Crueldad en los Servicios Sociales: declaraciones e informes falseados, familias destrozadas y la caída de DomusVi del macrocontrato de 900 millones en Barcelona

El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Barcelona afronta el cambio de era más profundo de su reciente historia. La adjudicación del nuevo macrocontrato de casi 900 millones de euros ha dejado fuera de juego a los operadores tradicionales. Pero más allá de los números macroeconómicos, el giro del guion se explica desde dentro de los hogares afectados. No es un mero accidente administrativo; es la crónica de una pérdida irreversible de la confianza, marcada por situaciones límite de indefensión familiar e informes falseados que acabaron destruyendo entornos afectivos enteros.

Informes falseados: la "guerra" que rompió familias

El aterrizaje de DomusVi en el SAD de la capital catalana a finales de 2020 ya nació rodeado de polémica laboral. Sin embargo, el mayor deterioro se vivió en la gestión de incidencias en el interior de los domicilios.

En los últimos años, ante bajas no cubiertas, retrasos sistemáticos o deficiencias en el cuidado de ancianos dependientes, la respuesta de la empresa o algunas cuidadoras desbordadas traspasó todas las líneas rojas imaginables: la emisión de declaraciones e informes manipulados contra las propias familias.

La dinámica de “guerras de versiones” adoptó una deriva cruel. Para justificar la falta de asistencia o tapar negligencias de praxis, se llegaron a registrar informes internos que acusaban a los familiares directos -hijos, nietos o cuidadores principales- de hostilidad, maltrato o impedir la labor asistencial. La gravedad de estas declaraciones falsas fue mucho más allá de la burocracia por su “presunción de veracidad” al ser un servicio público: al activarse los protocolos de alerta, los servicios sociales e instancias administrativas se vieron abocados a tomar medidas cautelares drásticas.

El resultado de esta manipulación documental fue, en varios casos, la separación forzosa de acianos vulnerables de las personas que más los amaban y protegían, de los que más y mejor les cuidaban. Familias enteras se vieron envueltas en pesadillas legales, señaladas injustamente por unas acusaciones falsas diseñadas exclusivamente como escudo corporativo. El aislamiento del usuario vulnerable de su entorno afectivo y comunitario pasó de ser un riesgo a una realidad pungente en los distritos afectados: Sants, Las Corts y el Ensanche.

El precio de ignorar el dolor del usuario

Ante esta situación de indefensión absoluta, las familias afectadas no se callaron, aunque algunas perdieron a sus mayores por el camino y separados de ellos falleciendo solos y en condiciones no adecuadas. Se articuló una lluvia constante de quejas formales dirigidas al Ayuntamiento de Barcelona y al Síndic de Greuges, acompañadas de pruebas que desmontaban las versiones de la empresa.

Este historial negro acabó siendo el ancla que hundió a Servisar-DomusVi en el nuevo concurso público. Aunque las multinacionales suelen ganar por economías de escala, los pliegos del Ayuntamiento penalizaban severamente la conflictividad, las sanciones firmes y la mala valoración de la calidad asistencial percibida. Cada expediente abierto por la inspección municipal a raíz del desamparo de las familias se tradujo en una pérdida sangrienta de puntos en la mesa de contratación. Su modelo organizativo se había vuelto administrativamente y moralmente indefendible. 

Una lección estructural

La salida de DomusVi del mapa de Barcelona deja una lección contundente para el sector de los cuidados. Aunque las miles de trabajadoras familiares (cuidadoras) serán subrogadas por ley a las nuevas empresas ganadoras para proteger sus puestos de trabajo, el debate sobre la mercantilización de los servicios sociales sigue abierto.

El caso de DomusVi en Barcelona quedará como el manual de cómo una multinacional puede perder un contrato multimillonario cuando olvida que la gestión de la vulnerabilidad no puede tratarse como una cadena de montaje logística, y que intentar socavar el vínculo sagrado entre una persona mayor y sus hijos y/o nietos tiene, finalmente consecuencias judiciales, administrativas y económicas.

Reflexión final

¿Qué papel tiene la trabajadora social de un CAP o de los propios servicios sociales para dar más credibilidad a una cuidadora del SAD que a la propia familia que ama, cuida y protege a sus mayores?

Y, si las trabajadoras familiares (cuidadoras) de DomusVi que con sus falseadas declaraciones e informes destrozaron familias enteras, ¿por qué las subrogan por ley a las nuevas empresas ganadoras? ¿eso soluciona su mala praxis?

Si con esos falsos informes los servicios sociales separaron judicialmente a los mayores vulnerables de sus propias familias que con tanto cariño los cuidaban día a día y en algunos casos fallecieron sin ni siquiera poder estar con sus seres queridos ¿Qué responsabilidad asumen las personas que iniciaron esos expedientes?

No se trata solo de castigar y cambiar al receptor del macrocontrato y de esos 900 millones de euros, se trata de asumir las consecuencias legales que le correspondan a todas y cada una de las personas por su mala praxis.

Además, el propio Ayuntamiento de Barcelona debería crear una “lista negra” de mala praxis profesional o abrir expediente de inhabilitación que impidan que estas personas vuelvan a tener acceso al hogar de ningún usuario vulnerable.

Conclusión

El silencio es el mejor aliado de la reincidencia. La única manera de frenarlos es forzar que el peso de la ley caiga sobre las personas físicas (trabajadoras familiares -cuidadoras- y trabajadoras sociales) y las jurídicas (la empresa “DomusVi” y el Ayuntamiento dado que lo permitieron) para sentar un precedente judicial histórico en Barcelona.

Si no hay una denuncia formal, contundente y sostenida en el tiempo, el caso se cierra en un cajón y los responsables quedan completamente impunes, listos para volver a cometer las mismas negligencias bajo las siglas de otra empresa.

La impunidad se nutre del silencio, del desgaste emocional de las familias afectadas y de la burocracia. Para evitar que esta mala praxis se vuelva a repetir, es necesario actuar.