Van contra Almeida, no a buscar la verdad

El obsceno pelotazo que dos supuestos empresarios dieron en Madrid, con unas comisiones desmedidas a cambio de enviar material sanitario al Ayuntamiento en los comienzos de la pandemia, merece sin duda la atención judicial que está teniendo: especular con dinero público, aprovechándose de las necesidades de la sociedad y de los recursos de una Administración; reclama a voces una investigación a fondo.

Sea o no delito lo que hicieron Medina y Luceño, es repugnante: inflaron los precios, no cuidaron la calidad del material y, mientras miles de personas morían, se lucraron mucho más allá de la legítima ganancia que todo servicio profesional sin duda merece.

Almeida exigirá “hasta el último euro estafado" en la causa de las mascarillas

Y aunque cada cual puede hacer con el dinero ganado limpiamente lo que estime oportuno, el listado de yates, relojes y coches que adquirieron con el suyo, remata estéticamente un caso al que no le falta de nada para indignar al conjunto de la sociedad.

Otra cosa bien distinta es que dé, como se pretender, para debilitar al alcalde de Madrid o incluso para justificar una moción de censura. Almeida tiene que explicar muy bien cómo llegó esa oferta al Ayuntamiento, por qué se atendió en detrimento de otras y qué relaciones de él mismo o de su primo existen con los "empresarios" ahora en entredicho.

La ligereza con que se monta esa acusación a Almeida contrasta con la impunidad que se silencian casos con exministros como Illa o Ábalos 

Pero sin condenas preventivas que busquen un objetivo estrictamente político y desechen los hechos, que aquí de momento son claros: el Ayuntamiento fue el primer perjudicado, como reconoce la Justicia invitándole a personarse en el caso. Y la contratación que hizo fue tan inusual como legal y generalizada en aquella España que buscaba mascarillas a la desesperada.

¿Y otros 2.000 millones?

Intentar presentar la gestión del alcalde como una sospechosa excepción en lugar de como un ejemplo más de la norma, revela la tramposa persecución que una vez más se quiere desatar contra un miembro del PP: primero fue Ayuso, con su hermano; y ahora es Almeida, por su primo.

La ligereza con que se monta esa acusación contrasta con la impunidad que, los mismos altavoces políticos y mediáticos, conceden al fenómeno cuando los protagonistas tienen otro color: hay más de 2.000 millones de euros adjudicados de esa manera directa; y exministros como Salvador Illa o José Luis Ábalos aparecen citados en episodios mucho más escandalosos y, en algún caso, ya judicializados en firme.

Que todo ello se tape mientras se pretende convertir a Almeida en cómplice de dos caraduras delata, sin duda, la intencionalidad que impulsa este relato artero del escándalo.