Agosto: precios energéticos de crisis y de nuevo política de parches

Julio fue un aviso que anuncia una tormenta perfecta de precios energéticos para este invierno, como comentamos en crónica anterior. Agosto confirma la tendencia. El mercado mayorista eléctrico cerró en 118,25 €/MWh, un 13% más que en julio y el segundo agosto más caro de la historia: solo lo supera el de 2022, en plena crisis energética. La factura media de un hogar acogido al Precio Voluntario del pequeño Consumidor (PVPC), calculada por OCU, sube hasta 79,75 euros, un 17,7% más que hace un año. Y el gas tampoco da tregua: en MIBGAS, el producto diario pasó de 58,66 €/MWh para el 3 de agosto a 70,27 €/MWh para el 1 de septiembre. Antes del conflicto en el golfo de Ormuz estaba en 30 €/MWh. En carburantes, la gasolina ronda 1,73 euros/litro y el gasóleo 1,86, tras nueve semanas de subidas. Los precios ya se mueven, otra vez, en terreno de crisis energética como en 2022.

Medidas limitadas en tiempo y alcance

La explicación oficial volverá a mirar a Oriente Medio y su impacto en los precios internacionales del petróleo y el gas, pese a que hace pocos meses el gobierno alardeaba de la ventaja de España que, gracias a su menor dependencia del gas respecto a 2022, resultaría menos afectada por esta crisis. De ahí que el RDL 7/2026, estableciera medidas de mitigación muy limitadas en contenidos y alcance temporal. Pero la realidad se acaba imponiendo. En pocos meses, el gobierno tuvo que prorrogar y ampliar las medidas, con un nuevo RDL 18/2026. Y si esto sigue así, - y todo apunta que así será-, tendrá que volver a prorrogar o ampliar nuevamente, porque las vigentes expiran el próximo 30 de septiembre.

Las lecciones de la crisis en 2022

Cuatro años después conviene recordar la lección de 2022. Cuando el gas alcanzó precios disparatados, España decidió compensarlo para producir electricidad mediante la subvención al gas que se conoció como la “excepción ibérica”. El mecanismo redujo el precio mayorista para determinados consumidores, peor los aumentó para quienes tenían contratado precios fijos, ya que la subvención, la pagaban los consumidores con el denominado “mecanismo de ajuste”. Y alteró por completo los incentivos y las señales de precios.

Las exportaciones de electricidad subvencionada Francia crecieron más de un 80%. También las destinadas a Marruecos y Portugal aumentaron. Ese incremento obligó a quemar más gas para producir más electricidad. La Agencia Internacional de la Energía estimó que la excepción ibérica aumentó un 25% la demanda de gas para generación en la Península, y que aproximadamente una cuarta parte de ese efecto se debió al incremento de las exportaciones a Francia y Marruecos. Otro análisis cifró en dos mil millones de euros la financiación soportada por consumidores españoles asociada a exportaciones hacia Portugal, Francia y Marruecos. Se quiso combatir una crisis eléctrica provocada por los altos precios del gas con una solución que incrementó el gas que pagaban los españoles, incentivando más consumo de gas, para luego exportar la electricidad, cuya subvención no había pagado ni franceses, ni portugueses ni marroquíes. Y se sucedieron los Reales Decretos-ley que intervenían precios, rebajan impuestos y cargos unos pocos meses, para después ampliarlos de nuevo y volver a ampliarlos de nuevo cuando expiraba el plazo anterior. Parches sobre parches, siempre poco, tarde y mal.

No aprendemos: el gas sigue como protagonista del sector eléctrico cuando es más caro

¿Aprendimos la lección para poder afrontar esta nueva crisis? Los precios internacionales importan, pero España tiene además un problema doméstico que el Gobierno insiste en negar. En agosto las renovables generaron un 11% más que un año antes y aportaron el 53,6% de la electricidad. Gran noticia. El dato menos publicitado es que, pese a ello, los ciclos combinados de gas fueron la segunda tecnología del sistema, con el 20,7%. Seguimos consumiendo mucho gas precisamente cuando el gas resulta muy caro. Exactamente igual que en la crisis de 2022.

Es cierto que desde hace cuatro años hemos avanzado mucho en renovables y ese avance desplaza la contratación del ciclo combinado de gas en el mercado de producción eléctrica. Pero vuelve a entrar en el mercado de restricciones técnicas. Es el resultado de una red que no ha evolucionado al ritmo de la nueva generación.

