Los sindicatos quieren la huelga general antes de las elecciones y la patronal la considera ilegal

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado "razonable" que la huelga general por la crisis de vivienda sea en noviembre, pero ha descartado que vaya a coincidir con la campaña electoral.

En una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser, Álvarez ha asegurado que la huelga de 24 horas anunciada tanto por UGT como por CCOO no coincidirá con la campaña electoral de las elecciones generales, convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre. "Lo razonable es que sea en el mes de noviembre, antes de que empiece la campaña", ha declarado.

No obstante, Álvarez ha evitado dar una fecha exacta para la jornada de huelga. "Está sin fecha porque hay que dejar en un tema en el que van a haber tantos actores algunas cosas para hablar y acordar", ha aclarado. 

De este modo, los sindicatos continuarán el martes "matizando" los detalles junto al resto de implicados.

"Lo importante era situar esta jornada de lucha que va a incluir paros laborales para todos los trabajadores, pero lo vamos a ir concretando territorial y sectorialmente. Lo importante es el paro y la capacidad de convocatoria de las manifestaciones", ha reiterado.

Preguntado por si el adelanto de los comicios ha influido en la decisión de ir a la huelga general, Álvarez lo ha negado. "El viernes ya dije que no lo descartábamos. Llevábamos días trabajando conjuntamente para ver cómo y de qué manera lo podíamos lograr", ha expuesto.

Álvarez, además, ha reivindicado que se trata de un problema social que va más allá de los trabajadores y que afecta a "personas jubiladas, jóvenes que quieren estudiar y no pueden porque las habitaciones tienen precios imposibles". "Hoy hemos creído que ha sido el momento de hacerlo", ha dicho.

CEOE dice que esta huelga es ilegal 

Por su parte, CEOE y Cepyme han calificado este martes de "inadmisible" la huelga general anunciada este lunes por los sindicatos mayoritarios al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".

Según han advertido las patronales a través de un comunicado, esta movilización persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda.

Al tratarse de cuestiones cuya responsabilidad y competencia corresponden en exclusiva a la Administración, las organizaciones empresariales sostienen que quedan al margen de la gestión empresarial y que, por tanto, las reivindicaciones "no son, en esencia, de naturaleza laboral".

Dudas sobre su encaje jurídico 

Por otro lado, las patronales han puesto en duda la legalidad de la huelga e insisten en que la información conocida hasta la fecha no permite realizar una valoración definitiva, "especialmente sobre su encaje jurídico".

En este sentido, han puntualizado que la huelga está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido por la ley.

Las organizaciones empresariales han asegurado que analizarán con detalle la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de defender la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas.

Además, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes la huelga general anunciada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas para este otoño por su "claro componente político y electoral", al tiempo que ha afirmado que podría ser ilegal.

En este sentido, en declaraciones a Onda Cero ha advertido de que las organizaciones convocantes "han tenido que buscar el encaje para ver dónde meten lo laboral", pues, en realidad, ha dicho Garamendi, no se trata de un tema laboral.

Así, el dirigente patronal ha puesto en duda la legitimidad laboral de este instrumento de presión porque "la ley dice que una huelga sólo tiene sentido cuando hay un conflicto laboral" y no es el caso, y ha denunciado que se intente responsabilizar a las empresas de la situación del mercado inmobiliario.

"La realidad es que llevamos ocho años de gobierno, la realidad es que nosotros estamos hablando del problema de la vivienda desde hace mucho tiempo, porque es verdad que hay un problema real de la vivienda, y la realidad es que parece que nadie tiene ninguna culpa o responsabilidad sobre lo que había que haber trabajado durante todos estos años, como la falta de viviendas, y parece que la culpa vuelve a ser de los empresarios", ha lamentado.

Asimismo, Garamendi ha calificado de inusual el enfoque de la movilización. "Parece que se monta una huelga general contra la oposición, no contra el Gobierno", ha ironizado, apuntando que tradicionalmente las huelgas generales se dirigen contra la gestión del Ejecutivo y que en este caso, sus motivos, "tienen su aquel".

El presidente de la CEOE también se ha referido a la naturaleza de una de las organizaciones convocantes, precisando que el Sindicato de Inquilinas es en realidad "una asociación, no un sindicato".

Los agentes sociales no están para calentar la calle 

En este contexto de precampaña para las elecciones del próximo 29 de noviembre, Garamendi ha hecho un llamamiento a la prudencia y a mantener el clima de diálogo. 

"Si algo tenemos algunos que hacer, especialmente los agentes sociales, es marcar la tranquilidad, la estabilidad y nuestra responsabilidad de la paz social, que es la clave, y no calentar la calle para dividir", ha reclamado.

Podemos respalda la huelga 

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado a secundar la huelga general por la vivienda respaldada por CCOO y UGT, para acabar con el "negocio de la vivienda" y la "especulación" en este mercado.

En ese escenario, Belarra ha defendido "apoyarse en el movimiento social" y en las "ansias de cambio" de la gente para impulsar transformaciones en el ámbito de la vivienda. "Yo creo que la huelga general es un hito más en una movilización histórica para terminar con el negocio de la vivienda", ha dicho en rueda de prensa.

Usar la diputación permanente para estos menesteres es perfectamente legal 

Belarra también se ha pronunciado sobre el hecho de que, tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, el Gobierno haya decidido recuperar los decretos leyes derogados por el Pleno del Congreso el pasado viernes para llevarlos a la Diputación Permanente de la Cámara Baja, órgano que se activa cuando se disuelven las Cortes por el adelanto electoral.

En ese órgano, el gobierno sí tiene los números para salvar al menos el decreto con medidas generales de vivienda. 

En concreto, este órgano tiene 69 mayorías, de los cuales el bloque que apoyó el primer decreto de vivienda tiene una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts. 

El segundo decreto, con la renovación automática del alquiler, sigue sin tener mayoría en este órgano, pues el PNV también votó en contra en el Pleno.

Belarra ha dicho que de momento no conoce el contenido exacto de los decretos que el Ejecutivo pretende recuperar, pero ha remarcado que la votación de los textos en la Diputación Permanente es una maniobra "perfectamente legal y se acoge perfectamente al ordenamiento jurídico español".