opinión
Ceuta nos está pidiendo ayuda

Varias personas intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España)
Hay momentos en los que un país debe detenerse, observar lo que sucede y preguntarse si realmente está respondiendo como exige la responsabilidad de gobernar.
Ceuta vive uno de esos momentos.
Las imágenes de estos días muestran una llegada continuada de cientos de personas por tierra y por mar. Los servicios de emergencia trabajan al límite, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado multiplican esfuerzos y los recursos de acogida se encuentran sometidos a una presión extraordinaria.
No se trata de alimentar el miedo. Se trata de afrontar la realidad.
Porque la primera obligación de cualquier Estado es proteger a sus ciudadanos, garantizar la seguridad de sus fronteras y asegurar que las instituciones puedan responder eficazmente ante cualquier crisis.
España siempre ha sido un país solidario. Pero la solidaridad no puede confundirse con la ausencia de planificación ni con la renuncia al control.
Las fronteras existen porque los Estados tienen el derecho y el deber de regular quién entra en su territorio. Esa regulación no es una cuestión ideológica; es un principio básico de cualquier democracia consolidada.
Cuando una ciudad de apenas 85.000 habitantes recibe en pocos días una llegada masiva de personas que supera su capacidad de respuesta, el problema deja de ser exclusivamente local. Se convierte en un asunto de Estado y también de la Unión Europea.
Mientras Ceuta afrontaba una intensa presión migratoria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajaban al límite, miembros del Gobierno asistieron en Madrid a la recepción institucional organizada con motivo de la Fiesta del Trono del Reino de Marruecos. Más allá de la legitimidad de las relaciones diplomáticas, ese gesto ha generado un intenso debate sobre la oportunidad política y el mensaje trasladado a la ciudadanía en un momento especialmente delicado.
Una sociedad debe construirse desde la responsabilidad, el respeto y el cumplimiento de la ley. Por ello hacemos un llamamiento al Gobierno de España para que refuerce de manera inmediata los medios humanos y materiales en Ceuta y Melilla, mejore la coordinación con las instituciones europeas y garantice una gestión ordenada, eficaz y respetuosa con el Estado de Derecho.
Ceuta no puede convertirse en el símbolo de la improvisación.
Proteger nuestras fronteras no es actuar contra las personas. Es proteger el Estado de Derecho, la convivencia y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La seguridad nacional no puede depender de decisiones adoptadas cuando las imágenes de la crisis ya ocupan las portadas de los medios. Un Ministerio del Interior eficaz debe anticipar riesgos, reforzar los dispositivos cuando los indicadores lo aconsejan y transmitir confianza a la ciudadanía. Cuando esa anticipación no existe, quienes terminan soportando las consecuencias son los agentes desplegados sobre el terreno y los ciudadanos que esperan que el Estado cumpla con una de sus obligaciones esenciales: proteger sus fronteras.
Hoy no es momento de discursos complacientes. Es momento de liderazgo. De asumir responsabilidades. De respaldar sin reservas a quienes defienden nuestras fronteras. Porque proteger Ceuta y Melilla no es únicamente proteger dos ciudades españolas; es proteger la soberanía, la seguridad y la credibilidad del Estado. Los ciudadanos esperan decisiones. El tiempo de las explicaciones llegará después. El de actuar es ahora.
Gobernar también significa anticiparse.
Y hoy, más que nunca, Ceuta y Melilla necesitan hechos.