Energía: Más parches para agosto, tormenta perfecta para 2027

El Gobierno ha convertido la política energética en una política por entregas de suscripción mensual. En marzo aprobó un paquete temporal; en junio, otro para que el anterior no desapareciera; en agosto y septiembre, nuevas rebajas si el IPC cumple determinadas condiciones. El ciudadano, el transportista y la industria ya no necesitan una estrategia energética: necesitan un calendario, una calculadora y algo de suerte.

El Real Decreto-ley 18/2026 que acaba de ser convalidado el Congreso insiste en el método de este gobierno, que desde la crisis energética en 2021 ha creado escuela mediante sucesiones de Reales Decretos-ley que parchean los parches anteriores; tarde, poco y en mal. La rebaja del IVA de la electricidad y el gas del 21% al 10% solo se aplicará en agosto y septiembre si el IPC correspondiente supera en más de un 15% el del mismo mes de 2025. El Impuesto Especial sobre la Electricidad bajará al 0,5% bajo idéntica condición; en caso contrario volverá al 5%. Para gasolinas y gasóleos, el alivio fiscal desciende de 15 céntimos por litro en julio a 10 en agosto y 5 en septiembre, salvo que se activen nuevas cláusulas vinculadas al IPC. No es un plan: es una ruleta regulatoria.

Es cierto que también incorpora algunas decisiones de mayor alcance, como la reducción del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica al 3,5% en 2027 y al 0% desde 2028, además de reformas sobre almacenamiento, redes y recarga. Pero esas medidas, necesarias, conviven con un sistema de alivios coyunturales, decrecientes y condicionados que no ofrece certidumbre para afrontar el horizonte inmediato de escalada de precios energéticos que parecen haber incorporado ya las consecuencias estructurales del avispero geopolítico que entrañan las sanciones a Rusia y la crisis del Estrecho de Ormuz. Una de cal, y tres de arena.

Porque mientras el Gobierno administra descuentos mínimos con fecha de caducidad, el mercado energético ha incorporado riesgos que no parecen coyunturales. Europa importa el 24% de todo el GNL mundial. Desde enero de 2027 quedará prohibido el GNL ruso, que representa el 13,5% del suministro europeo; Qatar, que aporta otro 8%, tiene dañada una parte relevante de su capacidad y sus envíos a la UE cayeron un 29% en el primer trimestre de 2026. Las alternativas africanas no ofrecerán volúmenes significativos hasta 2029-2035. En el intervalo crítico de 2026 y 2027, la dependencia del GNL estadounidense ya se acerca a dos tercios. Los precios del gas ya superan los 60 €/MWh, el doble que antes del inicio de la guerra con Irán. Y en este momento el almacenamiento, que en poco meses debe ser del 90% de reservas para cumplir la normativa europea, se encuentra en los niveles más bajos de los últimos diez años, lo que presionará aún más la espiral alcista hasta el invierno.

El problema no termina en el gas. El petróleo ha vuelto a superar esta semana la barrera de los 100 dólares el barril Brent. El propio decreto reconoce el impacto del encarecimiento de los productos petrolíferos al mantener reducciones fiscales y ayudas extraordinarias al transporte, la agricultura, la pesca y el transporte marítimo. Pero con cicatería inexplicable a la hora de ofrecer soluciones mediante rebaja de su carga fiscal.

Y, en cuanto a la electricidad, es sabido el efecto contagio que produce en el mercado eléctrico el alto precio del gas, que se traslada con la generación en las instalaciones de ciclos combinados. En lo que llevamos de mes de Julio, el precio medio en el mercado mayorista diario español supera ya los 100 €/MWh, precios de crisis energética de 2021. El gobierno querrá insistir en que otros estar peor en la UE, pero oculta que a ese precio hay que añadir costes regulados que nuestros vecinos no tienen. Costes regulados que tras el gran apagón se han incrementado exponencialmente.

