Servir o servirse: la obligación de gobernar resolviendo los problemas reales

Cuando un vecino te pregunta por una carretera que sigue sin arreglarse, espera una respuesta. Quiere saber qué ocurre, cuándo se va a actuar y por qué tarda tanto. En un ayuntamiento estas preguntas tienen cara y nombre. Y eso ayuda a recordar algo que nunca deberíamos olvidar: estamos para resolver los problemas de los demás.

Para mí, ahí empieza la diferencia entre servir y servirse. En saber si una decisión se toma pensando en quien necesita una solución o en quien quiere conservar su cargo. Esa diferencia se nota en las prioridades. Y acaba notándose también en el bolsillo de los ciudadanos.

Las previsiones de Adif para los próximos años son un buen motivo para hablar de ello. Su convenio para 2026-2030 contempla que las incidencias de la infraestructura que afectan a la circulación en la red convencional sean, al final del periodo, alrededor de un 20% superiores a las previstas para 2025. También prevé que los planes de mantenimiento preventivo no se cumplan por completo.

Cuesta entender que ese sea el horizonte que se ofrece a quienes utilizan el tren. Si ya se conoce el problema, lo que corresponde es explicar cómo se va a corregir, qué recursos hacen falta y quién responderá de los resultados. Una previsión preocupante debería poner a trabajar a un Gobierno.

Porque un tren que falla deja consecuencias más allá del andén. Hay personas que llegan tarde al trabajo, citas que se pierden, conexiones que no se alcanzan y familias que tienen que pagar otro transporte. Para una empresa, la incertidumbre también es un coste. Al final, una parte de la mala gestión pública se paga con dinero privado y con horas que nadie devuelve.

Mantener una vía quizá no proporcione una inauguración, pero es una obligación. Y aplazar una reparación puede hacerla más cara. Como profesora de una escuela de ingeniería, me cuesta aceptar que el mantenimiento quede en segundo plano: conservar lo que tenemos es proteger una inversión que ya hemos pagado entre todos.

Creo que el campurriano Pedro Marco de la Peña, expresidente de Adif, cuya capacidad técnica siempre he valorado, se equivocó de equipo. Apostó por un equipo de malos políticos en el que, a mi juicio, los intereses personales prevalecían sobre el interés general.

La seguridad exige, además, escuchar a los técnicos y actuar a tiempo. Las causas de cada accidente deben esclarecerse con rigor y respeto a las víctimas. Y los responsables políticos deben explicar sus decisiones. Dar la cara forma parte del cargo, especialmente cuando las cosas salen mal.

También por eso importan los presupuestos. Feijóo se ha comprometido a presentar, si llega al Gobierno, los de 2027 en primavera y los de 2028 en otoño. Debería ser una tarea normal. Hemos llegado al punto de tener que reivindicar que un Gobierno haga sus cuentas y las someta al Parlamento.

Un presupuesto obliga a elegir y a explicar cómo se paga lo que se promete. Prorrogarlo permite que la Administración siga funcionando, pero no evita la necesidad de revisar prioridades. Los problemas cambian y las cuentas deben responder a ellos. Gobernar exige bastante más que encontrar la forma de aguantar unos meses más.

Esa es mi crítica al Gobierno de Sánchez: haber hecho de su continuidad la prioridad que condiciona las demás. Cuando la primera preocupación es salvar la siguiente votación, se corre el riesgo de aplazar lo que necesita una planificación de años. Y el ciudadano sigue esperando mientras escucha que todo va bien.

En Miengo sabemos que anunciar una obra es solo el principio. Después hay que tramitarla, financiarla y comprobar que se hace. A veces aparecen dificultades y los plazos se alargan. Lo mínimo es explicarlo. La cercanía no te permite esconderte mucho tiempo detrás de una nota de prensa: al vecino vuelves a encontrártelo.

Me gustaría que esa misma obligación de responder estuviera presente en todas las administraciones. Que revisar el gasto sirviera para corregir lo que funciona mal. Que una inversión se valorara por su utilidad y que pudiéramos conocer qué se ha cumplido de lo prometido.

Eso espero de la alternativa del Partido Popular. Y eso debemos exigirnos también nosotros. La confianza se gana con trabajo, honradez y resultados; no basta con pedirla porque otros la hayan perdido.

El 29 de noviembre decidiremos quién debe asumir esa responsabilidad. Yo quiero un Gobierno que dedique su tiempo a que España funcione y que recuerde de dónde sale cada euro que administra.

Servir es responder ante quien paga. Servirse es esperar que quien paga no pregunte.