La crisis de Ceuta no empezó en Ceuta

Las imágenes vuelven a repetirse. Decenas, centenares de personas intentando alcanzar suelo español. Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados al límite de sus capacidades. Una ciudad que vuelve a soportar una presión extraordinaria. Y un Gobierno que, una vez más, reacciona cuando la crisis ya está sobre la mesa.

Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿de verdad la crisis comenzó en la playa? Mi respuesta es no. La crisis empezó mucho antes, cuando España dejó de proyectar una política exterior previsible, firme y respetada. Porque las fronteras no empiezan en una valla. Empiezan en la credibilidad internacional de un país.

Hace cinco años, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó una decisión que desencadenó una grave crisis diplomática con Marruecos: la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, para recibir atención sanitaria en un hospital de Logroño. Más allá de las razones humanitarias, fue la forma en que aquella decisión se gestionó —sin la transparencia ni la coordinación política exigibles— la que deterioró profundamente la relación bilateral. Después llegarían el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, el enfriamiento de las relaciones con Argelia y una política exterior marcada por giros difíciles de comprender incluso para nuestros propios aliados.

Las relaciones internacionales no admiten la improvisación. En diplomacia, los errores rara vez desaparecen; simplemente tardan en presentar la factura. Y esa factura suele pagarse en forma de pérdida de influencia, de capacidad negociadora y de vulnerabilidad ante quienes entienden que la presión sobre nuestras fronteras puede convertirse en un instrumento de negociación política.

Ceuta vuelve hoy a ser la expresión más visible de esa vulnerabilidad. Cuando un elevado número de personas intenta acceder irregularmente a territorio español en un breve espacio de tiempo, el desafío va mucho más allá de la inmigración. Afecta a la seguridad fronteriza, exige un enorme esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pone bajo una presión extraordinaria a una ciudad que, por su singular ubicación, constituye una de las principales fronteras exteriores de la Unión Europea.

No debemos olvidar que detrás de cada persona que emprende ese viaje existe una historia personal de pobreza, violencia, persecución o falta de oportunidades. Son seres humanos que buscan un futuro mejor y cuya dignidad debe ser respetada. Precisamente por ello resulta especialmente grave que los flujos migratorios puedan ser utilizados como mecanismos de presión entre Estados o que las mafias que trafican con personas encuentren espacio para actuar. Defender las fronteras y defender los derechos humanos no son objetivos incompatibles; son dos obligaciones que un Estado democrático debe asumir al mismo tiempo.

Sin embargo, la solidaridad tampoco puede convertirse en sinónimo de improvisación. Cuando las llegadas se producen de manera masiva y desordenada, el impacto alcanza a todos los servicios públicos. Los dispositivos de emergencia, la atención sanitaria, los recursos de acogida, los servicios sociales, la limpieza, la logística y el refuerzo de la seguridad exigen un importante esfuerzo económico y humano. Ceuta soporta una carga que excede con mucho la capacidad ordinaria de una ciudad de sus dimensiones. Gobernar consiste precisamente en evitar que las crisis previsibles terminen comprometiendo recursos que deberían destinarse a mejorar la sanidad, la educación, la dependencia o las infraestructuras de todos los ciudadanos.

Y ahí es donde aparece la responsabilidad política. A mi juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de construir una política migratoria estable ni una política exterior coherente que permita afrontar estos desafíos con anticipación. España necesita acuerdos duraderos con sus socios europeos, una cooperación eficaz con los países de origen y tránsito, una diplomacia respetada y una estrategia clara que reduzca la dependencia de las crisis coyunturales.

En esa tarea también corresponde asumir responsabilidades al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La función de la diplomacia no consiste únicamente en gestionar las consecuencias de los conflictos, sino, sobre todo, en prevenirlos. Un país que pierde capacidad de interlocución pierde también capacidad para defender sus intereses.

Todo ello ocurre, además, en un contexto político especialmente complejo para el Ejecutivo, marcado por un notable desgaste institucional y por investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno político. Es legítimo exigir que ninguna crisis de Estado desplace el necesario debate sobre esos asuntos y que el Gobierno actúe con la máxima transparencia y responsabilidad ante los ciudadanos.

España merece una política migratoria que combine firmeza con humanidad. Merece unas fronteras seguras, una diplomacia sólida y una acción exterior guiada por el interés general y no por la improvisación. Porque proteger las fronteras no es levantar muros contra las personas; es garantizar que la solidaridad pueda ejercerse desde un Estado fuerte, ordenado y respetado.

Las naciones no empiezan a perder sus fronteras cuando miles de personas intentan cruzarlas. Empiezan a perderlas cuando sus gobiernos dejan de hacerse respetar. Ceuta no es el origen del problema. Es el lugar donde hoy se hacen visibles las consecuencias de una política exterior y migratoria que, en mi opinión, ha carecido de la previsión y la solidez que España necesita. Y cuando un Estado pierde credibilidad, la factura nunca tarda en llegar.