La comparativa que aporta un consumidor electrointensivo de 500 GWh anuales sitúa el coste final español en 80,44 euros por MWh, frente a 52,05 en Francia y 75,68 en Alemania. España resulta un 55% más cara que Francia y un 6% más que Alemania. Y eso teniendo en cuenta la exención del 80% del coste de los peajes que, según el RDL 7/2026, estará vigente sólo hasta el 31 de diciembre de este año. Pero lo más revelador es que el precio mayorista español considerado en esa comparación, 77,54 euros por MWh, es inferior al francés y muy inferior al alemán. La desventaja se construye con los costes que no son de mercado, con lo que depende de una buena o mala regulación: España añade 20,88 euros por MWh de servicios de ajuste, soporta más impuestos y cargos y compensa bastante menos el CO₂ indirecto: 17,76 euros por MWh, frente a 27,47 en Francia y 38,78 en Alemania. Tenemos recursos energéticos competitivos en el contexto de la UE, pero una política energética que los encarece antes de que lleguen a la fábrica.

El coste de los servicios de ajuste no es una anécdota. Ya supone el 25% del total del coste de la electricidad, antes de cargos. En el 2018, apenas suponía el 3%. Y es por ahí por donde se propaga fundamentalmente el coste del gas en el sistema eléctrico, mientras el gobierno alardea de cada vez participa menos en el cierre del precio del mercado.

Además, España paga por operar un sistema más aislado y peor preparado para la nueva matriz de generación, que está exigiendo fuertes inversiones demoradas muchos años. A comienzos de 2026, nuestra interconexión con la Unión Europea era apenas del 3,11%, frente al objetivo del 15% en 2030. El intercambio con Francia ronda 2.800 MW y el Golfo de Vizcaya solo lo elevará a 5.000 MW, previsiblemente en 2028. Entretanto, Red Eléctrica estima para 2030 excedentes renovables de 21,7 TWh, equivalentes al 7,3% del producible renovable. Energía limpia que no podremos consumir, almacenar o exportar, mientras pagamos más gas y más ajustes para sostener el sistema.

Si no tenemos más interconexiones, tendremos que invertir más en nuestras propias redes. La CNMC ya advierte de incrementos de hasta 90% en el coste de los peajes si no se “pule” y controla más eficientemente el anuncio del nuevo Real Decreto de inversiones en redes por importe de más de 13.000 millones de euros. Entretanto y visto el gran apagón del 2025, Francia ya explora con Marruecos las interconexiones que niega a España.

Ante este panorama, seguir encadenando reales decretos leyes mensuales es una irresponsabilidad. Asusta pensar que en este contexto el gobierno sigue dudando sobre la extensión de la operación de la Central nuclear de Almaraz, -que aporta energía sin emisiones y más barata que la del gas de ciclo combinado-, después del informe favorable del CSN. España necesita un plan de choque energético a medio plazo, no otro parche para la factura de agosto y septiembre y después otro para octubre y noviembre. Un plan que estabilice la fiscalidad energética; reduzca impuestos y cargos no competitivos; refuerce las compensaciones por CO₂ indirecto sin condicionantes imposibles; incremente la demanda resolviendo las congestiones de red con fórmulas de concurrencia competitiva y con gestión de la escasez mediante el intervencionismo político e instrumentos eficaces de gestión de la demanda. Y que descargue a la industria electrointensiva de costes regulados que lastran unas condiciones que ya están decidiendo inversiones, producción y empleo.

Pero también debe actuar sobre las causas. Hay que acelerar redes e interconexiones, almacenamiento, acceso flexible, generación distribuida y agregación; ejecutar los cruces pirenaicos; y planificar la electrificación industrial como una política de seguridad y competitividad energética, no como un eslogan climático. Si la única palanca capaz de reducir la exposición al gas importado antes de que lleguen nuevas fuentes de suministro es la demanda, electrificar exige capacidad de red disponible, precios previsibles y permisos que no lleguen cuando la inversión ya se haya ido.

Todo ello requiere continuidad presupuestaria, reformas legales y compromisos que sobrevivan a una rueda de prensa. Y ahí aparece el problema político. Un Gobierno que gobierna mes a mes, con medidas condicionadas, temporales y decrecientes, difícilmente puede ofrecer a familias y empresas un horizonte estable hasta 2027. La tormenta energética no esperará a que el Ejecutivo reúna apoyos para el siguiente decreto.

España necesita con urgencia un Gobierno con respaldo parlamentario suficiente para aprobar un plan energético integral y sostenerlo en el tiempo. Porque los mercados ya están mirando al primer trimestre de 2027, mientras el Gobierno continúa mirando el IPC del mes pasado. Y una política energética que siempre llega después del precio no protege al consumidor: simplemente reparte, tarde y mal, la factura del fracaso.