Una vía rápida hacia el mismo atasco eléctrico

A todos nos ha pasado, cuando esperamos pacientemente en una larga cola para el servicio que sea, que llegue un listo como con cara de despistado y pretenda saltarse el turno dirigiéndose resueltamente hacia los primeros lugares, confiando en que nadie se atreva a protestar.

España acaba de estrenar una vía rápida para las inversiones consideradas estratégicas. El Real Decreto 731/2026, publicado el 17 de septiembre, desarrolla el Comité de Inversiones Estratégicas y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión.

Es un paso mas en la estrategia que ya se consolidó con el Real Decreto-ley 7/2026, que fue bastante más allá de una respuesta coyuntural a la crisis internacional en el estrecho de Ormuz. Su efecto acumulado, -proyectos de alta prioridad, concursos de demanda, prestación por reserva de capacidad, acceso flexible y nuevos criterios preferentes-, desplaza progresivamente el modelo tradicional basado en la prelación temporal del derecho de acceso y conexión a las redes eléctricas hacia otro en el que el gobierno selecciona y ordena qué proyectos avanzan y cuales siguen atrapados en las colas de la congestión. 

Más intervencionismo, menos seguridad jurídica

Ese Real Decreto-ley 7/2026 es una quiebra de la libertad de mercado, de la concurrencia competitiva y de la seguridad jurídica de los proyectos que ya tenían su derecho o la garantía de un orden establecido y que han quedado subordinados a la voluntad política de un gobierno hibrido de socialismo clientelar y comunismo.

La justificación económica que ha dado el gobierno a esa mutación del acceso a las redes es la propia escasez y congestión de las redes. Pero esa anomalía es culpa y responsabilidad del gobierno, que no ha regulado adecuadamente su desarrollo en estos ocho años.

Si tenemos que confiar en la honestidad y neutralidad de esa mutación y darla por buena excepcionalmente hasta que se corrija la escasez, lo mínimo exigible es que los criterios para la definición de proyecto estratégico estén reglados, sean previsibles y coherentes entre sí y transparentes para alejar cualquier riesgo de arbitrariedad. 

Riesgo de arbitrariedad que impulse el clientelismo

Cuando determinadas infraestructuras son escasas y los trámites lentos, tiene sentido identificar proyectos maduros, solventes y con especial impacto económico, tecnológico o de autonomía estratégica para facilitar su ejecución. Pero esa identificación como un proyecto maduro, de alto impacto, no puede quedar a la mera voluntad de este gobierno y su entorno, que viene dando sobradas muestras de no actuar movido por el interés general.

Por eso es muy preocupante que el nuevo Real Decreto 731/2026 haya dejado pendiente la pieza decisiva: el baremo y la metodología concreta para valorar los proyectos, que deberán aprobarse y publicarse en el plazo de un mes. La CNMC, cuando informó el proyecto, consideró positiva la agilización, pero advirtió que los criterios debían ser objetivos, transparentes y no discriminatorios y que una excesiva discrecionalidad podía afectar a la igualdad de trato y a la seguridad jurídica. 

Es una pieza más de una arquitectura política de control

La preocupación aumenta cuando se compara la vía rápida que se pretende con el resto del mapa regulatorio que el propio Gobierno está dibujando al mismo tiempo, evitando al Parlamento y reconstruyendo su modelo de intervención mediante desarrollos reglamentarios, a partir del Real Decreto-ley 7/2026, aprobado con la excusa de la crisis en Ormuz.

Simultáneamente al Real Decreto de proyectos estratégicos que acaba de aprobarse, el Ministerio para la Transición Ecológica tramita un Real Decreto específico para centros de datos que introduce una lógica distinta. Se despreocupa del acceso a la red e incluso establece obstáculos adicionales para mantener el acceso a la red de centros de datos que ya lo tienen concedido. Para instalaciones con potencia de acceso igual o superior a 1 MW, mientras las renovables no alcancen el 90% del mix, se plantea exigir que al menos el 80% del consumo se cubra hora a hora con electricidad renovable bajo criterios de adicionalidad y correlación temporal. Los proyectos en tramitación tendrán que adaptarse y el incumplimiento puede terminar en recargos e incluso en la pérdida del acceso. El problema es que esa secuencia normativa todavía no está cerrada y, mientras tanto, las dos normas transmiten señales difíciles de casar para quien debe comprometer miles de millones de inversión. 

Los socios ya piden sin disimulo el control público del mercado eléctrico

Las exigencias desproporcionadas acabarán provocando que sólo los grandes inversores en centros de datos, -esos tecnoligarcas que dice Sánchez que pretenden esclavizarnos con algoritmos-, puedan cumplir y superar las barreras regulatorias que ahora se imponen y que generan sobrecostes innecesarios, pero que solo las grandes se pueden permitir. El gobierno estaría así facilitando la entrada de las grandes plataformas que tanto critica de boquilla, perjudicando a los que llegaron antes que ellos, pero con menos capacidad económica y menos capacidad de interlocución con el gobierno. Y destrozaría de esa forma, los planes y compromisos de las CCAA desarrollados en estos años para impulsarlos en sus territorios.

Y es que este gobierno no quiere competencia y no quiere iniciativa privada en el sector energético, que considera imprescindible para sus planes de control y planificación del devenir económico y social. Ya no disimulan. Su socio Podemos acaba de registrar para su debate en el Pleno del Congreso de la semana próxima una Moción que reclama, literalmente, la constitución de una empresa pública de generación de energía “que garantice el control público sobre el sector energético en la integridad del proceso, desde la generación de la energía hasta que llegue a los consumidores”. El transporte y la distribución, ni lo citan. Ya lo controlan como actividad regulada y con la escasez que han creado como herramienta de control.  

Una Ley industria vacía antes de nacer

Y queda una cuarta pieza: la Ley de Industria y Autonomía Estratégica. El proyecto de Ley entró en el Congreso en diciembre de 2024 y, a 21 de septiembre de 2026, continúa en fase de enmiendas, con una nueva y enésima ampliación. Paradójicamente, ese texto ya contiene sus propios “Proyectos Industriales Estratégicos”, con procedimiento ante el Ministerio de Industria, informe de las comunidades autónomas, intervención del Comité de Inversiones Estratégicas y efectos de agilización administrativa y acceso a ayudas.

Es decir, mientras la ley que debía ordenar la política industrial sigue esperando en el Congreso, una parte sustancial de su arquitectura se ha anticipado mediante el Real Decreto-ley 7/2026 y ahora mediante el Real Decreto 731/2026, con una figura más amplia de Proyecto Estratégico de Inversión. 

¿La escasez que busca enfrentar industria y centros de datos?

Por eso la discusión no debería plantearse como industria frente a sostenibilidad.

La prueba de coherencia es más sencilla: que un mismo proyecto reciba una misma señal desde Industria, Transición Ecológica, Economía y el Parlamento. Primero, requisitos sectoriales claros; después, criterios estratégicos públicos; finalmente, prioridad de acceso y planificación de la red compatibles con ambos.

Si eso ocurriera, la nueva regulación podría ordenar mejor un recurso escaso mientras la excepcionalidad persista. Si no ocurre, habrán creado una vía rápida para terminar todas, otra vez, en el mismo atasco eléctrico. Atasco con una sola llave capaz de atravesarlo; la voluntad de Sánchez. Esperemos que por poco tiempo.