| 26 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Dolores Delgado
Dolores Delgado

Asalto a la Justicia de nuevo con Dolores Delgado

El nombramiento a dedo de Dolores Delgado como Fiscal Togada del Tribunal Supremo es un hito más en el inquietante asalto de Sánchez al Poder Judicial.

| ESdiario Editorial

 

Dolores Delgado ha logrado convertirse en Fiscal Togada del Tribunal Supremo, en contra de la opinión de sus propios compañeros de carrera, gracias a la designación a dedo de su sucesor en la Fiscalía General del Estado, promocionado a su vez por el Gobierno.

Es el enésimo episodio del descarado asalto del Gobierno al Poder Judicial, que comenzó con la Abogacía del Estado, prosiguió con la propia Fiscalía General y terminará, si nada lo evita, con el Tribunal Constitucional y el mismísimo Consejo General.

Todo ello pone en solfa la separación de poderes, que es el sustento de la misma democracia: si cada uno de ellos no funciona con autonomía e independencia, ejerciendo cada uno de contrapeso del otro, lo que acaba deteriorándose en el Estado de Derecho: si la Justicia se subordina al Ejecutivo, desaparece sin más uno de los pilares constitucionales más necesarios.

O Bruselas activa sus mecanismos de protección de la calidad democrática de España o será cómplice de un abuso que ya está a punto de completarse

Y a estas alturas no se puede negar que ése es el objetivo de Sánchez: se ha negado a pactar nada con el PP, ha cambiado leyes a su antojo para acomodar el funcionamiento del CGPJ a sus intereses, ha despreciado las reformas que aumenten la participación de los magistrados e incluso ha ninguneado las advertencias de la Comisión Europea al respecto de todo ello, respaldadas por la práctica de jueces, fiscales y abogados.

 

En ese sentido, conviene recalcarle a Europa su papel en la defensa de la separación de poderes, que ha protegido en países como Hungría o Polonia donde también se ha puesto en solfa: no tiene sentido que mire para otro lado o que se limite a leves tirones de oreja, sin consecuencias concretas.

O Bruselas activa sus mecanismos de protección de la calidad democrática de España, que le facultan incluso para suspender las transferencias económicas de los Fondos Next Generation, o será cómplice por omisión de un abuso que ya está a punto de completarse.