limitación al relato de la “democratización energética”, mientras ahora el propio sistema empieza a reconocer que una expansión desordenada también tiene costes y riesgos.

Pero es que es una “democratización” muy singular. Los que mayor poder adquisitivo tienen se han beneficiado de ayudas públicas para desconectarse de la red y ahorrar en su factura eléctrica cuando esas ayudas no eran necesarias para hacer rentable su inversión. En algunos casos, quedaron amortizadas en dos años. Mientras tanto, los que menos tienen y no pueden invertir en desconectarse de la red, están pagando el sobrecoste de reforzar la red para mitigar los efectos de tanta desconexión.

Parece diseñado por “los de arriba para exprimir a los de abajo”, que diría nuestro ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Pero ha sido su gobierno, el gobierno de “progreso” el que ha montado este andamiaje que cada se tambalea más y que cada vez cuesta más mantener en pie.

Mas deuda, no gracias

El desmantelamiento y crítica política de lo que la izquierda llamó “impuesto al sol” de Rajoy está revirtiéndose ahora, de tapadillo y sigilosamente, cuando el desequilibrio ya se les ha ido de las manos. Pero sin coste político alguno y mientras siguen alardeando de un supuesto éxito de política energética que cuando se analiza en detalle no parece por ningún lado.

Y es que la obsesión de la izquierda que nos gobierna en su empeño de demonizar el beneficio empresarial y, especialmente, en el sector eléctrico acaba llevándonos a extremos y desequilibrios que paga el consumidor. De esa forma, lo coloca en el centro sí. Pero en el centro de una tormenta perfecta cuyas consecuencias paga directamente en su factura.

Permitir barra libre fiscal para el gasto en política energética es muy arriesgado con este gobierno. No solo pagarían sus malas políticas energéticas los consumidores de hoy, sino que también acabarían pagándolas los contribuyentes de mañana.