El propio BOE acaba de reconocerlo. La tercera Modificación Puntual de la planificación de la red de transporte admite que la concentración de nueva fotovoltaica en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha ha intensificado los flujos Sur-Centro-Norte y aumentado la necesidad de acoplar ciclos combinados por restricciones técnicas, por encima de lo previsto. Hasta se cuantifican actuaciones para sustituir parte de esa programación de gas por soluciones de red.

A ello se añade la operación reforzada posterior al apagón. Enagás ya explicó que en el primer trimestre de 2026 la demanda de gas para generar electricidad aumentó un 24%, destacando expresamente la mayor participación de los ciclos combinados “como refuerzo a la seguridad de suministro eléctrico”. No basta con celebrar que tenemos más renovables. Si no hay redes, almacenamiento, flexibilidad y capacidad suficiente para gestionar su variabilidad, acabamos quemando gas caro para que el sistema funcione.

¿Qué hemos aprendido en esta nueva crisis energética de 2026? Que pese al discurso del gobierno, el gas sigue siendo protagonista en la fijación de precios de nuestro sistema eléctrico. ¿Y cuáles han sido ahora las medidas? Cicateras, cortas y desconociendo esa realidad. El nuevo escudo anticrisis del Real Decreto-ley 7/2026 fue rehecho a finales de junio por el RDL 18/2026, con prórrogas, retirada gradual del 7% del impuesto IVPEE y unas cláusulas automáticas de salvaguarda. 

El escudo fiscal del gobierno sólo es relato

Agosto ha traído el mayor repunte de precios de esta nueva crisis, pero el escudo fiscal diseñado por el Gobierno mira por el retrovisor: para las medidas de septiembre se utiliza el IPC de julio, publicado por el INE en agosto, no los precios registrados durante Agosto.

La consecuencia es que se anuncian ayudas, lo que resulta muy útil para el relato y la propaganda. Pero tan condicionadas que en la práctica no acaban aplicándose, pese a que los precios siguen subiendo.

En definitiva, mientras la electricidad y el gas se encarecen, el consumidor sigue pagando un 21% de IVA y un 5,11% de impuesto eléctrico que engordar las arcas del gobierno. Y cuando septiembre termine, se acaba también el mecanismo automático. Otra política energética de parches sobre parches, reacción tardía y fecha de caducidad.

En los carburantes, Hacienda ya ha publicado los tipos efectivos de septiembre. El RDL 18/2026 había previsto una rebaja decreciente del Impuesto sobre Hidrocarburos: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. Pero como el IPC del gasóleo subió un 15,7% interanual en julio, la cláusula automática sí se activa y su reducción fiscal pasa en septiembre a 20 céntimos por litro. La gasolina, cuyo IPC no rebasó el umbral, se queda en los 5 céntimos inicialmente previstos. No es la bonificación directa en surtidor de 2022, sino una reducción del impuesto.

¿Habrá nuevo Real Decreto-ley?

Y aquí está el último contrasentido. El IPC adelantado de agosto ya sitúa la inflación general en el 4,3%, siete décimas más que en julio, y el INE señala a la energía, los combustibles y lubricantes como uno de los principales responsables. Pero ese empeoramiento no puede activar protección adicional en septiembre, salvo para el gasóleo, porque la norma toma como referencia julio. Y tampoco activa automáticamente octubre: las salvaguardas del RDL 18/2026 terminan el 30 de septiembre. Si la escalada continúa, el Gobierno tendrá que aprobar un nuevo real Decreto-ley, en un contexto en que sus socios exigirán probablemente nuevas concesiones.

Siguen los parches y la falta de reformas estructurales

Ese es el verdadero problema. España no necesita otra sucesión de decretos, rebajas temporales y cláusulas que llegan tarde. No necesita relatos y propaganda que no se concreta en ayudas reales. Necesita certidumbre, seguridad jurídica, confiabilidad regulatoria. Y ayudas reales para mitigar el impacto de la crisis en los consumidores. Pero sobre todo necesita reformas estructurales. Redes capaces de integrar las renovables, almacenamiento, flexibilidad, generación firme y una fiscalidad energética estable y competitiva.

En 2022 el gobierno subvencionó el gas, a cargo de los consumidores. En 2026 seguimos necesitándolo, -por el modo de operación reforzada que también es a cargo de los consumidores-, para tapar carencias del sistema. Mientras, el consumidor paga el IVA y el impuesto eléctrico prácticamente íntegros. La crisis cambia de fecha; la política de parches y de voracidad fiscal permanece.