| 04 de Julio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Nadia Calviño
Nadia Calviño

El insoportable precio de todo exige soluciones urgentes

El tope del gas es un parche para unos pocos que no solventa la gravísima situación de millones de españoles y reclama, de una vez, medidas estructurales de un Gobierno superado.

| ESdiario Editorial

 

Nadia Calviño no ha descartado aplicar nuevas medidas en breve para intentar paliar el precio de los carburantes, que ya supera de media los 2 euros el litro y puede seguir subiendo durante todo el verano. Del impacto que supone para España da cuenta un dato: paga lo mismo que un noruego, prácticamente, con tres veces PIB per cápita; y más que un alemán, que le dobla en renta disponible. 

Con la inflación al 8.7% y el aumento de las retenciones en las nóminas y en las pensiones fruto de la subida del SMI que eleva todas las cotizaciones; el precio de carburantes, luz y gas es insoportable y obliga al Gobierno a estudiar medidas fiscales audaces: no puede ser que el Estado bata su récord de recaudación, con 13.000 millones extra, en el momento de mayor empobrecimiento de los ciudadanos en medio siglo. 

El 30 de junio termina además la bonificación de 20 céntimos por litro aprobada por el Gobierno y ya consumida por el incremento de precios: si llegado ese momento no se adoptan medidas contundentes para reducir el esfuerzo económico para el bolsillo medio, puede producirse una oleada de protestas de la que los transportistas pueden ser de nuevo la avanzadilla. Y nadie podrá reprocharles nada.

Urge actuar

Ni siquiera el ligero alivio que supone topar el gas es suficiente: la rebaja real en el recibo será del 15% y, como mucho, para la mitad de los usuarios del servicio, los que disponen de la llamada tarifa regulada. Para los del mercado libre, en cambio, puede haber repuntes que compensen la disminución del resto, lo que convertirá la buena nueva para unos en una mala noticia para otros.

En todo caso, ha llegado sobradamente el momento de dejarse de parches y optar por medidas estructurales que por necesidad afecten al gasto público. Y no a las pensiones, al menos en primer lugar: si el gasto superfluo es de 60.000 millones de euros anuales, como indican solventes estudios, los recortes deben empezar por ahí y nunca por los jubilados.