Las eléctricas ponen precio al futuro nuclear de Sánchez: exigen una rebaja fiscal para continuar
Las compañías aprovechan la prórroga de Almaraz hasta 2030 para reabrir la batalla tributaria y advierten de que mantener el parque atómico resulta inviable si Moncloa conserva la actual carga impositiva
La central nuclear de Cofrentes, en Valencia
Pedro Sánchez ha concedido unos años más de vida a Almaraz y las eléctricas ya miran hacia la siguiente pantalla. Iberdrola, Endesa y Naturgy quieren que el giro nuclear del Gobierno venga acompañado ahora de una rebaja fiscal que permita mantener económicamente viables las centrales que continúan operativas en España.
Las compañías consideran imprescindible revisar las distintas tasas e impuestos que soporta esta tecnología y vuelven a poner sobre la mesa una reivindicación que había quedado aparcada durante la negociación para salvar Almaraz. Su argumento es sencillo: con la actual carga tributaria existen momentos en los que las centrales pueden terminar vendiendo electricidad a pérdidas.
La presión llega apenas unos días después de que el Gobierno autorizara que los dos reactores de Almaraz continúen funcionando hasta el 8 de junio de 2030, retrasando el cierre que inicialmente estaba previsto para 2027 y 2028. El Ejecutivo justificó la decisión, entre otros factores, por la aportación de la instalación a la seguridad del sistema y la menor exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles.
El movimiento ha cambiado inevitablemente el tablero. Lo que Moncloa presenta como una excepción vinculada a las circunstancias energéticas puede convertirse para las compañías en el precedente con el que discutir todo el calendario de cierre nuclear español.
Y ahí aparece el dinero
Según los cálculos de Foro Nuclear, la fiscalidad representa actualmente cerca del 75% de los costes variables de las centrales españolas y esa carga se ha incrementado más de un 70% durante los últimos cinco ejercicios. La patronal lleva tiempo advirtiendo de que el problema de competitividad de las nucleares españolas no estaría tanto en sus costes operativos como en los impuestos y tasas que deben asumir.
El caso de la propia Almaraz ofrece un ejemplo especialmente llamativo. Su unidad 2 llegó a detenerse el pasado mes de marzo después de no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el operador del sistema. Los propietarios atribuyeron entonces aquella situación a la combinación de elevada producción eléctrica, precios bajos y una fiscalidad que dificultaba competir en determinadas horas.
El Gobierno se encuentra ahora ante una decisión bastante más incómoda que simplemente conceder unos años adicionales a una central. Si acepta revisar los impuestos, habrá terminado cediendo también en una de las líneas rojas que mantuvo durante la negociación de Almaraz. Si se niega, las eléctricas tendrán un argumento económico para no prolongar el resto del parque.
Y la siguiente en la lista ya tiene nombre. Cofrentes debería cerrar en noviembre de 2030 y la Cámara de Comercio de Valencia ha reclamado públicamente que se prolongue su funcionamiento, utilizando precisamente Almaraz como precedente y alertando del impacto que el apagado podría tener sobre la industria valenciana.
Después llegarán Ascó, Vandellós y Trillo conforme avance un calendario diseñado para culminar el apagón nuclear español en 2035.
La cuestión, por tanto, ha dejado de ser únicamente cuándo cerrará cada reactor. Almaraz ha demostrado que el calendario se puede tocar cuando las necesidades energéticas aprietan. Ahora las eléctricas quieren discutir también cuánto cuesta mantenerlo abierto.