La herencia envenenada de Sánchez

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de publicar esta semana el informe correspondiente a la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2026 y viene a decir que el Gobierno de Sánchez gasta hoy muy por encima de lo que prometió a Bruselas que iba a hacer y deja la factura del ajuste, que habrá que hacer, para quien venga después.

El Plan Fiscal Estructural y de Medio Plazo comprometía ante la Comisión Europea un crecimiento del gasto primario neto del 3,5% en 2026. La AIReF estima que el del conjunto de las Administraciones cerrará en el 6,4%, casi el doble. Y la raíz del problema la encontramos en la Administración Central, que incrementa el gasto computable el 8,8% según la regla de gasto nacional. Más del doble de lo pactado. La cuenta de control acumulada —el indicador que mide cuánto se desvía un país de su compromiso fiscal europeo— se sitúa en el -1,2% del PIB, el doble del límite comunitario.

Pero lo verdaderamente preocupante no es ya la desviación de 2026, sino lo que el informe dice sobre lo que viene. La AIReF afirma en su informe que "el marco fiscal europeo también requeriría medidas en 2027 y 2028." Lo que viene a decir que alguien tendrá que ajustar y ese alguien, con toda probabilidad, no será este Gobierno.

Se gasta por encima de lo comprometido durante tres ejercicios consecutivos. Se incumple la regla de gasto nacional en 2024, en 2025 y previsiblemente en 2026. Y no se presenta el Plan Económico Financiero (PEF) que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga a elaborar cuando se incumple. Lo curioso del asunto es el doble rasero del Ministerio de Hacienda que sí exige PEF a las Comunidades Autónomas que incumplieron la regla, pero no se lo aplica a sí mismo cuando son ellos los que lo hacen. Maravilloso.

La AIReF lo señala y recomienda expresamente al Ministerio que lo presente, advirtiendo que el crecimiento previsto del gasto "refuerza la necesidad del plan y desmiente el carácter puntual del desvío." No se presentan Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Los de 2027 serían, además de un hecho improbable, los primeros de esta Legislatura.

Y luego están las bombas de relojería. Entre 2024 y 2026 se han aprobado cinco paquetes de medidas extraordinarias (DANA, borrascas, crisis de Oriente Medio) con un impacto fiscal estimado para 2026 de 13.095 millones de euros, más de siete décimas del PIB y sin unos presupuestos que lo respalden. Medidas que se anuncian como temporales pero que se prorrogan sistemáticamente. A eso hay que sumar los pasivos contingentes: en 2024 las sentencias judiciales desfavorables supusieron más de 11.200 millones de impacto en déficit, y siguen vivos litigios con potencial explosivo como Castor o el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, con un coste potencial de hasta 6.500 millones más. Minas que pueden detonar en cualquier momento del siguiente mandato y por eso es por lo que a Sánchez no le preocupan.

Todo esto ocurre, además, en un contexto de recaudación récord. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) confirmó esta misma semana, a partir del Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation, que el esfuerzo fiscal de los hogares españoles supera en un 14% la media europea. En 2025 se recaudaron 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior.

Durante el Gobierno de Sánchez, la presión fiscal ha crecido en 2,3 puntos de PIB, mientras que en la Unión Europea se redujo en 0,6 puntos. La propia Comisión Europea advirtió el viernes pasado de que España es el Estado miembro donde más ha aumentado la presión fiscal en la última década. España recauda más que nunca y no le alcanza.

El problema no está en los ingresos. Está en el gasto

¿Qué hereda quien venga? Un ajuste obligado de al menos seis décimas del PIB solo en la Administración Central —unos 10.000 millones de euros—, una deuda en el entorno del 99% del PIB, un coste de financiación al alza, un sistema fiscal perforado por rebajas selectivas y prórrogas indefinidas, y un campo de minas judicial que puede añadir miles de millones al déficit sin previo aviso. Todo ello sin presupuestos, sin plan de ajuste y sin el instrumento legal —el PEF— que la propia ley exige.

La AIReF acaba de certificar la envenenada herencia que deja Sánchez a su paso. Un presidente de gobierno al que le crecen los imputados a cada semana que pasa, sin presupuestos, sin mayoría para gobernar porque perdió las elecciones y que, para colmo, se desentiende de sus responsabilidades fiscales. ¿Qué puede salir mal gobernando así?