CRISIS MIGRATORIA CEUTA
La "normalidad" de Sánchez se estrella hasta contra sus fiscales afines: contundente comunicado hacia Moncloa
La Unión Progresista de Fiscales ha reclamado al Gobierno refuerzos urgentes ante una situación que "desborda" la capacidad de la Fiscalía de Ceuta. Pide triplicar las guardias, un intérprete permanente y fiscales voluntarios procedentes de otros puntos de España ante jornadas con alrededor de 200 entrevistas a personas que aseguran ser menores.
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno
El relato de "normalidad" que el Gobierno pretende vender sobre Ceuta desde que estalló la crisis migratoria a finales de julio se ha dado de bruces -de nuevo- con la cruda realidad. Y otra vez encuentra un nuevo obstáculo entre quienes están trabajando sobre el terreno. Esta vez la advertencia procede, además, de una asociación difícilmente encuadrable entre los habituales adversarios del Ejecutivo: la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado más medios porque la situación "desborda la capacidad ordinaria" de la Fiscalía ceutí.
La asociación ha descrito este jueves un escenario de enorme presión sobre una plantilla que dispone actualmente de solo ocho fiscales efectivos y ha puesto encima de la mesa medidas concretas: un servicio permanente de interpretación, triplicar el servicio de guardia y permitir que fiscales del resto de España puedan desplazarse voluntariamente hasta la ciudad autónoma.
El pronunciamiento añade así otra voz al rosario de advertencias lanzadas desde Ceuta durante las últimas semanas. Médicos, enfermeros, policías, guardias civiles y militares han venido alertando de las consecuencias de la crisis mientras desde el Ejecutivo se ha insistido en trasladar una imagen de normalidad. Ahora son los propios fiscales progresistas quienes hablan abiertamente de una "situación extraordinaria" y reclaman que el Estado sostenga a los profesionales que se encuentran en primera línea.
Ocho fiscales para afrontar una carga "excepcional"
La plantilla de la Fiscalía de Ceuta está compuesta por nueve fiscales, pero una baja ha reducido a ocho el número de efectivos actualmente disponibles. Sobre ellos, ha explicado la UPF, está recayendo una carga de trabajo excepcional. La asociación ha señalado que los profesionales deben afrontar guardias reforzadas y actuaciones relacionadas con menores, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad.
La dimensión del problema queda reflejada en uno de los datos aportados por los propios fiscales: en algunas jornadas se realizan alrededor de 200 entrevistas a personas que manifiestan ser menores de edad dentro de los procedimientos para determinar su edad. El servicio de guardia ya ha tenido que duplicarse debido a esta situación, pero la UPF considera que no es suficiente y ha reclamado "avanzar hacia su triplicación".
Y su mensaje resulta especialmente contundente respecto al sobresfuerzo de los profesionales. La UPF ha elogiado el trabajo de fiscales y funcionarios y el esfuerzo realizado específicamente en el ámbito de Violencia sobre la Mujer, pero ha advertido de que ese compromiso no puede utilizarse para convertir una situación excepcional en algo cotidiano. "Nuestro orgullo por su entrega nunca puede convertirse en la coartada para normalizar su sobresfuerzo", ha señalado.
Un intérprete permanente y fiscales del resto de España
Entre las necesidades más urgentes, la UPF ha situado la falta de un servicio permanente y propio de interpretación para la Fiscalía de Ceuta, que evite depender de la disponibilidad del intérprete destinado a las actuaciones judiciales. La organización ha reclamado directamente al Ministerio de Justicia que proporcione este recurso ante el volumen de entrevistas que tienen que realizarse durante determinadas jornadas. "No estamos hablando de una comodidad organizativa, sino de una herramienta elemental para poder garantizar derechos", han explicado.
A ello se suma otro problema: la bolsa de fiscales sustitutos ha quedado desierta. Ante esta circunstancia, la asociación ha pedido que se habiliten los mecanismos jurídicos, económicos y organizativos necesarios para permitir que fiscales destinados en otros puntos de España puedan trasladarse temporalmente y de manera voluntaria hasta Ceuta.
La UPF ha resumido su posición con una afirmación que vuelve a poner el foco sobre la magnitud de lo que está sucediendo.
"Una crisis que afecta al Estado no puede ser soportada exclusivamente por los ocho fiscales que se encuentran destinados allí. Ceuta es responsabilidad de todos".
La asociación también ha pedido a la Fiscalía General del Estado que continúe monitorizando permanentemente las necesidades de la ciudad y mantenga una interlocución directa, mientras ha reclamado al Ministerio de Justicia que atienda "con la máxima celeridad" las peticiones que le traslade el Ministerio Fiscal.
Hasta los fiscales progresistas cuestionan el relato de normalidad
Pero más allá de sus reivindicaciones jurídicas, la descripción que realizan los fiscales añade un nuevo problema político para el Gobierno. El Ejecutivo se encuentra con que una asociación progresista habla de servicios desbordados, presión extraordinaria, guardias que deben triplicarse y necesidad de movilizar profesionales desde otros territorios.
Su comunicado termina con una petición al Estado que resume el escenario que asegura estar viviendo la Fiscalía ceutí: "No necesitamos héroes para sostener el Estado de Derecho; necesitamos que el Estado de Derecho sostenga a quienes están en primera línea defendiéndolo".
