El “pase VIP” de la Moncloa: el reglamento del Congreso se dobla ante los “influencers” pero amordaza a la prensa
Fachada del Congreso de los Diputados.
Las Cortes Generales se concibieron como el templo de la soberanía popular, pero hoy sus pasillos se han convertido en el escenario de una profunda paradoja democrática.
En el Congreso de los Diputados conviven dos realidades paralelas separadas por una fina línea reglamentaria. Por un lado, los periodistas acreditados vigilan cada paso con el temor de perder su credencial por el simple gesto de levantar un teléfono móvil fuera de la zona habilitada. Por el otro, delegaciones de creadores de contenido, cámaras de productoras externas y estilistas contratados por el Ejecutivo se desplazan con total libertad por las estancias más exclusivas del palacio parlamentario.
Esta asimetría ha encendido el debate sobre el uso institucional del patrimonio público y la discrecionalidad con la que se aplican las normas de la Cámara Baja.
La trampa del articulado: el privilegio de ser "autoridad"
Para entender cómo un creador de contenido digital puede posar en zonas vetadas mientras un redactor literario se arriesga a una sanción, es necesario bucear en la letra pequeña del Reglamento del Congreso. La normativa interna, endurecida tras las reformas de la Mesa de la Cámara, impone un férreo control sobre la captación de imágenes y sonido. El objetivo oficial siempre ha sido proteger el decoro, salvaguardar la intimidad de las votaciones y evitar que se difundan conversaciones privadas o las pantallas de los teléfonos de los parlamentarios.
Sin embargo, el propio desarrollo del artículo 98 del Reglamento esconde una rendija legal: una excepción expresa para "autoridades e instituciones". Según el marco normativo, cualquier captación audiovisual fuera de las zonas comunes requiere el visto bueno de la Dirección de Comunicación y, en última instancia, de la Presidencia de la Cámara. Cuando el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, planifica una campaña publicitaria, un vídeo promocional o un despliegue en redes sociales, no actúa como un ciudadano o un medio de comunicación. Su solicitud se tramita bajo el paraguas del "uso institucional" o del "interés general". Esta condición borra de un plumazo las prohibiciones ordinarias y convierte zonas de máxima seguridad en un plató de rodaje autorizado.
Zonas prohibidas y pasillos con salvoconducto
La indignación en las salas de prensa del Congreso no nace del desconocimiento de la norma, sino de la arbitrariedad de su geografía. El Palacio de las Cortes está estrictamente parcelado mediante un código de acreditaciones de colores. Existen lugares tradicionales como los pasillos que abrazan el hemiciclo, los comedores de los diputados o las escalinatas interiores que están completamente cerrados al público general y fuertemente restringidos para los informadores. Un ciudadano que accede a la Tribuna de Invitados bajo el amparo del artículo 180 del Reglamento sabe que si saca un teléfono móvil para grabar un vídeo será expulsado de inmediato por el personal de seguridad. Un periodista que intente tomar una fotografía espontánea en un pasillo restringido se enfrenta a la retirada temporal o definitiva de su credencial de prensa.
En cambio, las recientes producciones gubernamentales (como las sesiones fotográficas para marcas institucionales y proyectos de memoria democrática) han demostrado que estas líneas rojas son permeables. Los equipos de producción externos y los influencers invitados no entran al Congreso para ejercer el derecho a la información ni para fiscalizar al poder; lo hacen bajo contratos de servicios administrativos o con pases de colaboración institucional. Al estar escoltados en todo momento por el personal de protocolo y prensa de las Cortes, y al contar con la firma favorable de la Mesa del Congreso, obtienen un salvoconducto técnico que les permite pisar la moqueta más reservada del Estado.
¿Interés general o estrategia de captación digital?
El argumento esgrimido desde el Ejecutivo para justificar estos despliegues técnicos y humanos apela a la modernización de la comunicación pública. Las administraciones defienden que para trasladar mensajes cívicos o institucionales a las generaciones más jóvenes es imprescindible abandonar los canales tradicionales y adoptar los códigos, narrativas e intermediarios del ecosistema digital actual. Bajo esta premisa, ceder el hemiciclo o los despachos nobles a creadores con millones de seguidores en redes se justifica como un acto de apertura de las instituciones hacia la ciudadanía.
Sin embargo, la oposición parlamentaria y los colectivos de periodistas ven en esta práctica un agravio comparativo y un uso partidista del patrimonio histórico. Se critica que la Mesa del Congreso, valiéndose de su mayoría, aplique una manga ancha discrecional para autorizar actividades de entretenimiento o marketing político mientras asfixia el trabajo diario de los cronistas parlamentarios.
La paradoja es evidente: la prensa, cuya misión constitucional es informar sobre lo que ocurre en las Cortes, trabaja bajo sospecha y encajonada en espacios delimitados; los creadores de contenido, dedicados a la promoción de marca o al entretenimiento, disfrutan de un acceso VIP diseñado a la medida de sus cámaras.
En definitiva, la polémica destapa un vacío en la gobernanza de las instituciones españolas. Mientras el Reglamento del Congreso siga permitiendo que la Presidencia decida de manera unilateral qué es "contenido institucional" y qué es "información", los pasillos de las Cortes seguirán albergando esta doble vara de medir: el veto estricto para quien busca la noticia y la alfombra roja para quien busca el like.